Derrota del Gobierno: euforia en tribunales que descuenta el adiós a las reformas judiciales

Política

Electorado impermeable a la agenda judicial. Languidecen proyectos. Festejan jueces que suman destrato e intuyen cambio de viento. Dilema oficial: ¿qué pasa si envía al Senado 90 cargos antes de diciembre?

Cierta euforia dominó las reacciones en tribunales en las primeras 24 horas posteriores a la derrota electoral del Gobierno en las PASO. La repercusión inmediata tuvo como epicentro el estratégico fuero federal –el que más relación tiene con la política- que tradujo en sorda satisfacción la “catástrofe” que vivió el oficialismo a nivel nacional, la noche del domingo.

Las lecturas proyectaban distintos escenarios: algunos de un rechazo más ideológico en el refractario Poder Judicial se frotaban las manos, intuyendo un cambio de vientos político; los menos identificados con un posicionamiento, justificaban el cachetazo en la soberbia que también dominó la relación con jueces y fiscales. Un diagnóstico fue unívoco: la agenda judicial quedó sepultada (más allá de que llegarán fallos importantes antes de las elecciones generales), y junto a ella, la reforma judicial impulsada por el Ejecutivo en sus distintos frentes ya no tiene signos vitales.

A la par se abrieron una serie de interrogantes (varios apresurados) sobre si es prudente o no apurar la designación de jueces que tiene a mano Alberto Fernández, ante el temor de que a partir de diciembre se reconfigure el Senado y el peronismo no cuente con el número suficiente para darles acuerdo. Y qué podría pasar con algunos concursos clave.

Hubo también varios mensajes que buscaron confirmar escenas dramáticas que se vivieron en el bunker del Frente de Todos para mensurar el nivel de dispersión que la derrota generó en el oficialismo. Las apuestas giraron en torno a cuál de los “federales” sería el primero en “envalentonarse” contra el Gobierno, con decisiones adversas. Y cuántos iniciarían “renegociaciones” ante promesas o acuerdos realizados en otra posición de fortaleza.

El Consejo de la Magistratura será el termómetro y el primer test relevante podría ser el estratégico concurso para la Cámara Federal de Comodoro Py. Si se congela o logra llegar a buen puerto para definir una terna que precise cierto grado de consenso para el reemplazo de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. En noviembre cumplirán un año extra desde que la Corte Suprema limitó los traslados. Algunos ven este concurso como la primera víctima pos PASO.

En despachos oficiales y también en el mundo de tribunales hubo coincidencia en la impermeabilidad del electorado a la agenda judicial y en el desinterés absoluto en el programa de reformismo que el Gobierno ya había dejado languidecer. Las urgencias y preocupaciones están en otro sitio, evidentemente. La única opción de reanimar la reforma del Ministerio Público Fiscal es una rara alquimia legislativa combinada con pasar con la ambulancia por donde hayan quedado heridos de las internas opositoras. Una tesis de laboratorio.

Los cálculos que se activaron incluyeron a uno de los ganadores que emergieron de la primaria, pero con la mirada puesta en las presidenciales de 2023: Horacio Rodríguez Larreta. El jefe de Gobierno ya trabaja con traje de candidato de manera subterránea para extender lazos en los tribunales con algunos hombres designados para construir esas relaciones.

Cómo repercutirá un resultado adverso para el kirchnerismo si se confirma en noviembre disparó múltiples especulaciones para las causas judiciales en trámite y sus posibles desenlaces. El clima de satisfacción dio hasta para bromas internas sobre el giro que podrían adoptar algunos jueces si ven diluirse el poder del oficialismo.

Un cataclismo que se llevara por delante la mayoría de senadores del PJ hizo pensar en apurar una serie de designaciones antes de un eventual recambio el 10 de diciembre. Hay 35 ternas elevadas por el Consejo que esperan la lapicera presidencial para solicitar acuerdo. Hay 90 cargos en juego, algunos de relevancia estratégica. Por ejemplo tres vocales para la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, la Sala Especial dentro del fuero Civil y Comercial Federal para el Tribunal de la Competencia, dos juzgados en lo Contencioso Administrativo Federal, el Juzgado Federal de Jujuy, de Tucumán, un juzgado federal de Lomas de Zamora y uno de Hurlingham, más otro de primera instancia en Rosario, seis posiciones para los Tribunales Orales Federales en La Plata, dos para la Cámara de Apelaciones de Rosario, 1 de San Justo y 1 para Salta, y otras dos vocalías para La Plata, lo mismo que San Martín, el juzgado federal de Mar del Plata, el de San Nicolás, varios para la Casación Nacional y otros tantos para tribunales orales de la Capital Federal, son algunos de los ejemplos. A los que se suman vacantes a cubrir en la justicia del Trabajo, la Civil y la Comercial con asiento en CABA. Todo ese combo viene con un delay para su despacho al Senado, pese a la última tanda de acuerdos obtenida en 30 pliegos. Comparativamente, lo que está en reserva en tácticamente superior por su nivel de incidencia en el diseño judicial.

Pero el problema es que echar mano de aprovechar la ventana antes de que una mayoría circunstancial pueda cambiar expone al oficialismo a reventar los puentes de negociación en la Cámara Alta con la oposición en esta materia. El dilema es complejo. Fue tema ayer sobre qué puede ocurrir, sumado al impasse en el que ingresó la designación del Procurador General en los términos que hoy fija la ley. Todo este lío casi que hizo desaparecer como una preocupación cuál va a ser el recambio de autoridades en la Corte Suprema. Sin diálogo institucional, la presidencia del máximo Tribunal pasa a segundo plano, en este contexto.

Convivían anoche dos lecturas contrapuestas: que el oficialismo se vería forzado a dejar de lado su constante percusión hacia el Poder Judicial. El “Lawfare” es difícil de compatibilizar con un escenario tan magro en términos económicos. Fue Cristina de Kirchner y su entorno más cercano los que hace rato han girado sigilosamente para soslayar la palabra para reemplazarla por persecución judicial. El destino de la causa del Memorándum con Irán y su evaluación para ir o no a juicio es otro de los interrogantes para develar.

De hecho, en la calculadora judicial, a partir de noviembre empieza poco más de un año y monedas para la resolución de los expedientes judiciales arrastrados de 2015 (o antes). ¿Cómo será ese sprint? ¿Con la arremetida final o sin margen para emparchar nada?

Los judiciales pidieron información del búnker. La mitad del Gabinete abandonó el lugar detrás del presidente. Otros, con mayor cautela se quedaron craneando escenarios. Hubo otra sorpresa: esta es la primera vez que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) no es capaz de arrojar algún tipo de resultado verosímil que anticipe con información calificada. Ni siquiera hubo un punteo. Hace muchos años se hacían presenciales y con un mínimo de 5 mil casos de muestra. Se encargaban a una consultora que no sabía para quien trabajaban. Más cercano en el tiempo las hacían directamente los agentes. Eso quedó en el pasado.

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