Dependencias del Estado Mayor Conjunto que comanda el general de división Martín Paleo están bajo la lupa de la justicia militar por presuntas irregularidades pecuniarias. La pesquisa se enfocó en un alto oficial del departamento Finanzas del Comando Operacional del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas a cargo del general Martín Deimundo Escobal. La presunta malversación en perjuicio del Estado se habría cometido en oportunidad de la creación del Comando Electoral activado para la custodia de las elecciones PASO. El comando electoral se integró con personal del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea que se desplegaron en los 24 distritos del país, más los de las fuerzas de seguridad, un contingente total de más de 90.000 efectivos. El despliegue a nivel nacional involucra licitaciones para movilidad, viáticos, raciones, logística de millares de uniformados, un escenario que tienta a morder billeteras.
Los hechos denunciados apuntaron al coronel de intendencia Raúl García integrante de Finanzas del Comando Operacional, quien fue señalado por uno de sus colaboradores como presunto autor de maniobras de duplicidad de transferencias a proveedores, pago de viáticos apócrifos (inflar el número de beneficiarios), sustracción de información contable y reemplazo por otra amañada, entre otras novedades. El denunciante, teniente coronel de intendencia Gustavo Chávez pidió a las autoridades del Estado Mayor Conjunto iniciar una Información disciplinaria en los términos el Anexo IV de la Ley 26.394 (Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas). Los datos proporcionados por Chávez convencieron y el subjefe del Estado Mayor Conjunto, brigadier mayor Pedro Girardi emitió una disposición que en tres artículos ordena: la instrucción del sumario por falta grave con el siguiente texto; “En la ejecución de los recursos obtenidos con motivo del desarrollo de la primera etapa de las Elecciones PASO, podrían haberse llevado adelante procesos que no respetaran las exigencias normales y habituales, tendientes a resguardar la transparencia y la correcta utilización de los recursos públicos afectados a la misma, generando supuestas transferencias bancarias cuya regularidad debe ser investigada. Ello, alcanza también a determinar si se arbitraron las medidas necesarias para el resguardo de la documentación respaldatoria de los procesos en cuestión”. Y designa oficial instructor del sumario al coronel mayor auditor Fernando Torres, quien curiosamente había redactado el dictamen preliminar asesorando llevar adelante la investigación de marras. Reglas de imparcialidad aconsejan que quien produce el dictamen de asesoramiento nunca debería ser actor de la instrucción.
E. A.
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