Guardavidas: la Carrió salvó a Macri de jueza

Mauricio Macri felicitó ayer a la Legislatura y desafió a la Justicia porteña al considerar ratificado su decreto de necesidad y urgencia que les quita la caja municipal a los sindicalistas. Estuvo flanqueado por Gabriela Michetti y Diego Santilli. De pie, lo respaldaron Cristina Ritondo, Oscar Moscarielo, el lopezmurphysta Carlos Araujo y el sindicalista de juegos de azar, Daniel Amoroso.

Mauricio Macri forzó ayer la sanción de una ley para poder proseguir con la intervención a la obra social de los empleados municipales, horas después de que la Justicia resolviera la suspensión del decreto de necesidad y urgencia que el jefe de Gobierno había emitido para determinar la medida.

Se esperaba que la jueza Elena de Liberatori fallara ayer en relación con el amparo que presentó el gremio de municipales (Sutecba) contra el DNU que firmó Macri el 2 de enero pasado, en medio de un conflicto por la cesantía de 2.300 contratos de empleo público. La magistrada, en un extenso fallo, finalmente dictaminó que el decreto no correspondía, justo el día en que la Legislatura se reunía en sesión extraordinaria para refrendarlo y darle fuerza de ley.

En principio, el macrismo estaba dispuesto a ratificar de todos modos el DNU, desconociendo la sentencia judicial, pero sus imprescindibles aliados para el quórum, la Coalición Cívica de Elisa Carrió, se negaron a desconocer la orden judicial.

Por eso terminaron acordando una ley que le otorga a Macri la facultad de intervenir el organismo.

La noticia del fallo, a media mañana, provocó la convocatoria urgente de Macri a sus legisladores, el procurador Pablo Tonelli, el asesor Torcuato Sozio, el secretario general del Gobierno, Marcos Peña, y el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, entre otros.

«Esta jueza está tomando mi lugar, como si fuera yo», expresó su sorpresa Macri, para que los entendidos en fallos judiciales -Tonelli y Sozio, quien fue subsecretario de Trabajo en el gobierno de Carlos Menem- le explicaran acerca de la intromisión de la Justicia.

Acuerdo

Estaban el ministro de Hacienda, Néstor Grindetti, y los diputados Oscar Moscariello, Cristian Ritondo y Diego Santilli. Se acordó allí la aprobación de una ley que le permita a Macri la intervención de la obra social sin necesidad de DNU, a pesar del fallo, y los diputados cruzaron (del Palacio Municipal a la Legislatura hay una cuadra, que se corta por el pasaje Roverano) a reunir al bloque y especialmente a la bancada de Carrió.

Con la norma sancionada, una vez que esté promulgada, Macri puede -y tiene previsto hacerlo- emitir otro decreto (ya no de necesidad y urgencia) para volver a intervenir la obra social sindical.

Esto podría ocurrir la semana que viene, pero también el jefe de Gobierno puede dejar que se cumpla la nueva ley, que impone que una comisión elabore un proyecto para reconvertir el organismo e impulsar que adhiera al Sistema Integrado de Salud para que los afiliados puedan optar por otro servicio.

Ayer, la idea en el Gobierno porteño era la de redactar otro decreto de intervención. «Es lo mismo que hizo Néstor Kirchner con el PAMI; primero la ley y después el decreto», explicabanlos macristas antes de entregarse a la sesión.

Pero, además, Tonelli anticipó que el Gobierno de la Ciudad piensa apelar el fallo de Liberatori y dar así también pelea en la Justicia.

Macri decidió la intervención de la obra sindical cuando el gremio de municipales lo amenazó con un paro general y movilización por la baja de 2.300 contratos de empleo público.

Los municipales -conducidos por Amadeo Genta, Alejandro Amor y Patricio Datarminisumaron a Hugo Moyano para el reclamo. Luego, esta semana, suscribieron un acta con el Gobierno porteño para revisar en conjunto la situación de todos los contratados en la Ciudad, pero no están dentro de esa revisión los que ya fueron dados de baja el 31 de diciembre.

Mientras tanto, el interventor designado por Macri, Jorge Rey, ingresó a la obra social, pero fue desconocido por el directorio, que preside Datarmini e integran sindicalistas y funcionarios del Gobierno porteño. En el medio, una cámara oculta organizada por la Secretaría de Comunicación de la Ciudad filmó durante el fin de semana cómo desde la sede de la obra social, en el barrio de Caballito, cargaban bultos, supuestamente con documentación en dos vehículos, lo que el Gobierno denunció ante la Justicia.

Los sindicalistas ahora esperarán que Macri emita un nuevo decreto, para recurrir a otra acción de amparo, lo que será otro capítulo de la puja del jefe porteño contra el gremio municipal.