El ministra Nilda Garré reiteró el pedido de listas de agentes civiles de inteligencia a los tres jefes de las Fuerzas Armadas. La medida había sido canalizada a los titulares de los organismos de inteligencia castrense, general de brigada Ricardo Montero, capitán de navío Mario Abadal y comodoro Ricardo García a fines de setiembre a través del director de Inteligencia Estratégica Militar, licenciado Carlos Aguilar. La entrega de esas nóminas se había prorrogado porque Garré estaba de gira por Irlanda -fue a la inauguración de un monumento al almirante Guillermo Brown- pero insistió la semana pasada mediante una nota que exigía la entrega urgente de esas nóminas. Pidió la totalidad de los PCI (acrónimo en la jerga de los espías: personal civil de inteligencia) con indicación de documento de identidad, cargo y función que se hayan incorporado hasta 1990. La lista comprende así todos los agentes reclutados hasta esa fecha, abanico que incluye, obvio, a «presuntos Juanjos», sumados a la inteligencia durante la dictadura militar.
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¿Será el inicio de una drástica purga en las filas de los agentes civiles de las Fuerzas Armadas? Colaboró en la crisis que ganó a los PCI el postergado anuncio de aumento de salarios que ya se dio a los espías de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE). El proyecto para los espías militares contempla recomposición a través de suplementos no remunerativos a diferencia de los de la ex SIDE que fueron beneficiados con la suba en los haberes. Y eso que todos están regidos bajo el mismo régimen laboral: el Estatuto de Personal Civil de Inteligencia.
En el año 2000, el Ejército bajo el mando del extinto general Ricardo Brinzoni, había echado a 500 PCI en la mayor expulsión de personal que se recuerda desde la restauración de la democracia. Ese mismo año Fernando de Santibañes titular de la SIDE, despidió a 1.000 espías civiles por una reestructuración que no fue más que abrir vacantes a otros sectores de la política. El general Roberto Bendini y el almirante Jorge Godoy trataron el asunto en la tarde del martes pasado con el propósito de atenuar el pedido de listas negras. Escasa ayuda podrían aportar estos jefes acostumbrados a ceder a cambio de nada y cuyo reloj en la función pública ya marca las horas del despido.
La inteligencia castrense pasó a ser conducida directamente por un funcionario civil, la ministra de Defensa, luego del escándalo de espionaje a políticos en Trelew. El 23 de abril pasado Garré reglamentó por resolución el Sistema de Inteligencia de la Defensa y asumió -vía la dirección de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM)- todo el poder sobre las tres agencias de las Fuerzas Armadas. Se recluta personal entre ciudadanos comunes, hay profesionales, técnicos, y colaboradores en la nómina de esos servicios. La DNIEM, por su parte, echó mano a contratos de locación para cubrir vacantes en el 8º piso del Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares, edificio fachada del organismo que comanda Carlos Aguilar. El control civil actual parece continuar con prácticas que se reprocharon a los jefes del Proceso militar: la confección de «listas negras» fundadas en la sospecha. Interesa conocer los que fueron nombrados en períodos de quiebre democrático.
¿Cómo podrá ahora la DNIEM cumplir con funciones de inteligencia estratégica en un ambiente sesgado por la desconfianza entre agentes y funcionarios del sistema? La tensión interna que generó el pedido de listas negras disparó todo tipo explicaciones entre profesionales del sector. Preocupó la coincidencia entre el conflicto del gobierno con Irán por la responsabilidad en la voladura de la AMIA y la oportunidad elegida por Garré para el pedido de esas listas. La conmoción en los agentes civiles por el destape de su identidad paralizó las actividades. No hay capacidad de respuesta de la inteligencia militar cuando existen condiciones internacionales para nuevos atentados terroristas, ¿o acaso se piensa que Irán sólo replicará con pedidos de extradición de funcionarios de la Justicia argentina?, dicen en esos gabinetes. Más claro: vincularon la operación destape de legajos con el armado de ambiente propicio a actividades de inteligencia extranjeras. No se señala a Garré como parte de la presunta conexión iraní por su reconocida simpatía con el bolivariano Hugo Chávez, es innecesario, la torpeza también existe. A favor de Garré habría que decir que tuvo que lidiar con un legado complejo y afrontar, entre otras cosas, escándalos como la revelación de presuntas actividades de espionaje ilegal en una base de la Armada. Pero no ha resuelto el conflicto, más aún lo «nacionalizó» y puso bajo sospecha a toda la estructura de inteligencia castrense y hasta usó el fenómeno para imagen en sucesivas gacetillas de prensa.
La prudencia política indica que ese tipo de conflicto debería resolverse como lo hizo la chilena Michelle Bachelet en aquel caso de espionaje de militares trasandinos al consulado argentino en Punta Arenas. Se enjuició a los responsables -la cadena de mando de los uniformados- sin crispaciones al sistema de inteligencia militar chileno.
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