Industria y pymes advirtieron por el impacto negativo del tarifazo sobre producción y empleo

El contrapunto político entre legisladores del oficialismo y el arco opositor, y el reclamo de los sectores productivos y del trabajo por el impacto que aseguran advertir a raíz del incremento de las tarifas del gas, dominaron la segunda jornada de la Audiencia Pública que culminará con las últimas ponencias reservadas para los usuarios y público en general. Cerca de la medianoche de este sábado finalizó la lista oficial de oradores, sin embargo la audiencia seguirá el domingo con la exposición de quienes no ingresaron en la nómina principal.

Representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) coincidieron en la necesidad que se contemple a industrias y comercios en el cuadro tarifario y en el efecto negativo del tarifazo sobre la producción y el empleo. "Es necesario arribar a un esquema de precios claro y que posibilite el autoabastecimiento con rentabilidad para la oferta, pero que no afecte la competitividad del sector productivo", indicó el jefe de Departamento de Infraestructura de la UIA, Alberto Calsiano.

En ese mismo sentido, el vocero, durante las audiencias, de las medianas y grandes empresas advirtió que "los costos energéticos del sector industrial han ido incrementado en el tiempo por lo que de continuar esta tendencia tendrá un efecto negativo sobre la inversión y la generación de empleo industrial".

A su turno, el secretario de Asuntos Legales, Laborales y Sociales de la CAME, Ignacio de Jauregui, expresó que desde la entidad no desconocen "la necesidad de adecuar y que progresivamente se ponga un tarifario que lo hago sustentable", no obstante advirtió: "no se puede hacer a costa de nosotros".

Para la UIA, la relevancia de la industria en la demanda total de gas hace necesario que conformen "una mesa de diálogo permanente a efectos de articular soluciones consensuadas entre la demanda industrial y el ministerio que permitan la ansiada sustentabilidad".

Calsiano remarcó la necesidad de construir un consenso entre el estado de la oferta y de la demanda de energía, y que el servicio "debe llegar a la sociedad en cantidad calidad seguridad y precios razonables resulta clave esta instancia de dialogo solicitada".

Por su parte, Jauregui hizo hincapié en los en las consecuencias de un cuadro tarifario justo al remarcar que "un 300% de aumento en gas a una fábrica que consume poco más mientras que otra que si lo hace lo deja fuera del mercado".

El economista Claudio Lozano fue el encargado de abrir la audiencia de este sábado minutos después de las 9, en una exposición de cinco minutos en la que cuestionó que la propuesta del Gobierno nacional "le garantiza la rentabilidad a las distintas petroleras pero no se reasegura que se avanzará en cubrir la necesidad energética", al definir la situación como "la continuidad del comportamiento rentístico del oligopolio petrolero".

La antesala del anticipado momento político que preveía la nómina de los 27 legisladores nacionales de distintos partidos, fue tomando contenido con el paso de los representantes de los Sindicatos de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), de los Trabajadores del Subte; de Suteba La Matanza y de los gremios de los Trabajadores del Gas, de la Energía y Petroleros Jerárquicos.

Entre las voces del oficialismo que se escucharon en la jornada en la Usina del Arte, se destacó la presencia del presidente Provisional del Senado, Federico Pinedo, quien resaltó que la propuesta del Gobierno cubre con la tarifa social al 30% de los consumidores más necesitados, al cuestionar la inequidad del sistema de subsidios vigentes hasta la actualidad.

"El 30% de los subsidios benefician a los sectores más ricos, sólo el 10% a los más pobres, que son los sectores que no tienen red de gas y pagan la garrafa 400% más que los más ricos", dijo el legislador de Cambiemos al afirmar que "el actual sistema no es justo" cuando se pagan subsidios por 16.000 millones de dólares que equivalen a 18 millones de Asignaciones Universales por Hijo, 480 mil viviendas sociales y 3,5 millones de jubilaciones mínimas.

Otro de los expositores fue el diputado nacional por Cambiemos, Eduardo Amadeo, quien expresó que "desde 2005 a 2016 los subsidios aumentaron 165% a las empresas, además de que el Estado dedicó subsidios a gente que no los necesitaba" a pesar de lo cual "este dispendio no favoreció a los pobres, tampoco les brindó más gas".

Por su parte, el diputado nacional por el Frente Para la Victoria (FPV), Axel Kicillof, esgrimió una fuerte crítica a los aumentos y sostuvo que dichos incrementos "fueron hechos a medida de las empresas". "El Gobierno no entiende el enorme descontento que genera este enorme tarifazo que dispuso falto de oportunidad y de contexto", al reseñar que se da "después del aumento de 370% de la electricidad, de 200% del agua, de 100% del transporte y de una devaluación que ya supera el 50%" y aseveró: "No hay salario ni ingreso en la Argentina que se haya movido en esta proporción".
Los diputados del Frente de Izquierda, Myriam Bregman y Néstor Pitrola, criticaron los aumentos, como así también la audiencia pública.

"Este es un tarifazo a libro cerrado. Aquí nunca se explicó el destino de los subsidios", señaló Pitrola, al mismo tiempo que Bregman aseguraba que "este es un servicio público que no tiene por qué dar ganancia. Además, ni siquiera discutimos a dónde están los subsidios que se llevaron las empresas. No se puede discutir un tarifazo sin discutir eso", al exigir una auditoria "a las cuentas de las empresas que llevaron esto al desastre".

Al turno de las denominados Asociaciones No Residenciales, se escuchó en el recinto una gran coincidencia entre los distintos sectores de la producción, el comercio y los servicios que se consideraron afectados por los incrementos tarifarios del gas y que advirtieron ponen en riesgo la continuidad de sus actividades y de las fuentes de trabajo que generan.

Otro de los espacios que se consideró afectado por la actualización de tarifas, es el que integran las empresas de la cadena de valor del Gas Natural Comprimido y que reclamaron al Gobierno nacional equiparar el valor promedio del servicio del gas al del resto del sector industrial, el desdoblamiento del sistema de facturación y la reducción de la carga impositiva para evitar "la destrucción de toda la actividad del GNC".

"Como consecuencia de las medidas implementadas se verificó un demesurado incremento del 464% en el costo de gas natural para expendio de GNC, que pasó de 1,25 pesos por metro cúbico en marzo a 5,8 pesos en abril, de lo cual casi el 50 por ciento corresponde a impuestos", explicó Enrique Fridman, presidente de la Cámara de Expendendores.

De esta manera, las estaciones de GNC pasaron de recibir a partir de un aumento del 354 % del precio del gas a boca de pozo, como parte de "medidas del Ministerio de Energía que apuntan directamente a la destrucción de la industria del GNC y que de mantenerse en el tiempo generará un malestar social gran impacto a nivel nacional", advirtió.