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Lo concreto: la semana que viene, Néstor Kirchner estará en los Estados Unidos, con motivo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con la expectativa de entrevistarse con George W. Bush (hasta anoche sólo estaba previsto que participaría de la gala que ofrecerá el presidente norteamericano a sus colegas). Para esa oportunidad, el Presidente quiere que esté garantizada la inmunidad de las tropas enviadas por el Pentágono. La urgencia no se corresponde con el primer tratamiento que el gobierno le dio a esa pretensión. De allí el problema, que llevó ayer al canciller y a José Pampuro (ministro de Defensa) a dar explicaciones ante las comisiones de Defensa y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.
Al poco tiempo de asumir en el gobierno, Bielsa y el resto del gabinete aclararon que, a diferencia de lo que había sucedido hasta ese momento, las tropas norteamericanas que ingresaran en territorio nacional sólo gozarían de una inmunidad «funcional», es decir restringida a los eventuales delitos cometidos en el ejercicio del cargo público que se ocupa. Enseguida, preparó un proyecto para enviar al Congreso, que sería el encargado de aprobar el régimen de protección.
El canciller introdujo dos innovaciones. Por un lado, le abrió el juego al Congreso, algo que no había sucedido nunca anteriormente para este tipo de trámites. Lo que se estiló hasta entonces fue que las cámaras aprobaran el ingreso de tropas y que fuera el Ejecutivo quien, con un acto administrativo ordinario, comunicara al país que enviaba los efectivos el tipo de tratamiento que tendrían desde el punto de vista judicial. Así se hizo a lo largo de los años.
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