El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Esta resolución, que hoy publica el Boletín Oficial con número 2021, se dictó en el marco de la política adoptada por el gobierno nacional desde su asunción, el 25 de mayo del 2003, de "mantener el delicado pero necesario equilibrio entre la protesta social y los derechos del resto de la ciudadanía" y de "no reprimir los hechos de violencia sino contenerlos", según se consigna.
Expresa asimismo que la "totalidad de las directivas impartidas" por el gobierno nacional "han tenido como objeto evitar la represión de toda protesta social" ante el ejercicio abusivo y disfuncional de los manifestantes.
La norma, que lleva la firma del ministro del Interior, instruye a las autoridades de las fuerzas mencionadas a que "lleven a cabo las denuncias penales por agresión, resistencia a la autoridad, lesiones o cualquier otra conducta reprochable de mayor gravedad, de la que fuera objeto su personal durante el ejercicio de sus funciones".
Para que esta normativa pueda cumplirse, los jefes de las fuerzas deberán, con carácter previo a la presentación judicial, ordenar que "el servicio jurídico interno produzca el correspondiente dictamen sobre el caso, abordando la juridicidad del planteo, la verosimilitud de los elementos de prueba y su ofrecimiento".
Acto seguido, el dictamen del servicio jurídico interno "aconsejará la promoción de la acción, con lo cuál se hará la presentación ante el magistrado o fiscal o competente, o su archivo, según lo que por derecho corresponda".
Recuerda la resolución que es intención del gobierno nacional prevenir las situaciones de violencia, máxime teniendo en cuenta que estas fuerzas actúan en cumplimiento del deber "desprovistas de armas de fuego, escudos, bastones, tonfas y cascos" y, por este motivo, muchas veces ponen en riesgo su integridad física y su propia vida.
Finalmente, se indica que la actuación de las fuerzas de seguridad desprovistas de estos instrumentos de represión tienen como marco la política del gobierno nacional en materia de derechos humanos, que "garantiza el libre ejercicio de los derechos constitucionales de reunión y de peticionar ante las autoridades".
Dejá tu comentario