Gobierno suspendió espiar en Internet

El jefe de Gabinete Fernández informó que se resolvió anular el decreto por el cual se disponía que los prestatarios de servicios de Internet deberían conservar por 10 años el contenido de las comunicaciones a través de sus servidores por si la Justicia demanda datos. Dijo que el gobierno nunca quiso violentar el derecho a la intimidad e insinuó que el decreto será sustituido por otro que obligue a compañías a registrar información sobre los contactos que realizan sus clientes, no sobre contenido. La polémica promete seguir, entre otras cosas, porque la tecnología de estos nuevos estándares supone costos importantes.

Roberto Lavagna

Néstor Kirchner dio marcha atrás ayer con el Decreto1.563, a través del cual se reglamentó la ley sobre control de comunicaciones. El Presidente llamó a Alberto Fernández para ordenarle la anulación de esa norma, y el jefe de Gabinete explicó la decisión públicamente: «La sola posibilidad de que alguien pueda ver vulnerado su derecho de intimidad». «El objetivo era el de controlar el tráfico y no los contenidos», dijo Fernández, un adelanto tácito de que habrá una nueva reglamentación más cuidadosa en ese sentido. El Decreto 1.563 se firmó en noviembre del año pasado y su entrada en vigencia está prevista para julio próximo. Aunque las inversiones y operaciones de ingeniería que demanda su cumplimiento hacen prever que recién tendrá vigor legal el año que viene. Mientras tanto, seguirá una polémica alimentada por muchos factores, entre los cuales la custodia al derecho a la intimidad es solamente uno. Un repaso de las contradicciones que se ocultan detrás de este decreto permite realizar el siguiente balance:

• El derecho a la intimidad: es legítima la queja por el avasallamiento de las garantías individuales que supondría un sistema por el cual las compañías que prestan servicios de Internet estarían obligadas a conservar un registro del contenido de los mensajes que transcurren por la red. Por eso Fernández adelantó ayer que esa obligación regirá sólo para «el tráfico», es decir, las empresas deberán conservar por una década los datos que permitan establecer los contactos entre personas, no lo que esas personas comunicaron. Sería llevar a los servicios de Internet un criterio que ya existe en el caso de las comunicaciones telefónicas:cualquier empresa de telefonía celular, por ejemplo, ofrece información a sus clientes sobre destino u origen de los intercambios que se produjeron desde un determinado número desde hace más de 8 años, por lo menos. Pero esas empresas no tienen derecho a grabar el contenido de las conversaciones.

• La interna oficial: la corrección impuesta por Kirchner al decreto alegra a algunos y ntristece a otros. Tal vez, Alberto Fernández esté satisfecho: por primera vez cabe imputar el error a su rival Carlos Zannini, secretario Legal y Técnico que no cuidó la calidad de lo que firmó el Presidente, a pesar de la fama de experto que le hacen los demás santacruceños. Pero sería injusto cargar sobre este abogado todo el peso del error. La responsabilidad principal cae sobre uno de los máximos enemigos de Roberto Lavagna dentro del gabinete, el secretario de Comunicaciones, Guillermo Moreno, hombre de la intimidad de Julio De Vido y responsable directo de la norma que Kirchner mandó derogar. Lavagna vive mortificado por Moreno, quien suele congregar a economistas para ofrecer a sus superiores una visión alternativa de la que se impone desde el Palacio de Hacienda. De modo inesperado, Lavagna termina coincidiendo en este odio con el grupo «Clarín», que también se la tiene jurada a Moreno por su papel en la guerra de empresas de medios que se libra en el seno del oficialismo actual. Desde esas usinas se divulga, entonces, la teoría según la cual el secretario de Comunicaciones dejará su cargo para convertirse en director del ENRE (Ente Regulador de la Energía), abriendo el paso de su oficina al diputado Osvaldo Nemirovsci, un rionegrino verticalizado con la Casa Rosada que viaja en estos días junto al Presidente por Alemania, detalle que no debería pasar inadvertido para entender esta discusión.

• La actualización tecnológica: uno de los motores de la polémica sobre el Decreto 1.563 seguirá operando a pesar de que se corrija la norma en el sentido adelantado ayer por Fernández. Sucede que las compañías que prestan servicios de Internet han expresado ya su malestar por tener que afrontar el gasto de agregar a sus sistemas un nuevo dispositivo que permita derivar, orden de un magistrado mediante, comunicaciones desde los nudos de tráfico telefónico o cibernético a la Oficina de Observaciones Judiciales, que controla la SIDE. En el coro de esas quejas están las pymes del sector, que -aducen- podrían ir a la quiebra por no poder hacer frente a esas inversiones. Pero también las grandes telefónicas y empresas de Internet, algunas de ellas vinculadas a poderosos medios de comunicación, como es el caso de «Clarín» y «Ciudad Digital». Aquí el problema no es el derecho a la intimidad, sino la resistencia a desembolsar, en total, unos 20 millones de dólares, que es el costo de la actualización tecnológica que implica la adopción del sistema «Lawful Intercept», que en los países avanzados ya viene incorporado a las centrales de telefonía o a los servidores de mensajes virtuales. Hay países, como España por ejemplo, donde el gasto que supuso incorporar esa tecnología fue compensado por el Estado a través de un subsidio.

Así como se producirá un costo adicional con esta novedad, las empresas de servicios telefónicos dejarán de percibir las sumas muy atractivas que recibieron del Estado durante el largo período en que la derivación de llamadas bajo requerimiento judicial no era automática. Hubo meses en que las telefónicas le cobraron al Estado cerca de 300.000 dólares por esta tarea.

• La puja por el nuevo negocio: llama la atención que este debate se haya desatado al mismo tiempo que Kirchner visita Alemania. El Presidente estará hoy con uno de los interesados en el negocio que se abre con la adopción de esta nueva tecnología en la Argentina. Siemens es una de las principales empresas que ofrecen, a escala internacional, los dispositivos necesarios para «aggiornar» el sistema de comunicaciones de la Argentina según las nuevas pautas que demanda la seguridad internacional. Por esta razón, la compañía ya manifestó su interés en ofrecer sus productos y hasta montó, con un costo de 300.000 euros, un centro de monitoreo de comunicaciones telefónicas y de e-mail que, a efectos sólo demostrativos, funciona en su campus de San Martín. Hoy Kirchner recibirá en Berlín al vicepresidente de Siemens, Uriel Sharef.

• La pelea por «pinchar» teléfonos: por si con todos estos cruces de intereses no bastara, el debate por el Decreto 1.563 abrió otra polémica referida a cuál debe ser la oficina del Estado responsable por el control de las comunicaciones observadas por la Justicia. Hasta ahora esa tarea le correspondió a la SIDE y su Oficina de Observaciones Judiciales. Pero ahora tres senadores radicales, Mario Losada, Jorge Agúndez y Carlos Prades, pretenden que esa tarea pase a depender de la Procuración General de la Nación, es decir, del Ministerio Público. Todo un desafío para el mandamás de la SIDE, Francisco Larcher, a quien estos legisladores piensan convertir de observador en observado.