Ilegales: ¿aloja gobierno a empresario investigado?

La ministra de Derechos Humanos y Sociales, Gabriela Cerruti, fue interrogada ayer en comisión por legisladores porteños acerca de la situación de más de cien personas de nacionalidad boliviana alojadas en un polideportivo de la Ciudad de Buenos Aires, tras el incendio de un taller de costura del barrio de Caballito y las posteriores clausuras de otros locales.

«La complicidad de la Policía no nos cabe duda que existe», dijo la ministra con respecto a la situación de los talleres textiles que no estarían en condiciones de funcionar, ante la Comisión de Derechos Humanos que preside el arista Facundo Di Filippo.

A la vez, el legislador Martín Borrelli le pidió a la funcionaria porteña explicaciones acerca de la supuesta estada en ese gimnasio de uno de los locatarios del inmueble de la calle LuisViale 1269, donde perdieron la vida seis personas, entre ellas, cuatro niños. La consulta del macrista apuntó a que quienes manejaban el taller textil, cuyo funcionamiento no formaba parte de la habilitación municipal, serían responsables del accidente de hace diez días.

Fuentes de la comunidad boliviana en la Argentina dijeron a este diario que el local era alquilado por un argentino de nombre Juan Manuel y el ciudadano boliviano Luis Sillerico. El viceministro de Trabajo de Bolivia, Manuel Albarracín, quien integra la delegación que envió Evo Morales para conocer la situación de sus compatriotas, por su parte explicó a este diario el domingo que Sillerico se encontraba entre las personas que ese día estaban dentro de las instalaciones del polideportivo de Parque Avellaneda. El grupo lo conforman 110 personas, entre ellas, las víctimas del incendio y otras que trabajando en similares condiciones -vivían en talleres en precaria situación- se quedaron sin vivienda al ser clausurados los lugares.

Ahora, los legisladores quieren conocer si Sillerico está en carácter de víctima en el gimnasio o si habría concurrido el domingo para escuchar a los funcionarios bolivianos.

Borrelli pidió a Cerruti la nómina de las personas alojadas por el Gobierno de la Ciudad, y la funcionaria a su turno le dijo al legislador: «Si considera que tiene que hacer una denuncia penal, hágala».

La visita de Cerruti a la Legislatura porteña formó parte de la ronda de interpelaciones relacionadas con el incendio de Caballito. La semana pasada concurrieron los ministros de Gobierno -Diego Gorgal- y de Producción -Enrique Rodríguez. Además de las preguntas que les hicieron los funcionarios, ya hay por lo menos tres pedidos de informes al respecto para que responda el Ejecutivo. En principio, los diputados consideraron que fueron sólidas las respuestas de Gorgal, pero algunos quieren seguir investigando si hubo responsabilidad del Gobierno porteño por la falta de inspecciones al local de Luis Viale, donde se hizo una improvisada construcción en la terraza y donde vivían 64 personas, mientras que la habilitación autorizaría a dos ya que se trataría de un taller que derivaba el trabajo a domicilio.

Comisión

Por otra parte, Cerruti anunció que se creó una comisión para regularizar la situación de los talleres que no tienen la habilitación o tienen dificultades normativas, pero advirtió que «con los que no va a haber ningún tipo de negociación es con aquellos que someten a la gente a trabajo esclavo».

La ministra aseguró que «hay alrededor de 1.600 talleres ilegales de los cuales 200 estarían en esta situación de explotación y reducción a servidumbre».

«La situación que se está dando ahora es que muchos talleristas echan a la gente y trasladan el taller al Gran Buenos Aires con lo cual va a ser más difícil de controlar por la magnitud y la extensión geográfica», informó la funcionaria.

Según Cerruti, el actual no «es un problema solamente de los bolivianos, porque por ejemplo los dueños de los talleres pueden ser bolivianos, argentinos, peruanos o coreanos, pero la mano de obra es sobre todo boliviana».

Para Cerruti, lo que ocurrió en el taller de la calle Luis Viale «no es solamente un problema de controles o de habilitación, no es ni siquiera un problema de seguridad, porque lo que nos encontramos en las inspecciones que estamos realizando es una violación a los derechos humanos».

Además, remarcó que para combatir el trabajo esclavo es necesaria la intervención del gobierno nacional, las direcciones de migraciones del Ministerio de Trabajo. «Esto sólo con inspectores no se soluciona, no alcanzan para terminar con esta situación», dijo.