Gobierno convocó a sesiones extraordinarias con un amplio temario y sin plan plurianual

El Ejecutivo emitió ayer el llamado, tras semanas de idas y vueltas. Aparece discusión sobre Consejo de la Magistratura como una de las prioridades, pero se evitaron las reformas judiciales y del Ministerio Público aprobadas en Senado y trabadas en Diputados. Dudas sobre leyes industriales.

Con un temario imposible de ser abarcado en cuatro semanas -idéntica situación en 2021-, el Ejecutivo convocó ayer a sesiones extraordinarias durante todo febrero, en medio de tensiones entre el oficialismo y la oposición que ponen en riesgo la actividad legislativa. Incluso, desde despachos de ambos sectores reconocen, como un éxito, la realización de una sesión por recinto.

La llamada se dio tras idas y vueltas desde Balcarce 50 -en especial, de la secretaría Legal y Técnica, a cargo de Vilma Ibarra- y las gestiones de operadores extraoficiales. En el temario aparece como prioridad la discusión sobre el Consejo de la Magistratura, aunque el Gobierno dejó de lado una vez más el muy promocionado -y aún no conocido- plan Plurianual. Tampoco sumó las polémicas reformas judiciales y del Ministerio Público que aprobó el cristinismo en el Senado, que se frenaron luego en Diputados.

En las últimas horas, el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, se comunicó con todos los bloques para organizar la distribución de las comisiones encargadas de debatir, si es que eso ocurre, los proyectos en cuestión. Alguna de ellas generará, con seguridad, un cruce entre las fuerzas por la integración y el comando. En tanto, en el Senado no hubo novedades y Cristina de Kirchner sólo se encargó de vender su viaje a Honduras para asistir a la asunción de Xiomara Castro.

La discusión sobre la Magistratura, que a priori aparece como la más urgente, sólo podría ser tapada ante un eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El debate debe darse tras el plazo que dio la Corte Suprema de Justicia para reorganizar la conformación del organismo que propone y sanciona a los jueces antes del 15 de abril.

El fallo de la Corte ordenó que, mientras no haya una nueva norma, el Consejo tiene 120 días corridos para volver a funcionar con la integración anterior, de 20 miembros encabezados por el presidente de la Corte. Ante las dificultades de reorganizar su integración con nuevos representantes de los jueces, los abogados y los legisladores nacionales, el Consejo de la Magistratura decidió remarcarle al Congreso la necesidad de avanzar lo antes posible con una nueva ley.

A inicios de diciembre pasado, el Gobierno envió al Senado una ley sobre el Consejo para llevar la conformación a 17 miembros. Para ello, se sumarían dos abogados, un juez y un miembro del ámbito académico y científico a los distintos estamentos con que hoy cuenta la institución, e incorpora la perspectiva de género.

La oposición aprovechó los espacios que regaló el Gobierno y presentó varios proyectos para reorganizar el Consejo de la Magistratura, a cargo de diputados como Mario Negri (UCR) y Pablo Tonelli (PRO). En los últimos días, los referentes de Juntos por el Cambio se propusieron unificar las iniciativas en una sola, que dejaría la titularidad del Consejo en manos de la Corte Suprema, algo que el Gobierno rechaza tanto en su proyecto como en sus declaraciones. El macrismo debe resolver la titularidad del interbloque en la Cámara baja, que quedaría para Cristian Ritondo.

Otro de los temas a analizar en extraordinarias será el nuevo Consenso Fiscal, que permite la suba de impuestos locales y desvirtúa aún más el acuerdo original de 2017. Quien no acompañó fue el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que sostiene una puja judicial con Nación por la millonaria poda de fondos contra la Ciudad gatillado por Alberto Fernández. Se diferenciaron del PRO los gobernadores radicales Rodolfo Suarez (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes) y el jujeño Gerardo Morales (Jujuy), flamante jefe de la UCR nacional y uno de los enlaces preferidos del oficialismo con la oposición.

Para la convocatoria a sesionar se agregó un megacombo de leyes industriales que generan críticas en algunos sectores del propio oficialismo, y desde la oposición solicitan -desde hace semanas- la presencia y definiciones del ministro de Desarrollo Productivo, el kirchnerista Matías Kulfas, ausente en el fallido debate sobre el Presupuesto 2022.