La intervención de Nilda Garré en la Justicia para disponer sobre la situación de los presos militares quedó convalidada por una resolución del juez federal Sergio Torres, responsable de la causa ESMA. No es la primera vez, y por cierto no será la última, que el Ejecutivo influye en la Justicia. El magistrado avaló con su firma un procedimiento discutible a la luz de la letra de la Constitución Nacional que consagra la separación de los poderes Ejecutivo y Judicial.
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El 29 de diciembre pasado, la ministra de Defensa, Nilda Garré, por su cuenta ordenó al titular de la Armada, almirante Jorge Godoy, el traslado del capitán de fragata retirado Miguel Donda -quien estaba encarcelado en Río Santiago-, a un nuevo alojamiento: el Batallón de Seguridad de la Armada en condiciones de encierro más rigurosas. Esa decisión de alterar la prisión correspondía a la Justicia. Godoy la cumplió el 30 de diciembre de 2006 y Donda fue trasladado en vehículos custodiados por infantes de Marina equipados para el combate, pertenecientes al batallón de seguridad con asiento en el edificio Libertad, en Retiro. Ahora se conoció el dictamen de Torres que vino a remediar la injerencia de Garré en la modificación del lugar de encarcelamiento del marino. En el cuerpo 114 de la causa Nº 14.217, conocida como megacausa ESMA, está la pieza probatoria: a fojas 24.579 vuelta dice Torres: «Esta magistratura nada tiene que objetar a las condiciones en que Miguel Donda Tigel cumple detención». El texto escueto se refiere justamente al nuevo lugar de encarcelamiento del marino en el Batallón de Seguridad de la Armada.
Hasta allí se acercan con frecuencia -como si fuesen agentes penitenciarioscolaboradores de Garré, entre ellos Ileana Arduino, coordinadora de Derechos Humanos del ministerio con el propósito de verificar el libro de registro de visitas. Es que la medida resuelta por la ministra habría sido consecuencia del efecto Gerez, se sospechaba de contactos de Donda con paramilitares que actuarían en la provincia de Buenos Aires amedrentando testigosde causas contra los derechos humanos.
No se interesa el juez en su escrito en conocer quién y por qué razón ordenó el traslado del marino. Garré nunca se presentó en el expediente para promover la medida que resolvió por su función política y eso que es profesional del derecho. No constan en el expediente, obvio que tampoco interesa que queden registradas, gestiones informales de Nancy Haron, auditora de la Armada, quien colecta datos en el juzgado acerca de la situación de los marinos para interiorizar al alto mando naval. Como Garré, goza de las ventajas de género y de cierta «chapa» que exhibe sin tapujos a los funcionarios del tribunal federal Nº 12. Aunque es un hecho aislado e involucra a un presunto represor el tema es grave. ¿O no es el juez quien debe velar por las garantías constitucionales de los detenidos, que no haya agravamiento de las limitaciones a la libertad individual sin su conocimiento? Sin embargo, Torres goza de inmunidad, temporaria claro, ante denuncias por mal desempeño de sus funciones. La diputada Diana Conti es presidenta de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, órgano que el kirchnerismo ha transformado en patíbulo contra magistrados no alineados. No es su caso, varios apéndices del megaproceso de la ESMA que él se comprometió a elevar a juicio oral están sujetos a dictamen en la Cámara Nacional de Casación Penal, hoy blanco de una ofensiva de los organismos de derechos humanos que desean remover jueces por considerarlos a «favor de la ideología de los represores».
La intervención del magistrado para averiguar por qué se trasladó al detenido y si se agravaron las condiciones de encarcelamiento, no ocurrió por decisión del fiscal de la causa, Eduardo Taiano -tampoco sabía del asunto- sino que salió a la luz por el reclamo del defensor. Hubo un lapso de entre 24 y 48 horas en que el juez no tenía idea del paradero de este procesado. Al menos no figura registro del movimiento del preso en el expediente. Claro que la orden pudo ser impartida verbalmente cosa que nadie recuerda, la Armada se cuidó muy bien de no quedar en medio de una irregularidad. Con la firma del almirante Godoy, dos días después del traslado, se remitió un escrito informando a Torres del cambio del lugar de detención.
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