El macrismo, con sus habituales malos asesores, politizó mal la enorme tragedia del incendio en Cromañón con 191 muertos (ayer se conoció uno más y llegan a 192, igual número ya que en el atentado de Atocha, Madrid). Se amparó en la Constitución porteña que prevé elecciones si es desplazado por juicio político el jefe del Ejecutivo, hoy Aníbal Ibarra. También la usa Ibarra ahora al anunciar imprevistamente anoche la convocatoria a un plebiscito que dispuso sea vinculante, o sea que si le va mal, renunciará. La primera impresión tras el anuncio es que el jefe de la Ciudad puede ganarlo, con lo cual recuperará todo el poder político que perdió tras la desgracia. Esto probablemente recompondrá planteos en la oposición quizá para evitar la consulta, algo que igualmente recuperaría a Ibarra y se volvería a caer en aprovechamiento político. Las víctimas de Cromañón, en su mayoría muy jóvenes y algunos niños, serán un dolor permanente por años. Un ciudadano que va a un lugar habilitado por autoridad competente y sufre un accidente por fallas hace culpable a esa autoridad. No hay duda. Pero ¿cuántos son "la autoridad"? ¿Sólo el intendente Ibarra? Su mayor falla fue desvirtuar, vía amigos y familiares, cargos de los cuales depende la vida de los ciudadanos. Pero un cuerpo legislativo porteño con iguales o peores fallas que aquel viejo Concejo Deliberante también lo es. Un cuerpo normativo vigente que permite que un simple inspector decida entre una multa de $ 300 y $ 2.000 o, en carencias mayores, de $ 5.000 y $ 50.000 o clausura del local es tentar permanentemente a la coima entre propensos por el contexto tradicional del municipio. El cuerpo de inspectores y funcionarios de carrera, antes y después del cambio, también es autoridad, aunque menos identificable para ir a los estrados judiciales. "La autoridad competente" también son los jueces porteños que, a veces, por amiguismo o lobby, levantan las clausuras que se disponen por seguridad faltante. Y si Ibarra no servía y es culpable, también lo es la Casa Rosada que usó fondos públicos para imponerlo comprando voluntades votantes para la segunda vuelta tras haber perdido el mismo Ibarra la primera.
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