Giro: Duhalde agasaja hoy a la Corte

La esperada foto que en su momento pidió la Corte y le fue negada por Eduardo Duhalde es probable que se produzca hoy. Ayer a la tarde, por intermedio de Ceremonial de la Presidencia, se hizo llegar a los despachos de los 9 jueces supremos una invitación para que asistan a las 17.30 a Olivos para el tradicional saludo por los festejos del Día de la Independencia.

Es la primera vez, desde que fue designado Duhalde, que existe una convocatoria oficial que se completa con otra participación, asistir mañana a la jura del nuevo ministro de Justicia y Seguridad, Juan José Alvarez, quien fue puesto por el Presidente para mejorar la relación con la Corte después del fracaso, en este cometido, del radical Jorge Reynaldo Vanossi.

Anoche, los ministros concertaban telefónicamente -muchos de ellos se encontraban fuera de la Capital Federal por el día «sandwich» entre el fin de semana y el feriado del 9 de Julio- cómo ingresarán en el despacho presidencial precisamente un día antes de que esperan se trate el juicio político en la Cámara de Diputados.

Precisamente ayer a la mañana, el tema fue analizado por algunos ministros y se cree que hoy a la mañana resolverán si concurrir en masa o delegar en Julio Nazareno -en su carácter de presidente de la Corte- una representación protocolar.

• Postura

Pero la irritación de los ministros no se centra, ahora, contra el gobierno, sino contra el radicalismo a quien le achacan una «postura extorsiva», según se despachó Adolfo Vázquez.

Para este ministro -criterio que en privado comparten otros como Antonio Boggiano- la posición de los diputados radicales de no dar quórum para definir el juicio político por sí o por no no se condice con el informe de la diputada de ese partido, Margarita Stolbizer (storanista de la provincia de Buenos Aires), quien en cartas públicas le recordó a Elisa Carrió que hasta el 10 de diciembre pasado cuando dejó la titularidad de la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja que no habían ingresado en ese cuerpo pedidos de enjuiciamiento contra los jueces supremos. «Habría que preguntar por qué los radicales no pidieron el juicio a la Corte durante los dos años que duró el gobierno de Fernando de la Rúa», se preguntó fastidiado Vázquez, para quien este «estado de comisión (del máximo tribunal) perjudica seriamente al país».

Es que la indefinición del juicio político ha paralizado la actividad en la Corte porque existe un compromiso interno de que no habrá tratamiento para ningún asunto de importancia mientras se mantenga esa espada de Damocles sobre la cabeza de sus miembros: la constitucionalidad o no de las leyes de obediencia debida; la inconstitucionalidad o no de la segunda Asamblea Legislativa que designó a Duhalde presidente interino hasta el 10 de diciembre de 2003; y una salida jurídica al «corralito» financiero, cuyo «goteo» por amparos judiciales tiene acorralado a los bancos al punto de que el propio Fondo Monetario Internacional presiona duramente al ministro de Economía, Roberto Lavagna, son algunos de los expedientes que tiene la Corte para hacer detonar su respuesta a la amenaza de los diputados.

Los jueces quieren una definición; ya se lo hicieron saber a los diversos operadores gubernamentales que buscan una negociación. Ni siquiera pareciera molestarles la intención del gobierno y del radicalismo de producir algunas vacantes. Varios de los máximos jueces en medio de la desazón del juicio político -incluso quienes son bien vistos en la oposición-se han manifestado por irse apenas se cierre el juicio político, pero también imponen sus condiciones: el acuerdo -si se llega a alguno- no puede hacerse con este gobierno debilitado que ya anunció que se va, sino que a la mesa deberán sentarse representantes de los futuros presidenciables: «No vaya ser que acordemos ahora, y dentro de 6 meses se insista con otro juicio político», se comenta en el cuarto piso del Palacio de Justicia.

• Reconocimiento

Lo que sí ya se tiene claro y así se lo transmitieron a los enviados de Lavagna, es que con acuerdo o sin acuerdo, la Corte no podrá apartarse demasiado de su fallo Smith con relación a la detención del «goteo» financiero. Sólo podrá favorecer que los amparos no sean pagados en efectivo en el mismo momento en que se comunique la resolución judicial de primera instancia, sino que los bancos se obliguen a reconocer ese patrimonio y devolverlo en una moneda -pesos convertibles o dólares-, según hayan sido depositados. O sea -como ya explicó este diarioparecerse a lo que durante la gestión de Antonio Erman González -uno de los primeros ministros de Economía de Carlos Menem- se conoció como caso Peralta que reconoció la devolución de los depósitos confiscados mediante un bono dolarizado o plan BONEX.