Jueza ordenó a congreso PJ realizar internas directas

Política

La jueza María Servini de Cubría limitó ayer las pretensiones de Eduardo Duhalde de proscribir a Carlos Menem evitando las elecciones internas partidarias para definir candidato con vistas a los comicios del próximo 27 de abril. La magistrada prohibió, a través de dictamen, al congreso del PJ convocado para hoy en Lanús, que instrumente el sistema de neolemas. Esta pretendida manipulación del mecanismo electoral faculta, además, al organismo partidario para designar directamente a los candidatos a presidente y a vicepresidente. Servini de Cubría considera que se violan artículos de la Constitución, que resguarda el sistema directo y abierto de elecciones primarias, y la legislación electoral. La decisión se adoptó al hacerse lugar a un recurso de amparo que presentaron Menem y su compañero de fórmula, Juan Carlos Romero. El duhaldismo contestó a través del apoderado del congreso del PJ. Jorge Landau anticipó que hoy, antes que se inicie el cónclave partidario, apelará el fallo de Servini de Cubría. Pronosticó que la jueza concederá a la apelación, por lo que deberá intervenir la Cámara Nacional Electoral. Eduardo Camaño, presidente de la mesa del congreso, ratificó la realización del encuentro, aunque su temario depende de la forma con que la jueza otorgue el recurso. De todos modos, desde el menemismo se considera que no habrá marcha atrás en la decisión de suspenderlo por parte de Servini de Cubría. La medida sorprendió al presidente provisorio, José Luis Gioja, quien llamó a una reunión de urgencia a Camaño y al ministro del Interior, Jorge Matzkin. Sin embargo, desde la mañana, por canales extraoficiales se conocía en la Casa Rosada la decisión que horas más tarde iba a adoptar la jueza electoral nacional. Servini de Cubría sostuvo, entre sus fundamentos, que «el sistema de neolemas dejaría sin representación al Partido Justicialista en las próximas elecciones nacionales, por no encontrarse contemplado en la legislación nacional que rige la materia electoral ningún sistema que admita expresamente la registración de más de una fórmula por partido político reconocido para los cargos de presidente y vicepresidente de la Nación».

La jueza electoral nacional María Servini de Cubría hizo lugar ayer al recurso de amparo presentado por Carlos Menem y le ordenó al congreso del Partido Justicialista, convocado para hoy en Lanús, que se abstenga de dictar resoluciones que violen la ley de partidos políticos o garantías constitucionales.

La decisión judicial frenó el principal objetivo del duhaldismo de modificar, entre otros, al artículo 26 que establece elecciones internas abiertas para afiliados e independientes, y soslayar lo establecido por la propia Constitución de que la elección de los candidatos para cargos nacionales, provinciales y municipales debe hacerse por la vía directa, sin caer en métodos indirectos, como puede ser el surgimiento de una fórmula presidencial a través de un cónclave de delegados partidarios.

En su parte resolutiva, Servini de Cubría le comunicó a la mesa del consejo que preside el duhaldista de paladar negro, Eduardo Camaño -titular de la Cámara de Diputados de la Nación-, que ese cuerpo «deberá abstenerse de designar directamente candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación, y de introducir en la carta orgánica partidaria reforma alguna tendiente a incorporar el llamado sistema de 'neolemas' y/o cualquier otro procedimiento similar que no resulte de posible aplicación por no encontrarse contemplado en la legislación electoral vigente». Precisamente, en el telegrama de convocatoria, Camaño había prefijado el temario que contiene la modificación de diversos artículos referidos al manejo económico del congreso y del consejo que preside Menem, y entre esos puntos, planteó la suspensión -por esta única vez- del artículo 26 y establecer el controvertido sistema de neolemas -concurrencia de distintos candidatos del PJ a las elecciones generales- que roza disposiciones constitucionales.

Precisamente, esta inclusión fue lo que obligó a los apoderados de la fórmula Menem-Juan Carlos Romero para pedir el recurso de amparo en contra de las disposiciones del congreso sin correr el riesgo de ser declarado en abstracto, como se analizó en un principio en la Justicia electoral. Luis Giacosa, Rafael Ciccia y Diego Alvarez Bognar plantearon que se respete la realización de las elecciones internas fijadas por otro congreso peronista para el 23 de febrero próximo.

En ese acto deberán surgir los candidatos que representen oficialmente al justicialismo en las elecciones generales del 27 de abril, en primera vuelta y 18 de mayo, si se realiza ballottage. El Decreto 2.356/'02 establece, además, que la transferencia del mando presidencial se hará el 25 de mayo, una fecha que Duhalde jura cumplir a rajatabla pese a las dudas que generan sus enfáticas afirmaciones.

• Dudas

Por ello, ayer -pese a la euforia en algunas capillas menemistas- en los tribunales corría otra lectura: ¿qué pasa si se cae en una seguidilla de congresos o este mismo desconoce la resolución de la jueza electoral, como ya ocurrió con el caso Salvatierra que impugnaba las elecciones abiertas para todos los partidos de manera simultánea y sin distinción alguna entre afiliados propios, de otros partidos e independientes? ¿Esto último obligaría a Menem a pedir la nulidad de lo actuado ingresando en un proceso judicial que desborde los plazos fijados por Duhalde para entregar el mando, favoreciendo lo que ya se considera su estrategia de postergar todo para poder presentarse como candidato ante la carencia de delfines potables para el resto del peronismo? Estas dos preguntas sembraron de dudas sobre la continuidad y legitimidad del proceso electoral.

Es que en el mismo juzgado de Servini de Cubría duerme desde hace un tiempo un recurso para que se le niegue a este gobierno facultades para acortar el mandato otorgado por la Asamblea Legislativa y convocar a elecciones. Si la jueza decide sobre ese planteo de un afiliado de Lomas de Zamora, el proceso electoral se verá envuelto en una maraña judicial que terminará en la Corte, donde ya se puso en claro que no se pueden dictar decretos por parte del Poder Ejecutivo que avancen o modifiquen cuestiones electorales, fiscales y penales de acuerdo con lo que establece la Constitución reformada de 1994. Por ello, se cree, en determinadas esferas judiciales, que si la interna peronista no se resuelve en un acuerdo político, difícilmente podrá solucionarse desde la Justicia, porque también debe contemplarse el interés del resto de los partidos políticos.

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