Luciani, alegato y un nuevo capítulo para la "guerra de sensaciones" (I)

Política

Lo que nadie vio en el primer tramo de la acusación. Cómo pasó desapercibido el celular de José López y los ejes que desplegará el fiscal. Recusación de Cristina a un juez podría tener resultado inesperado.

El comienzo del alegato del fiscal Diego Luciani en el tramo final del juicio oral “Vialidad”, pese a ser un paso más en el previsible desarrollo de la acusación que tiene todo proceso de debate, se transformó en el catalizador que aceleró la desmesura de las tribunas a ambos lados de la grieta. Desde los que consideran que Cristina de Kirchner es culpable de delitos por la mera enunciación en voz alta de lo que el fiscal –a su criterio- cree haber probado sin mayor profundidad, hasta los que para defender a rajatabla su inocencia apelan a insignificancias. En síntesis, se inauguró un capítulo más de la guerra de sensaciones que atraviesa la vida política y los procesos judiciales que se le vinculan, en la Argentina. De costado, los detalles que tienen real importancia.

Un alegato es una exposición medianamente razonada a partir de la cual se exponen los fundamentos de las conclusiones arribadas tras haber valorado la prueba producida en un juicio. Si existe para la acusación, luego, existe para la defensa. Las omisiones del primero y sus eventuales errores pueden ser aprovechados por los segundos. No es ni más ni menos que la construcción de un relato que busca convencer, usar a su favor cualquier elemento que le permita apuntalar una posición, esquivar los que lo contradigan y, en la práctica, no necesita estar exactamente apegado a lo que el resto percibió como resultado del juicio. Donde hay políticos involucrados, hace rato, la cuestión dejó de ser “hecho y prueba” solamente. Se cruzan otras variables.

Ante un debate que le fue muy esquivo en materia probatoria a lo largo de 3 años y que le ocasionó múltiples cruces por la forma de interrogar, Luciani sacó en el alegato dos conejos de la galera: el teléfono del exsecretario de Obras Públicas José López, cuyo contenido fue utilizado en la causa por la que se lo condenó por enriquecimiento ilícito; y el análisis de todas las licitaciones por las que recibió obras el conglomerado de empresas de Lázaro Báez en Santa Cruz. La estrategia del fiscal gira casi exclusivamente sobre estos dos ejes por lo que podría permitirse prescindir del peritaje realizado únicamente sobre cinco obras de las 51 cuestionadas. Ese estudio destinado a probar supuestos sobreprecios pero además de recibir conclusiones contradictorios adolece de otras precisiones, además de lo reducido de la muestra: tuvo a un perito oficial cuyo problema principal no fue twittear contra Cristina sino usar valores comparativos provistos por una revista. Algún día alguien indagará en cómo Bona fue incluido en la lista de peritos especialistas que iba a aterrizar en esta causa. Por eso, sacando la hojarasca, el histrionismo, el énfasis y la adjetivación, Luciani se aferra a probar que Báez tenía un canal preferencial de pago por sobre otras empresas del rubro, no tenía la capacidad para realizar las obras que se le adjudicaban y cuyos gastos (si bien eran aprobados legalmente) tenían un vicio de origen que probaría un direccionamiento a su favor nacido de un esquema permanente de funcionarios puestos a favorecerlo. Solo considerando este origen teóricamente preparado para tener un solo beneficiario podría eludir la ausencia de procesos licitatorios formales, redeterminaciones de precios acordes (como declararon varios testigos) y obras culminadas, pese a ciertas vicisitudes que ni siquiera pudo sostener la auditoría encargada por el exVialidad amarillo Javier Iguacel. Eso y que 14 licitaciones no pasaron por el Congreso para su validación.

¿Cómo probar que la expresidenta no solo tenía conocimiento sino que impartía órdenes para que se cumplimente ese designio criminal? Esa sigue siendo la parte difícil. No solo por echar mano de la figura de la asociación ilícita que superpuesta a un organigrama funcional de un gobierno desata múltiples inconsistencias jurídicas. Sino porque la “prueba” de ello surgiría del teléfono de López cuando se la invoca en un supuesto plan para “limpiar todo” y acelerar una serie de pagos a fines de 2015 cuando iba a cambiar el gobierno. El haber guardado esa prueba para sorprender en el alegato engendra su propia debilidad: no hubo testigos que declararan en este juicio sobre la veracidad de los hechos que se relatan en los mensajes. ¿Cuántos defensores de los acusados se opusieron a la inclusión de ese material en la última audiencia de ofrecimiento de prueba para los alegatos? Solo la defensa oficial de López. Increíble. La fiscalía se llevó la marca proponiendo incluir dos libros escritos por Mariana Zuvic y un periodista (rechazados) en el mismo paquete donde ya conocía qué tipo de chats habían sido extraídos del celular del hombre con los u$s9 millones en un convento. El problema con “Josecito” fue que todo el espectro político cerró la puerta y tiró la llave cuando cayó en desgracia. Algunos por la incomodidad de su perenne participación en los gobiernos K; otros para no indagar demasiado en el origen de esa fortuna, lo que podría haber pegado en la otra orilla.

Hasta ahora, ese teléfono le permitió a Luciani jugar a cruzar las fechas de ciertos mensajes con el resultado de algunas licitaciones y hasta salpicar a Máximo Kirchner. ¿Podría el fiscal finalmente excluir del pedido de condena a alguien de apellido Kirchner? Poco probable que con eso solo mitigue la lectura de “Lawfare” que hace el oficialismo. La última carta que guarda Luciani es una suerte de correlación existente entre los montos depositados por las obras que guardarían relación temporal y cuantitativa con los que eran depositados para los alquileres que receptaba la firma Hotesur y la exfamilia presidencial.

La convicción del kirchnerismo de que todo el proceso tiene como fin último proscribir a Cristina es enunciada con una fuerza que es inversamente proporcional a su posibilidad fáctica. Pero es una salida política completamente lógica. Para que quede firme una inhabilitación, debiera en simultáneo quedar firme una eventual pena. No hay certeza de un veredicto antes de fin de año, con lo que las conclusiones del juicio podrían llegar a 2023, con un intermedio de dos meses para los fundamentos, instancia para apelar. No es factible que antes de marzo ingrese a Casación, donde podría demorar un año más. Ese tribunal es en realidad el estratégico, de aquí a futuro. Ni hablar cuánto podría demandar que el asunto termine en la Corte otra vez, para algunos, y en este tipo de casos, instancia definitiva para que algo encuentre firmeza. Pero si con el calendario no alcanzara, existe el precedente Menem en la causa de armas. La justicia electoral prohibió su candidatura a senador en 2017 por la condena en el caso “Armas”. La Corte corrió para en un plazo abreviadísimo sostener que tenía un caso bajo análisis y que no se encontraba firme. La Cámara Electoral volvió sobre sus pasos y el riojano pudo competir.

Si la alusión a Máximo concitó la atención de parte de la tribuna que busca percutir con el tenor de la acusación, pasó bajo el radar que el fiscal también pidió extraer testimonios para investigar a la familia Eskenazi (por Petersen Thiele&Cruz) a quien el juez Claudio Bonadio había hecho invisibilizar de casi todas las causas.

A partir de la difusión de fotos de encuentros futbolísticos entre Luciani, uno de los jueces del Tribunal Rodrigo Giménez Uriburu y algunos referentes del macrismo, Cristina de Kirchner anunció que los recusará hoy. Si tiene éxito, lo reemplazará la cuarta jueza, Adriana Palliotti, la única que votó porque se realice el juicio Hotesur-Sauces.

Esta guerra de sensaciones tendrá otro capítulo.

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