Aníbal Ibarra concilió con el gobierno su estrategia en torno al caso Cromañón, un episodio que quieren evitar sea motivo de polémica durante la campaña electoral. Ahora el jefe de Gobierno está estudiando demorar el proceso y que se lo termine juzgando después del 23 de octubre, como pretende el kirchnerismo. Al menos así, la semana pasada, Ibarra se lo comunicó a Alberto Fernández, quien a su vez le trasmitió a sus legisladores porteños que mantengan la calma. El bloque venía amenazando con votar en contra del jefe de Gobierno ante la premura de la Legislatura en el manejo del proceso y hasta acusó de un raro pacto entre Mauricio Macri e Ibarra para lograr que se vote -a favor o en contra del enjuiciamiento- antes del cuarto oscuro nacional.
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El próximo viernes vence el primer paso para que Aníbal Ibarra presente su descargo ante la comisión investigadora de la Sala Acusadora de juicio político en la Legislatura porteña. Esa comisión de 13 diputados lo acusa de presunto mal desempeño de sus funciones en relación con el caso del trágico accidente del local bailable Cromañón. Hasta ahora Ibarra había logrado apurar el trámite de juicio político en su contra para que llegara a la Sala Acusadora antes de la fecha electoral, convencido de contar con los votos del kirchnerismo a su favor, pero en contra los planes de sus aliados: demorar la decisión. El viernes pasado llegó a manos de Ibarra el dictamen de la primera comisión investigadora, la especial, con las acusaciones en su contra. La comisión de la Sala Acusadora terminó adoptando el informe como propio sin más trámite y lo remitió para que el jefe de Gobierno formule su descargo, lo que puede hacer presentándose a la cita para el viernes a las 10 o por escrito. De una u otra forma, Ibarra tiene derecho a pedir cinco días hábiles más para terminar de refutar los cargos que le formulan. Durante el fin de semana, el jefe de Gobierno siguió elaborando esa defensa, pero ya decidido no sólo a pedir ampliación del plazo, sino también considerando la posibilidad de solicitar que se produzcan nuevas pruebas a las que realizó la comisión que elaboró el dictamen que recomienda el juicio político por mal desempeño de las funciones del jefe de Gobierno en relación con la tragedia y con la posterior atención de las víctimas.
Ibarra, en ronda de asesores, sostuvo que ese dictamen «es inmoral» y está convencido de que podrá replicar a las acusaciones. Si el jefe de Gobierno solicita la apertura de nuevas pruebas y más plazo, los tiempos no dan para que la Sala Juzgadora se reúna antes del 23 de octubre a considerar si se realiza el juicio político y se remite el nuevo dictamen a dicha sala, que es la que tiene la última palabra. Ibarra pediría que concurra ante la comisión investigadora, que integran 13 legisladores porteños, el secretario de Salud, Alfredo Stern, por ejemplo. Al retomar la voluntad del kirchnerismo -si se mantiene la intención de dilatar el juicio- los legisladores oficialistas estarían dispuestos a tomar ese testimonio y otros más que ellos mismos apuntaron y consideran que faltan en los testimonios que tomó la primera comisión.
Los diputados del bloque del kirchnerismo renunciaron a formar parte de esa primera comisión investigadora, pero integran la de la Sala Acusadora y la comisión investigadora de esa sala. Ibarra está pensando también en pedirle a la comisión que cite al actual secretario de Seguridad de la Ciudad, Diego Gorgal y a otros funcionarios de su Gobierno relacionados con el área de inspectores. La comisión podría negarle esas pruebas, pero debería fundarlo, ya que el reglamento y la Constitución de la Ciudad otorgan ese derecho.
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