Horacio Rosatti reclamó respetar la Constitución para que "fluyan" las inversiones

El presidente de la Corte Suprema insistió en la primacía de la Constitución para afianzar la seguridad jurídica. “No tenemos vocación por tomar decisiones trascendentes para la vida de un país cuando esto es el cometido de los poderes representativos”, anunció.

Horacio Rosatti en IAEF. 

El presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti participó del 41° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) bajo el título “Argentina: una oportunidad diferente. Acuerdos imprescindibles para un futuro sostenible”. En ese marco, sostuvo que los principios que derivan de la Constitución Nacional adhieren a un sistema capitalista “que tiene rostro humano”, y agregó que “muchas veces la competencia no se regula sola y la igualdad real de oportunidades no se completa por generación espontánea”.

La alusión no es la primera de Rosatti que pretende señalar marcos de contención de la Constitución que acotan parte del ideario libertario del gobierno de Javier Milei y parecen mensajes velados hacia el Gobierno amparado en la experiencia como convencional constituyente y desde el tribunal que es máximo intérprete del texto constitucional.

"Si todos estamos por debajo de la Constitución, el progreso, el desarrollo, las inversiones, van a ser mucho más fáciles, van a fluir", dijo Rosatti durante el encuentro, donde también hablaron el presidente, Javier Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo, entre otros dirigentes. “Lo que se espera siempre de un país es que no cambie las reglas de juego, sino que respete la seguridad jurídica, para eso están los tribunales y para eso está la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, remarcó.

En cuanto a las diferencias entre la figura del político y la del juez, el presidente del Máximo Tribunal sostuvo que es casi natural que exista entre las dos funciones una tensión, pero que “si es llevada con inteligencia, debe ser una complementación”. En ese sentido, sostuvo que “cuando los poderes representativos no resuelven, el tema se judicializa”, y advirtió que cada vez más causas llegan a los tribunales.

“El juez no debe reemplazar al político, al representante del pueblo, pero si el representante del pueblo no actúa y el juez tiene un caso que debe resolver, pues entonces debe resolverlo. Lo deseable en un sistema democrático es que los poderes representativos puedan resolver esas cuestiones luego de un debate, de una participación amplia donde intervengan todos los sectores involucrados de la sociedad. Sino, es una mayoría de 3 personas en la Corte la que toma la decisión”, dijo, y enfatizó: “No tenemos vocación por tomar decisiones trascendentes para la vida de un país cuando esto es el cometido de los poderes representativos”. Ese también fue un mensaje inmediatamente leído sobre la actualidad.

Asimismo, destacó que el objetivo central del funcionamiento de la Corte Suprema en nuestro país es el de ser un tribunal de garantías constitucionales, decir la última palabra sobre la interpretación de las normas y poner fin a los conflictos con criterio ejemplificador hacia los tribunales inferiores.

Ante más de 1000 personas, Rosatti comparó: la Corte Suprema de los Estados Unidos resuelve entre 100 y 120 casos anuales; la Corte argentina resuelve, en ese mismo período, entre 10 mil y 12 mil casos. “Yo llegué hace 8 años, y es la misma cantidad de personal”, remarcó, y agregó que entonces “entraban 15 mil casos anuales; hoy está en alrededor de 32 mil”. El juez subrayó la cantidad de personal para ironizar luego: Después viene el ministro, no vaya a ser que nos quiera recortar cargos". Tercer mensaje.

La actividad, desarrollada en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, contó con la participación del presidente de la Nación, Javier Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; la canciller, Diana Mondino; el diputado nacional José Luis Espert; el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning; el síndico general de la Nación, Miguel Blanco; el exministro Domingo Cavallo, y diversos empresarios y ejecutivos de empresas.