Las discrepancias entre el kirchnerismo y el macrismo por el traspaso de la policía a la órbita de la Ciudad se acentuaron ayer ante la falta de acuerdo sobre el presupuesto con el que funcionaría la fuerza de seguridad.
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El ministro del Interior, Aníbal Fernández, dijo que el Gobierno "no va a hacer otra cosa que no sea lo que se acordó" porque "los pactos se hicieron para cumplirse", mientras que diputados de PRO acusaron al oficialismo de pretender "quebrantar la Constitución".
El diputado nacional de PRO Eugenio Burzaco advirtió que el Gobierno "va a quebrantar la Constitución Nacional si pretende traspasar la Policía a la Ciudad, sin la correspondiente partida presupuestaria".
Burzaco recordó que "la Carta Magna es muy clara en su artículo 75, en el que se establece que cuando se pasa una función también se transfieren los recursos", y sostuvo que el PRO sería "irresponsable" si aceptara hacerse "cargo en esas condiciones de la seguridad de los porteños".
El ministro Fernández ratificó que el debate por el traspaso de la policía "se tiene que dar en el Congreso" nacional y recordó que así fue acordado entre el presidente Néstor Kirchner y el electo jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri.
"El debate se tiene que dar en el Congreso. Yo no soy legislador. Los propios legisladores del PRO estarán conversando con nuestra gente para que se llegue de común acuerdo a un proyecto. Yo no soy quien tiene que hacerlo", dijo Fernández en declaraciones radiales.
Según Fernández, "si el jefe de la ciudad electo viene a ver al presidente y acuerdan que lo único que se iba a hacer era tratar la modificación de la ley en el Congreso, lo que hay que hacer es tratar la modificación de la ley en el Congreso".
Según se acordó en esa reunión que mantuvieron Kirchner y Macri en Casa de Gobierno, antes del 15 de agosto el Congreso deberá tratar la modificación de un artículo de la denominada Ley Cafiero.
El jefe de la bancada macrista en Diputados, Federico Pinedo, cuestionó por su parte la versión de que se autorizará la creación de una policía de la Ciudad de Buenos Aires sin traspaso de agentes ni recursos de la Nación a la Ciudad.
Para Pinedo, "la sola idea de que la ciudad construya sus propias comisarías al lado de las existentes y designe sus propios policías, quedando 17 mil agentes de la Federal como ñoquis pagados por la Nación, es tan ridícula que no se sostiene".
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