Gremios hablan de negociación secreta por 2.300 designados

Horacio Rodríguez Larrerta

La pelea de Mauricio Macri con el sindicato de municipales termina ahoraacotada a un problema de sujeto y predicado. Como en un diálogo entre parlantes de distintas lenguas, los sindicalistas insisten con que hay negociaciones para reincorporar a parte de los contratados ya no renovados por el Gobierno porteño.

Macri, por su parte, ratificó que no revisará los contratos caídos y consideró que Sutecba -el gremio municipal-fue «inteligente» al acordar con su gestión.

Ayer, aliviado de la puja con los sindicalistas, Macri inauguró un plan de bacheo que venía postergando desde el lunes, por el conflicto.

Allí lanzó que «los gremialistas nos dieron un apoyo inteligente, porque eligieron sumarse a los cambios» y que su administración «está contenta porque los gremios se dieron cuenta de que el cambio es lo que quiere la gente», y sostuvo que con estas primeras medidas se «podrán mejorar los servicios públicos».

A su vez, reafirmó que «se hará un censo sobre cada uno de los trabajadores de la Ciudad», en el que se analizarán «dos cosas: cuántos son y qué hacen», precisó.

Macri aclaró nuevamente que los 2.300 empleados «no fueron cesanteados», sino que «vencieron sus contratos y no se los renovaron», y reiteró que de ahora en más los que ingresen al Gobierno porteño lo harán «por concurso».

De paso, apeló a la jueza Elena de Liberatori, quien fallaría hoy con respecto al decreto que dispuso la intervención de la obra social municipal.

Consejo

«La jueza debe tomar en cuenta el apoyo que tiene la desregulación y no debería oponerse a este cambio», reclamó Macri en la esquina de Bolivia y Navarro, en el barrio de Agronomía donde a una cuadra, cada domingo y un día al mes, concurren miles de fieles a pedir milagros en la iglesia donde se encuentra la Virgen Desatanudos, de la que Elisa Carrió alguna vez se manifestó devota, curiosamente.

En ese barrio, a unas diez cuadras de la casa de Aníbal Ibarra, Macri anunció la reparación de calles, porque al parecer es una de las zonas que más arreglos demandan y anunció que aplicará multas de hasta 150 mil pesos para las empresasque abran pozos sin la habilitacióncorrespondiente, que tarden mayor tiempo del pactado, rompan más volumen del previsto, declaren una emergencia cuando no existió o no señalicen adecuadamente la obra.

La interna sindical que desató el actaacuerdo que el gremio de municipales selló con Mauricio Macri, como quien suscribe una derrota, ventiló ayer cuestiones domésticas del Gobierno porteño.

Todo surgió acerca del primer punto del acta que gremialistas y funcionarios firmaron el martes, dando por terminado el conflicto que había generado la cesantía de 2.300 empleados públicos cuyos contratos vencieron el 31 de diciembre pasado y no fueron renovados.

Los sindicalistas debieron explicar a su pares que si bien la redacción del punto se entendía como de revisar la situación de los contratados, no aludía a los que ya no lo son, es decir, los 2.300. Casi un ejercicio de gramática, difícil de desandar. Pero lo cierto es que los sindicalistas que negociaron deponer reclamos ante el gobierno macrista insisten por estashoras en que «los 2.300» (ya se sintetiza así el conflicto) están dentro de los que se revisarán.

Argumentan que es una negociación casi secreta con el macrismo y que ayer, aseguran, hubo comunicaciones telefónicas con funcionarios porteños para analizar la situación de «los 2.300». Por cierto, el caso quedará en la duda, ya que los gremialistas acudieron a la conciliación con la idea de que se realice el censo de empleados y que «si se encuentran 2.000 que no trabajan, que se vayan, pero no son éstos».

La lista de «los 2.300» la hicieron, a pedido de los ministros, los directores generales de cada área, que son unos 300 en conjunto y por eso en el gobierno aseguran que «está todo resuelto».

En esa confusión, de Sutecba (gremio municipal) puertas para adentro, surgió la embestida de algunos, como Enrique Pistoletti (secretario sindical), quien arremetió contra el secretario general, Marcos Peña y el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta (h). Los consideran -también a Gabriela Michetti, quien debió desdecirse en un asunto-«los duros» y prefieren al que creen «mejornegociador», como el ministro de Hacienda, Néstor Grindetti.

Lo cierto es que la declaración de guerra al gremio estatal porteño que inició Macri con más de dos mil despidos y después agregando la intervención de la obra social municipal tuvo distintos momentos.

Algunos aseveran que, como dicen los gremialistas, Rodríguez Larreta fue quien más impulso le dio a Macri para la primera medida, es decir, pulir el staff municipal, algo que le habían pedido a Jorge Telerman que hiciera antes de partir. Pero el ex jefe porteño que debió pagar el costo de un aumento de ABL que a él le rebotó la Legislatura se negó a aplicar el bisturí. Hoy, lo acusan los funcionarios macristas de haber nombrado a un ejército de contratados «en los últimos seis meses», es decir, cuando ya había perdido la elección. Raro.

Conciliadores

Pero, Rodríguez Larreta había sido más contemplativo en la segunda etapa, la intervención de la obra social.

Imposible convencer a un Macri ya decidido a que aplique el dosificador. Por eso en un momento de «duro» debutó el ministro de Hacienda, Grindetti. Pero, aunque los caciques gremiales atribuyan a unos u otros lo que parece una confusión gramatical, fue finalmente Macri con el máximo titular de Sutecba, Amadeo Genta, quienes conciliaron la letra final del documento.

Sin embargo, los gremialistas insisten: «Los funcionarios y los directores van a tener que aceptar el ingreso de todo el personal. El acta es clara en este sentido», aseguró ayer Aníbal Torreta, uno de los firmantes del acta-acuerdo, como desconociendo su propio sello y las declaraciones en catarata de Peña, Michetti y el propio Macri (ver nota aparte) sobre «los 2.300».

«Se van a revisar todos los contratos, el acta es clara», aseguró Torreta, mientras que la oposición se nutrió de nuevos actores. Dentro de esos, la legisladora Liliana Parada, ex Coalición Cívica, quien en la Legislatura porteña integra un bloque con Martín Hourest, reportante a la CTA de Claudio Lozano. En un momento el macrismo contó a Hourest y Parada para la sesión de hoy, donde se ratificará el decreto de intervención de la obra social.

Todos ellos dicen que Macri impulsa «negociaciones con la burocracia sindical, los laboratorios y las prepagas que recaen sobre el esfuerzo y el bolsillo de los trabajadores», aunque están de acuerdo con que Macri impulse la desregulación del servicio y los afiliados puedan optar por otro.