Gobierno interviene PAMI y se enfrenta con la CGT
Néstor Kirchner intervino el PAMI. La decisión la tomó el lunes a la noche, sin consultar al ministro de Salud, Ginés González García, quien días antes intentó convencerlo de que no era necesario tomar esa medida en la obra social de los jubilados. La orden se la comunicó al ministro ayer a la mañana. Se anunció que la intervención será por 180 días, como dice la ley, pero la realidad es que durará bastante tiempo más, porque piensan modificar esta ley limitante que se sancionó hace tres semanas. La intervención, a cargo de Juan González Gaviola, descartó transferir el PAMI a las provincias, porque sus sistemas de salud están en colapso. También descabezó las gerencias y subgerencias. Además, siguiendo el estilo presidencial, no se ha recibido a los gremios. La CGT, en tanto, no comentó públicamente la medida, pero ayer llamó a los secretarios generales de los gremios del PAMI a una reunión urgente: quiere organizar una movilización de jubilados para protestar por la intervención. Con la decisión de Kirchner, desde ayer cesaron en sus funciones los 8 directores que representaban a los jubilados. Los dos directores de la CGT renunciaron la semana pasada en medio de un escándalo.
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El gobierno no tienen claro cómo será el PAMI después de la intervención, pero sabe que deben darles en algún momento representación a los jubilados. No faltó quien propuso algo tan descabellado como el voto obligatorio de los 4 millones de afiliados, porque -dijo- en la elección de diciembre votó sólo 8% del padrón, lo que dio lugar a que los directores elegidos representaran a distintos dirigentes políticos. Era sabido que «Coti» Nosiglia y Luis Barrionuevo trabajaron activamente en las federaciones para imponer a sus directores. Sobre ellos las autoridades actuales hacen recaer el fracaso de la normalización del PAMI, aunque lo que proponen para cambiar la gestión en algunos puntos es más demagógico que práctico como la comisión de control integrada por representantes de las universidades, de la Academia Nacional de Medicina, la Auditoría General de la Nación y el defensor del Pueblo.
En concreto, desde hoy no están más los 8 directores que representaban a los jubilados. Los dos representantes de la CGT ya se habían ido la semana pasada en medio de un escándalo. Ahora es el gobierno el que tiene el poder absoluto en el PAMI.
Por de pronto, descartaron transferir el organismo a las provincias. No sólo por la resistencia de los afiliados, sino porque el sistema de salud en el interior del país está colapsado. En las provincias, la mayoría de los hospitales no están en condiciones de asistir a los jubilados. No dan abasto con la población local, y mucho menos pueden atender a un sector que es fuerte demandante de servicios médicos cuando faltan medicamentos e insumos vitales.
• Autonomía
La idea que tiene más consenso en la intervención es la de la descentralización de algunas compras, dando más autonomía a las delegaciones regionales. Este sistema se aplica por ahora en los insumos más urgentes. El PAMI central controla lo que compran las delegaciones, y prometen penalidades muy fuertes si se paga caro. Por ahora, el sistema está sometido a prueba para ver si se generaliza su aplicación.
Otro problema que enfrenta el PAMI es la atención a afiliados que nada tienen que ver con los jubilados. Al sistema se le «colgaron» los veteranos de guerra y chicos de hogares carecientes, entre otros, lo que obliga a incorporar especialidades de la medicina que poco tienen que ver con la tercera edad, como pediatras y ginecólogos. Hay 40 mil afiliados que tienen menos de 40 años, en una obra social que hoy no puede atender ninguna operación de cataratas o proveer de prótesis a los jubilados.
La regionalización del PAMI, otra de las opciones que se estudia, es también un proyecto lejano. Funcionó hace años sin éxito. Dicen que el fracaso tiene que ver con que no se estudió la realidad de cada zona.
Ahora la intervención tiene que restituir servicios a 4 millones de jubilados, poner pagos al día y ajustar las cápitas ya que los prestadores reclaman aumentos por los mayores costos después de la devaluación. Los interventores tienen poder porque han resistido los embates internos de gremialistas que intercedieron por algunos gerentes y subgerentes que fueron dejados cesantes. Fieles al estilo presidencial, no quieren negociar ninguna decisión con los gremios. La CGT, por su parte, va aumentando su presión: para mañana quiere movilizar a los jubilados contra la medida de intervención.
Lo concreto es que González Gaviola y su gente comenzaron anulando contratos, la tarea más fácil. Ahora tienen que demostrar cómo compran, cómo contratan y cómo bajan los gastos.
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