Juez de Greco dijo que no va a dejar caer la causa

Gerardo Morales y Ernesto Sanz visitaron ayer los tribunales de Comodoro Py. Dicen que aún es posible evitar que el juez Francisco de Asís Soto continúe con el proceso de pago de la cuestionada deuda al ex grupo mendocino.

El escándalo que provocó en el país el caso Greco entró desde ayer en una nueva etapa. Los radicales Gerardo Morales y Ernesto Sanz -quienes lo denunciaron en el recinto del Senado en diciembre de 2006 y con eso lograron frenar una ley que, a escondidas, disponía el pago de esa cuestionada deuda de casi u$s 200 millones- se presentaron ayer ante el juez Sergio Torres para aportar como prueba el resultado de toda la investigación que desarrollaron en el último año y medio. Se fueron con la promesa de que el juzgado no dejará caer la causa. El objetivo ahora no sólo es conseguir que se procese en la causa a Felisa Miceli (por haber ordenado un pago que consideran indebido) y a los funcionarios del área legales del Ministerio de Economía (por facilitarles a los Greco en la Justicia el reconocimiento de su deuda sin oponer defensas a favor del Estado): la intención es frenar el pago que los abogados de las familias Greco-Bassil siguen tramitando en el juzgado de Francisco de Asís Soto. Ese juez, a pesar del escándalo, siguió decretando medidas para que el Estado cumpla con la deuda que fue homologada en su mismo juzgado en 2005, cuando los funcionarios de Economía desistieron de reclamar a los Greco todos los pagos que los distintos gobiernos habían hecho por cuenta y orden de sus empresas intervenidas y, en algunos casos, quebradas.

La cuestión no es menor: como el juicio penal (iniciado por la propia denuncia de Miceli, cuando ordenó autoinvestigar a todo el ministerio en medio del escándalo en un intento de salvar la gestión y por otra del abogado Ricardo Monner Sans) no ha avanzado en cargar las responsabilidades del caso o probar el ilícito, es imposible para los abogados del fisco impugnar el pago que en la Justicia civil sigue tramitando-Asís de Soto (el mismo juez que lleva la ejecución del convenio entre los Greco y el Estado desde hace años). Por lo tanto, esa ejecución sigue adelante, al punto que el juez ya ordenó embargar títulos de deuda para pagarles a los Greco. Curioso cuando en Justicia penal ya están convencidos de que de haber presentado las pruebas a tiempo contra el grupo mendocino hoy, por el contrario, se les estaría reclamando el pago de una deuda a los Greco. La investigación que realizaron los senadores radicales -que ya fue presentada en el Senado la semana pasadallegó a calcular el monto de esa deuda que los Greco- Bassil mantienen con el Estado y que los abogados de Economía nunca quisieron investigar.

«Le estamos dejando al juez Torres nuestros papeles de trabajo porque estamos a tiempo de revertir el juicio comercial y trastrocar el papel del Estado de deudor en acreedor; y de sancionar administrativamente a los funcionarios que intervinieron». Así, Sanz y Morales intentaron explicarle la estrategia a Torres.

«Nuestra investigación ha llegado a la conclusión de que el grupo Greco, lejos de ser acreedor del Estado nacional, es deudor por, al menos, $ 179.720.000», explicó ayer Morales en los tribunales de Comodoro Py.

Ese monto, de todas formas, no es definitivo. Le falta calcular la deuda que el Banco de los Andes -principal brazo financiero del grupo Grecodejó pendiente con el Banco Central.

«Falta aún determinar qué montos afrontó el Estado a través del Banco Central por la quiebra del Banco de Los Andes, integrante del grupo Greco, y otros posibles desembolsos que no han sido aún determinados, por lo que hay que seguir la investigación», explicó ayer Morales en el juzgado.

Victoria legislativa

Para el radicalismo, el caso Greco representa no sólo un escándalo para mortificar al gobierno, sino también la máxima victoria legislativa de los últimos años. Por eso ayer Sanz recordó: «Con nuestra intervención en la Cámara de Senadores, abortamos la maniobra de la ex ministra Felisa Miceli, quien buscó que el Congreso votara una ley de ampliación presupuestaria que le otorgaba fondos para hacer frente a un pago que el grupo Greco no tenía con el Estado por casi 600 millones de pesos».

En la investigación del caso Greco hay dos personajes claves que conocen todo el desarrollo del escándalo: la renunciada abogada del Ministerio de Economía, María Eugenia Martínez, y Jorge Amado, subsecretario de Deuda Pública. Por eso ayer los radicales, junto con la documentación que entregaron al Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 12, a cargo de Torres, solicitaron que ambos fueran citados a prestar declaración.

Martínez trabajó en el área de Asuntos Jurídicos de Economía hasta el año 2003 cuando, sin existir demasiada explicación, presenta la renuncia. Antes de irse del Estado, Martínez había solicitado a la Justicia -que por entonces todavía esperaba que tanto los Greco como el Estado calcularan las deudas mutuas que mantenían por aplicación del acuerdo firmado entre el grupo intervenido en 1980 y el gobierno de Raúl Alfonsínque se abrieran 38 pliegos de prueba, uno por cada empresa de los mendocinos, para calcular qué pagos había hecho el Estado en su nombre para mantener las empresas funcionando o por haberse hecho cargo de las deudas. A Martínez la sucedió Beatriz Pernas, que bajo las órdenes de Yolanda Eggink, el subsecretario Osvaldo Siseles y el secretario Eduardo Pérez, todos funcionarios de Roberto Lavagna, desecharon continuar con esas pruebas y terminaron homologando el 11 de agosto de 2005 una deuda a favor de los Greco por $ 332,4 millones, que luego terminó convirtiéndose a diciembre de 2006 en $ 578 millones.

Amado tiene también mucho que decir a la Justicia. Como resultado de la investigación de Sanz y Morales se supo que el funcionario intentó frenar, en al menos cuatro ocasiones, el proceso de pago del grupo que se tramitaba en 2006, cuando Miceli ocupaba el Ministerio de Economía. Fue quien recibió la orden de pagar de Alfredo Mac Laughlin, secretario de Finanzas de entonces, y la rechazó por no existir bonos disponibles. También fue el único funcionario que elevó a sus superiores un memo en el que reveló que el ministerio sabía que, al menos, existían $ 164 millones de deuda de los Greco con el Estado que no habían sido incluidos en la liquidación judicial.

Amado, finalmente, es quien envía Jorge Capitanich al Senado el ya famoso mail donde se detalla que las deudas se pagarían con el proyecto de emisión de bonos que Miceli envió al Congreso, describiendo allí todas las órdenes de pago a favor de los ex integrantes y herederos del grupo. Ese mail hizo que Capitanich tuviera que revelarles por entonces a los radicales que Economía estaba intentando esconder en el proyecto el pago a los mendocinos.

Por eso la participación de los dos funcionarios es considerada clave en el expediente para poder imputar penalmente a los responsables del intento de fraude al Estado y luego proceder a frenar la ejecución que aún siguen intentando los Greco.