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Los controles serán llevados adelante por efectivos de la Policía Bonaerense, Gendarmería, Prefectura y la Policía Federal, que seguirá con el «operativo cerrojo» en los principales accesos de la Capital Federal.
El gobierno bonaerense estimaba que a futuro (antes de fin de año) podría tener afectado a las tareas de vigilancia y prevención entre 8.500 y 9.000 hombres. En la actualidad, de los 47 hombres que componen la fuerza, sólo un tercio realiza efectivamente tareas de prevención. Es decir, unos 15 mil hombres que se reparten en tres turnos.
El análisis que se realizaba era el siguiente:
Seis mil policías podrían volver a la calle a la prevención y combate del delito, si avanza el traslado de detenidos de comisarías bonaerenses a unidades del Sistema Penitenciario Federal.
Hay 600 policías que están destinados a puestos fijos, es decir, a custodias de edificios públicos o entidades como AMIA-DAIA; y mezquitas y templos árabes y mulsumanes.
Otros 1.600 están abocados a la custodia de funcionarios. La idea de la cartera de Seguridad bonaerense es recuperar al menos 800 de estos policías.
Unos 340 serían los polémicos cadetes egresados de la escuela Juan Vucetich que no habían podido sumarse a la fuerza por los incidentes ocurridos durante una fiesta. Esa reunión, ocurrida en diciembre de 2000, los efectivos fueron acusados de disturbios varios.
Y 800 nuevos suboficiales y agentes saldrían de la Escuela de Policía y de Oficiales.
Esta es, por lo menos, la idea que ayer esbozó el ministro Juan Pablo Cafiero en una distendida reunión del Consejo de Seguridad Pública en La Plata, y en la que estuvieron el secretario de Seguridad interior de la Nación, Alberto Iribarne; el viceministro de Seguridad y Justicia, Marcelo Saín; el jefe de los fiscales, Eduardo Matías de la Cruz; el jefe de la Policía Bonaerense, Alberto Sobrado; el presidente de la Comisión de Seguridad de la Bicameral, Horacio Román; y tres senadores: Carlos Pérez Gresia, Marcelo Elías y Marcelo Dileo por la oposición.
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