Oficialismo amaga con un juicio político a Casal pero testea opción "jury" como si fuese un fiscal más

Política

El kirchnerismo apunta a iniciar trámite de destitución de procurador interino. Pero existe otro plan: enfrentarlo a la chance de que se evalúe eventual mal desempeño en su rol de procurador ante la Corte.

La Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal de la Nación puso primera al avance del pedido de medidas de prueba respecto al comportamiento del procurador interino Eduardo Casal, mientras que el kirchnerismo pone proa para impulsar el tortuoso camino de la apertura del proceso de juicio político en su contra. Eso es lo que aparece en la superficie en el intento por esmerilar al jefe interino de los fiscales. Pero en realidad está sondeando el terreno para otro escenario: analizar que sea juzgado como un fiscal más, a través de un jury de enjuiciamiento, en un proceso que lo iguala a cualquier fiscal por ser el procurador ante la Corte más antiguo. En esa hipótesis, y con una designación formal en ese sitial a partir de una interpretación entre la nueva y la vieja Ley de Ministerio Público, el kirchnerismo buscará también cuestionarla. De este modo, no sería necesario someterlo a un juicio político que requiera en sus diversas etapas dos tercios de los votos de Diputados y lo mismo del Senado, en el mejor de los casos de que se apruebe un dictamen en la Comisión de Juicio Político de Diputados por mayoría. Ese escenario enfrentaría si fuera un Procurador designado con acuerdo del Senado. La estrategia de un sector del kirchnerismo es enfrentarlo a Casal a otra opción: que se le siga un proceso disciplinario dentro de la órbita del Ministerio Público Fiscal. Eso es con el Consejo Evaluador de por medio y sin la intervención en el trámite del propio Casal, por ser el aludido. Su suerte así quedaría a manos del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal. Las chances de éxito de este plan son limitadas, pero pueden colaborar con el operativo esmeril para provocar su renuncia, algo que Casal descarta, según dicen cerca de él. La vía del juicio político que quedó plasmada ayer parece ser sólo un efecto distractivo.

Vía videoconferencia, la reunión de la Bicameral no estuvo exenta de cruces entre oficialistas y opositores, que lo respaldan. La Bicameral –que preside Martín Doñate- girará los 12 pedidos de enjuiciamiento, después de la votación de ayer. Lo cierto es que es más sencillo que el oficialismo obtenga los dos tercios de los votos en el Senado para aprobar la candidatura de Daniel Rafecas que logre promover la destitución de Casal. Aritmética: necesita menos votos y menos tiempo.

Para mañana, la Bicameral citó a la fiscal comercial Gabriela Boquín, sumariada disciplinariamente por Casal a instancias del Consejo Evaluador, y a cargo de la sonora denuncia por el acuerdo fallido que licuaba la deuda del Correo Argentino de la familia Macri. El llamado del procurador para avisarle de la apertura del sumario generó rechazos entre otros fiscales y cruces ayer entre legisladores vía Zoom. Ya hubo chispazos cuando por la cuarentena Casal pidió una prórroga para remitir documentación que solicitó la Bicameral, algo que finalmente comenzó a enviar el viernes. Opositores, acusados por kirchneristas de “apañarlo”, pidieron citar a Casal para que brinde explicaciones, antes del giro a Juicio Político. Para radicales, se trata de un “avasallamiento” y de someterlo a una “hoguera pública”.

El diputado Nicolás Rodríguez Saá (FdT), vicepresidente segundo de la Comisión de Juicio Político, confirmó que desde ese cuerpo se llevarán “adelante todas las actuaciones para iniciar el proceso como corresponde bajo las normas que rigen el reglamento de la Cámara e iniciar el juicio político a Casal por mal desempeño de sus funciones”. Ese proceso no es nada sencillo: agotada la etapa de investigación, la Comisión deberá emitir un dictamen de enjuiciamiento que sea aprobado por la mitad más uno de sus integrantes, en menos de tres meses. Testigos, pruebas y demás deben ser completados antes de esa instancia. Luego de ese aval, pasaría a Diputados, donde puede permanecer un máximo de tres meses más. Convertir ese dictamen en un juicio político concreto debe reunir los dos tercios de votos de los presentes. Recién allí comienza el proceso de juicio político donde la Cámara de Senadores es la juzgadora. Uno o dos diputados surgirán como fiscales para defender esa acusación y presentar el caso. Los dos tercios de los presentes en el Senado se expiden por la destitución o por la desestimación. Antes del comienzo de la cuarentena, el oficialismo en el Senado estaba a cuatro o cinco votos de contar con el número necesario para catapultar a Rafecas y en la misma jugada regresar a Casal a la procuración ante la Corte. Ese escenario quedó difuso y un sector del kirchnerismo empezó a pensar en un interinato del interinato que le otorgue más poder al CELS, tal como adelantó Ámbito semanas atrás.

Mañana, desfilarán algunos de los denunciantes del procurador por el Congreso. El 16 de julio, Doñate había pedido formalmente un listado con la totalidad de los fiscales “que a la fecha se encuentren sometidos a régimen disciplinario y el tipo de falta atribuida con la información respectiva que acredite la intervención o no del Consejo Evaluador”. También se le pidieron las ejecuciones presupuestarias de los años 2018 y 2019 del Ministerio Público Fiscal. Inicialmente, Casal se excusó y pidió más tiempo, pero el viernes empezó a remitir los documentos, en pleno escándalo por el sumario a Boquín.

Reforma judicial

El proyecto de Ley de Reforma Judicial que impulsa el Gobierno comenzará hoy a ser debatido en el Senado, con la presencia de la ministra de Justicia, Marcela Losardo, en la primera de una serie de audiencias que continuará hasta fin de mes. Dará detalles desde las 16 vía videoconferencia ante Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales y responderá preguntas de senadores, con la oposición ya por la negativa. La idea del Gobierno sería que el proyecto llegue al recinto antes de septiembre, para que a partir de ese mes pueda ser debatido en la Cámara de Diputados.

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