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El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires envió un proyecto de ley a la Legislatura solicitando que se permita no hacer valer el secreto fiscal para publicar el listado de contribuyentes y empresas que le adeudan tributos a la Ciudad a partir de enero de 1997, o los que pagaron con atraso. Es decir un planilla compleja que desde el inicio se presta a confusiones.
La norma regiría para todo tipo de impuestos, desde el municipal de Alumbrado Barrido y Limpieza, hasta Ingresos Brutos, patentes o publicidad.
En el proyecto de ley se fundamenta que la idea es «que los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires tomen conocimiento de los contribuyentes de los distintos gravámenes que recauda la Dirección General de Rentas que no han ingresado en tiempo y modo oportuno sus obligaciones fiscales». Es justo que se proponga el jefe de Gobierno combatir la evasión y tratar de recaudar más, ya que la caída llevó a un déficit de $ 300 millones a la Capital, que quiere saldar con bonos o LECOP para no interrumpir obras. Se equivoca Ibarra en pensar que sólo el hecho de publicitar a los deudores y a los que pagaron con retraso obliga a ponerse al día, tanto sean familias como empresas. Dice, incluso, en el proyecto de ley que la medida «no pretende efectuar una publicidad sensacionalista, sino que frente a la actual crisis económica intenta exponer a quienes no abonan los impuestos» y por eso plantea «el levantamiento del secreto fiscal para efectuar tal publicación».
En todo caso, también los muchos acreedores del Gobierno porteño podrían dar a publicidad la deuda que tiene la Ciudad con ellos, la que también lleva a un atraso en el pago de impuestos, por ejemplo.
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