Insisten con la polémica ley de jueces

La CGE, sello que creó José Ber Gelbard, premió ayer a Cristina de Kirchner por tener alta imagen y haber ganado las elecciones. Un gesto para construir la burguesía nacional que esperan en Casa de Gobierno.

Cristina Kirchner ensayó un largo alegato político para defender la reforma del Consejo de la Magistratura, un proyecto de ley que resulta avasallador del Poder Judicial.

La primera dama escuchó ayer a los opositores a sabiendas de que el dictamen está firmado y que no se pueden introducir modificaciones. En rigor, una simulación de pluralidad democrática.

Por si quedaran dudas de cuál es la verdadera intención del gobierno, la senadora reforzó la instrucción a sus partidarios y le encomendó al Senado votar la iniciativa durante la sesión extraordinaria prevista para las próximas 48 horas. En la reunión de ayer, Cristina Kirchner consideró como «falso» que el oficialismo fuera a tener mayoría en el Consejo de la Magistratura.

«De los trece miembros, sólo cinco pertenecen al oficialismo. Y se siguen requiriendo dos tercios para destituir a un juez», sentenció. Olvidó la senadora mencionar que sólo ese número representa más de 40% de los votos, suficientes para trabar una decisión.

A lo largo de toda la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la senadora se esforzó por convencer a los críticos sobre la conveniencia de este proyecto y de respaldar las gestiones del gobierno en materia jurisdiccional.

Así se ocupó en destacar que es el único gobierno desde el retorno de la democracia que autolimitó por decreto sus facultades respecto del Poder Judicial. Dijo que el Presidente, al nombrar los miembros del Supremo Tribunal, ni siquiera los conocía personalmente y que no tuvo contacto con ellos sino hasta el momento de ofrecerles el cargo.

El proyecto de reducción del consejo de jueces establece que estará compuesto por tres legisladores de cada Cámara (dos por la mayoría y una por la primera minoría), tres jueces, dos representantes de los abogados de la matrícula federal, un representante del Poder Ejecutivo y uno del ámbito académico. El dictamen elimina: al presidente de la Corte Suprema; a un juez; a dos legisladores de la segunda minoría; a dos abogados, y a uno de los representantes del ámbito científico.

Sobre estas cuestiones apuntaron las críticas. La representante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Andrea Pochak, consideró que «este proyecto no redunda en una mejora del funcionamiento de la Justicia», y recalcó que «el sector político tiene quórum propio».

Además, Pochak indicó que la reducción del número de miembros «no mejora el tratamiento de los temas», tras agregar que de acuerdo con un relevamiento hecho por el propio CELS «en la mayoría de las reuniones del primer semestre los representantes del sector político no asistieron».

A su turno, el abogado Roberto Sava, de Poder Ciudadano, manifestó su « preocupación» de que el proyecto « ponga en riesgo los avances en la independencia de la Justicia conseguida en estos últimos meses».

Pero una de las afirmaciones que irritó a la senadora fue: «Este proyecto favorece al sector político que en este caso podría trabajar con quórum propio, no solamente a lo que se refiere al oficialismo, sino al sector político en general, lo cual sería contrario al art. 114 CN que establece el equilibrio entre sectores».

La primera dama replicó entonces: «Con esto no se está haciendo otra cosa que respetar el resultado de la elección popular. Si yo estoy acá es porque me votaron 3 millones de ciudadanos bonaerenses».

Y agregó: «No me considero más importante que un juez o un abogado, pero a nivel de representación sí me encuentro por encima de ellos. El hecho de que está formado por 7 políticos y 6 jueces no significa que se viole el equilibrio entre poderes».

Una vez que el Senado lo apruebe, el proyecto pasará a la Cámara de Diputados, que tratará la norma a principios de 2006.