Gremios voraces venden un hospital del Estado

El edificio en el cual funcionó hasta hace algunos años el policlínico del gremio de los ferroviarios comenzó esta semana a ser desocupado, trámite previo a la venta a una empresa privada para que abra un nuevo shopping. Está ubicado en la zona de Retiro, una de las más caras de la Argentina, y es objeto de uno de los mayores escándalos. Ese edificio fue cedido por el Estado al gremio para que funcionase una clínica que ya no existe. Debió retrotraerse la donación, pero el gremio ha dispuesto de él como propio. Primero intentó vendérselo al Estado, pero la revelación de esa intención por este diario frustró el negociado. Ahora lo venden a una empresa que administra freeshops en el país y el extranjero. Se repite lo que ocurrió en Bariloche, en donde un gremio vendió un terreno carísimo junto al Llao Llao que le había sido donado con la condición de que funcionase una colonia de vacaciones. Bajo un gobierno que lamenta las privatizaciones, el propio Estado que podría recuperar esos bienes mira al costado y consiente estas operaciones en manos de caciques gremiales.

Empezaron ayer a vaciar el policlínico ferroviario luego de haber sido vendido en una confusa operación.

Reaparecieron las dudas sobre un escándalo que estalló en el Congreso hace más de un año y que, hasta ayer, parecía congelado. En ese momento la oposición logró frenar un proyecto de ley de expropiación del inmueble donde funcionó hasta los 90 el policlínico ferroviario, propiedad de la obras social de ese sindicato, hoy en virtual quiebra. El conflicto comenzó cuando se probó que el inmueble en cuestión, ubicado en Retiro, había sido en realidad una donación estatal a los ferroviarios con el fin único de construir allí su centro de salud. Por lo tanto si la clínica cerraba, la propiedad debía volver a manos estatales. La pregunta fue entonces: ¿por qué comprar algo que ya es propiedad pública? Finalmente la expropiación fue dejada de lado.

Ahora, se detectó que comenzó la mudanza de los bienes muebles que aún quedaban en el edificio cerrado y en el Senado el radicalismo investiga si la operación de transferencia del inmueble finalmente se realizó hacia otro comprador para instalar allí un shopping. Curioso final para un proceso trunco de expropiación de un bien que, se denunció, ya era propiedad del Estado y que estaba destinado a ser cedido a la Corte Suprema para mudar allí la Morgue Judicial que hoy funciona precariamente en distintos edificios.

Un año antes de iniciarse el proceso de expropiación, un decreto de Néstor Kirchner había librado a Manuel Pedraza, secretario general de la Unión Ferroviaria, de tener que cumplir con el cargo de la donación original de 1944 que obligó a mantener en el predio un policlínico para ese gremio. De no hacerlo, debía devolverlo al Estado.

Presentación

El 21 de noviembre de 2006, el radical Gerardo Morales presentó un proyecto opuesto a esa expropiación con precio que impulsaba el gobierno: «Yo he planteado que el procurador del Tesoro inicie las acciones para recuperar el inmueble por incumplimiento del cargo de la donación. Lo que quieren hacer es pagarle $ 12 millones a Pedraza para que solucione los problemas que tiene con la quiebra», dijo entonces el jujeño en relación a la situación financiera de ese sindicato.

Tras caer el proyecto, que llegó a ser debatido en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado cuando Cristina de Kirchner aún la presidía, el proceso de liquidación de los bienes de esa obra social continuó.

Durante la última asamblea del consejo directivo de la Obra Social Ferroviaria ya se había informado sobre las alternativas de la venta del edificio. Se supo que tras la compra fallida por parte del Estado, hubo al menos dos intentos de venta a otros compradores.

Uno de ellos fue frenado por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 19, que lleva adelante el concurso de la Obra Social Ferroviaria. Un problema de diferencia de cotizaciones arruinó la operación, por lo que quedó en claro que la Justicia no pareció frenar la venta que el Senado sí cuestionó.

El último intento de venta conocido fue por $ 19 millones a London Suply SA, empresa propiedad de «Tedy» Taratuti, empresario cercano al kirchnerismo que opera los aeropuertos de El Calafate y Ushuaia y tiene también la propiedad del freeshop más grande de Puerto Iguazú.

Ahora, la limpieza del edificio indica que se están llevando adelante los aprestos para una transferencia.

Lejos quedó la protesta de la oposición que consiguió imponerse en el Senado contra el decreto del 9 de diciembre de 2005 de Néstor Kirchner que le liberó la propiedad a Pedraza para una expropiación que no fue.

«Ese bien inmueble es 'en potencia', un bien del Estado nacional; lo único que debe hacerse para que la potencia se convierta en acto es ejercer el legítimo derecho de revocatoria que tiene el donante ante la falta de cumplimiento del cargo», dijeron los senadores. Ahora se sabe que esa victoria opositora fue fugaz.