Ghana todavía no decide si libera la fragata

La nave está retenida desde el 2 de octubre por un planteo de un fondo buitre.

Ghana indicó que examinará la decisión de un tribunal internacional de liberar la fragata Libertad, retenida en ese país africano desde el 2 de octubre pasado a raíz de una demanda del fondo especulativo NML Capital.

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo (Alemania), pidió el sábado "por unanimidad" que las autoridades de Ghana liberen "inmediatamente y sin condiciones" la fragata "Libertad", retenida en el puerto ghanés de Tema desde el 2 de octubre.

"El gobierno de Ghana tomó nota cuidadosamente de la decisión del tribunal", declaró el viceministro de Relaciones Exteriores ghanés Chris Kpodo.

"El gobierno de Ghana considerará minuciosamente la orden del tribunal con miras a asegurarse de que se le dé curso, teniendo en cuenta los requerimientos de la Constitución y las obligaciones internacionales del país", agregó.

Kpodo no brindó mayores detalles, pero indicó que el litigio es entre Argentina y NML.

El fondo inversor estadounidense NML descalificó la sentencia del TIDM que ordenó la puesta en libertad de la fragata argentina "Libertad" retenida en Ghana.

Para NML, "solamente los tribunales ghaneanos tienen jurisdición sobre esta disputa, y es ahí donde este tema ha sido y continuará siendo dirimido".

En cambio, el canciller Héctor Timerman estimó que la liberación de la embargada fragata escuela "Libertad" en Ghana, dispuesta el sábado por el TIDM, respalda a Argentina en su defensa contra fondos especulativos con bonos en 'default'.

La fragata, que llevaba a cabo un viaje de instrucción anual con 326 tripulantes, en su mayoría de Argentina, pero también de Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay, Ecuador, Sudáfrica y Venezuela, fue embargada el 2 de octubre en el puerto de Tema (este de Accra) a raíz de una demanda de NML Capital, un "fondo buitre" según Argentina, del financista estadounidense Paul Singer.

Este fondo, radicado en las islas Caimán, reclama unos 370 millones de dólares a Argentina, tras negarse a aceptar la reestructuración -entre 2005 y 2010-, de la deuda pública de 100.000 millones de dólares declarada en "default" en 2001.