Infraestructura: reparten cargos

El gobierno desencadenó anoche varias designaciones en cargos clave del gabinete. El entrerriano Guillermo Taibi será el nuevo secretario de Infraestructura, y el cordobés Elio Cipollati será el secretario de Transportes con Ernesto Drago de subsecretario.

Taibi fue ministro de Obras Públicas de su provincia cuando Jorge Busti (hoy senador) era gobernador. Cipollati ya se desempeñó en el cargo de Transportes bajo el gobierno de Carlos Menem y tiene como referente al gobernador José Manuel de la Sota.

Por su parte, Drago es un empresario vinculado a la cámara del Transporte Automotor.

• Responsabilidades

Esas funciones, como se adelantó, dependerán de la cartera de Economía y tendrán a su cargo, entre otras responsabilidades, integrar la Unidad Ejecutora que renegociará tarifas, impuestos y plan de inversiones de los servicios públicos que fueron privatizados bajo las condiciones de la convertibilidad peso-dólar.

Hoy Eduardo Duhalde tendrá para la firma la versión final de varios decretos demorados:

• Ley de ministerios. La última versión recogía ayer la permanencia de Infraestructura dentro de la cartera de Jorge Remes Lenicov.

• Hipótesis

• Designación de secretario de Comunicaciones. Anoche se confirmaba la hipótesis de que irá a ese cargo el ex diputado Juan Manuel Valcarcel, un hombre que tradicionalmente ha estado vinculado a los intereses del monopolio «Clarín». Políticamente, responde asimismo al ex diputado y hoy empresario Alberto Pierri. Para esa función se manejó también la posibilidad de que asumiera el cargo el diputado ortega-duhalde-belicista Palo Fondevila, esposo de la diputada porteña «Pimpi» Colombo (sector Béliz).

• Tributo a las exportaciones de petróleo. Anoche había ya en el gobierno circulando seis borradores distintos. Cuatro de ellos hablan de retenciones a las exportaciones de petróleo. Otros dos, de un aporte voluntario de las empresas, todo con cargo a solventar la salida de los depósitos del «corralito» bancario. La idea del aporte voluntario tiene muy poca chance, porque sólo la empresa Repsol-YPF lo acepta. El grupo Pérez Companc, por caso, lo rechaza. Además, debería salir por ley como un impuesto, lo cual lo convertiría en coparticipable con las provincias.

• Proyecto final de ley de presupuesto. La versión de anoche afirmaba que el déficit sería de $ 3.000 millones, cifra que permite cumplir con la decisión del gobierno de pagar el aguinaldo a los empleados públicos y jubilados nacionales. La idea de no abonar los aguinaldos la habían pedido varios gobernadores en dificultades a la Nación, y el presidente designado había prometido considerarlo. Anoche, sin embargo, la idea era pagarlos.