Jueces dicen que padrones son válidos para la interna

Hasta anoche, al menos cuatro de los jueces electorales del interior -uno de ellos sería el cordobés Ricardo Bustos Fierro-le habrían respondido a su par, María Servini de Cubría que en sus distritos no existen padrones «truchos» como denunció Eduardo Duhalde a quien la jueza federal porteña le requirió por escrito que ratifique o rectifique sus declaraciones públicas.

De todos modos se especulaba en tribunales que, obviamente, ningún magistrado reconocerá errores previos, porque tienen responsabilidades implícitas al tener que controlar que los padrones que le acercan los apoderados partidarios deben coincidir con sus propias listas de electores oficializadas. Además, los jueces -hasta la denuncia concreta-no pueden establecer si la afiliación fue compulsiva, voluntaria o falsificada.

Claro que estas interpretaciones se hicieron antes de que trascienda la respuesta de Manuel Blanco, juez federal de La Plata que controla el mayor padrón electoral del país, aunque su opinión no es desconocida. En el pasado se quejó ácidamente por la existencia de padrones irregulares en su distrito al punto de discrepar con varios de sus colegas. Blanco es un juez con muchos años en el cargo y sus opiniones no son desconocidas por Duhalde desde la época en que el presidente designado ocupaba el sillón de gobernador cerca de su despacho en La Plata. La cuestión de los padrones ya fue esgrimida como factor de presión política en el anterior calendario electoral del gobierno que lo enfrentó seriamente con la Cámara Nacional Electoral, un tribunal que no se podrá eludir en este nuevo enfrentamiento.

• Acuerdo político

Es que la nueva judicialización de las internas, fundamentalmente la peronista, fue interpretada en la Justicia y aún en círculos jurídicos que asesoran a Menem como el apoderado del consejo nacional del partido, César Arias, de ser funcional a la estrategia de Duhalde de estirar al máximo su permanencia en el gobierno o recrear sus posibilidades para presentarse como candidato y por ello, buscan un acuerdo político. «La situación puede complicarse seriamente, abriéndose un proceso convulsionado», preocupó uno de los jueces electorales.

Según esta interpretación, la pelea en los tribunales obligará a un proceso judicial que desbordará al calendario electoral y se extenderá por sobre el 27 de abril, fecha establecida para las elecciones presidenciales. El apoderado de Menem, Luis Giacosa, hizo reserva del caso federal y la pulseada político-judicial deberá ser resuelta por la Corte, un poder que con la llegada de Juan Carlos Maqueda y la deserción de Antonio Boggiano a la mayoría automática, se presenta como una verdadera incógnita para establecer «a priori» la dirección de sus fallos. Pero, además, en esa instancia se encuentra adormecida una causa que cuestiona la legitimidad de Duhalde para convocar a elecciones, invalidando toda la normativa esgrimida hasta ahora.