Inseguridad: insisten en la doctrina abolicionista

La revista «Actitud» es un emprendimiento político-periodístico del oficialismo que se soltó las trenzas. Se dedica a exponer las posiciones del gobierno en todos los terrenos y exhibe como acápite una leyenda de la cual se avergonzaría cualquier medio: «Una revista que no es independiente». En medios políticos se la vincula al sector del kirchnerismo santacruceño, específicamente al empresario Rudy Ulloa Igor, ex chofer de Néstor Kirchner cuando ejercía la profesión de abogado y que hoy administramedios en Santa Cruz. En su última entregadedicó un largo reportaje al secretario de Política Criminal, Alejandro Slokar, quien en el Ministerio de Justicia representa la doctrina penal del juez de la Corte Raúl Zaffaroni. Conviene retener algunos conceptos de este abogado porque resume la doctrina oficial del gobierno, que explica la ola de delincuencia como una fatalidad que tiene sólo por razones sociales y que descree de que las leyes y el sistema penal puedan hacer algo por enfrentarla.

Periodista: El funcionamiento del sistema penal también está en crisis frente a la inseguridad en general que, junto con la desocupación, siguen siendo los principales motivos de inquietud de los argentinos.

Alejandro Slokar: Pero, si queremos huir de presentaciones simplistas, es indispensable reconocer que no hay posibilidad de análisis de la seguridad fuera del contexto en que las situaciones sociales se despliegan, que en gran medida son producto de modelos económicos llevados a cabo en la última década en el marco de proyectos políticos excluyentes. Las investigaciones criminológicas correlacionan la evolución del delito con variables socioeconómicas. Y esto es conveniente advertirlo, porque muchas veces se quieren presentar los problemas existentes como productos de este gobierno.

P.: Pero el delito aumentó en el último tiempo.

A.S.: La percepción del último tiempo en poco o nada se relaciona con una alza efectiva de los comportamientos delictuales, sino todo lo contrario. Objetivamente, desde 2003, las estadísticas que no mienten informan una sostenida tendencia a la baja del delito, que se ve acompañada del aumento de la producción y el trabajo. Esto funciona así en todo el mundo: si bajan la pobreza y el desempleo, baja el delito a la vez que se transforma. Luego, cuando hay elementos reales a favor, que además de las cifras incluyen la mayor presencia del Estado y las necesarias reformas policiales, el núcleo del planteamiento de algunos sectores es ideológico antes que lógico. La demagogia punitiva encabezada por políticos inescrupulosos y algunos empresarios de la comunicación pone al desnudo que la seguridad como prioridad de su agenda pública se traduce en sí misma en una pérdida de legitimidad de la política.

P.: ¿La seguridad tiene o no tiene ideología?

A.S.: La seguridad, además de ser un gran negocio, parece la utilización de un pretexto político por parte de sectores conservadores. O, si quiere más claro: cierta derecha amparada en segmentos autoritarios utiliza el argumentode la seguridad como pretexto ya que no tiene otro para oponerse a un sistema político, económico y social que está funcionando lo suficientemente bien para aquellos que apocalípticamente trazaron el peor panorama a dos meses de gestión.

P.: Algunos grupos de víctimas, con Blumberg como figura emblemática, insisten en reclamar mayor endurecimiento de penas y también la rebaja de la imputabilidad con la reforma de leyes.

A.S.: Toda víctima, a partir del dolor y la injusticia que le genera el delito, recibe el mayor respeto y consideración de parte del gobierno. Lamentablemente, muchas veces son instrumentadas por actores que además de nuclearse con la tradición más reaccionaria de la política argentina, siquiera conocen de lo que están hablando. Hay que reafirmar la búsqueda de soluciones que no sean soluciones penales. Ello importa un salto cualitativo intelectual y político respecto de un modelo mera y particularmente represivo.

A modo de ejemplo, el desaguisado que generaron en el Código Penal con las últimas reformas, frente a lo que se tuvieron que crear las condiciones para encarar el debate de una profunda renovación de la legislación, pero desde el convencimiento de que la seguridad con la ley penal tiene muy poco o nada que ver. Mientras tanto, en estos días se insiste con el mito de la imputabilidad. Se trata de un planteo que tiende a naturalizar la exclusión, modelándose a los «menores» como una amenaza sobre la que hay que descargar la ley penal y la mano dura, cuando es al revés: no son peligrosos, están en peligro, por la intemperie no sólo física sino también jurídica. Por ello es indispensable no caer en voluntarismos dogmatistas y reconocer que una ley es apenas una hoja de papel.

P.: Es evidente la existencia de desequilibrios y desigualdad en la sociedad, lo que tiene su correlato en el sistema de Justicia penal.

A.S.: Los más débiles son los que sin padrinos ni protectores pagan la incerteza del derecho, la arbitrariedad de las penas, la crueldad de las cárceles.