Justicia de Córdoba rechazó pedido de Juez de recuento "voto a voto"

El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba rechazó esta noche por unanimidad la apelación del Frente Cívico y Social de Luis Juez para que el escrutinio definitivo de las elecciones provinciales se realice "voto por voto" en la totalidad de las urnas y no por actas, tal como establece la Ley.

Al rechazar la apelación, el TSJ señaló que "la Ley confía esa tarea (de contar los votos uno a uno) a los presidentes de mesa, que junto a los fiscales de los partidos constituyen el eje del sistema democrático".

En ese marco, la Justicia Electoral comenzará este miércoles la carga informática de las actas aprobadas por los apoderados de los diferentes partidos, mientras no hubo confirmaciones aún sobre la fecha en que podría finalizar el proceso.

En un fallo que era esperado por todos los partidos políticos, el TSJ subrayó que el conteo con las urnas abiertas "sólo está confiado a las autoridades de mesa, quienes así lo han efectuado y no ha sido motivo de impugnación alguna por los recurrentes".

En caso contrario, se "estaría generando un desapoderamiento de los resultados legítimos de los ciudadanos que han votado de una manera determinada y que cívicamente han cumplido con roles de funcionarios públicos certificando con su rúbrica información electoral precisa", expresó el fallo.

Asimismo, el TSJ aclaró que el registro de datos que concretó el Correo Argentino -y que fue cuestionado por el Frente Cívico-

"sólo generó un mero cómputo provisional tendiente a acercar a los partidos y a la sociedad una información respecto de las mesas escrutadas".

En ese marco, aseguró que "este conteo carece de valor jurídico y cualquier error en él constatado quedará salvado con el escrutinio definitivo que se lleva a cabo ante el Juzgado Electoral Provincial", proceso que se basa en la información contenida en las actas confeccionadas por los presidentes de mesa.

El máximo tribunal cordobés explicó que la Ley Electoral permite que la apertura de urnas sea realizada "acotadamente a las mesas en donde se adviertan los vicios, irregularidades o nulidades", decisión que deberá adoptar el Juzgado Electoral y que podrá ser eventualmente apelada ante la Justicia.

"Abrir todas las urnas y contar los votos uno a uno no es una previsión hecha por el legislador. Se trata de un camino que la legislación, expresamente, entendió no transitable globalmente", señaló.

En ese marco, el TSJ entendió que el espíritu de la Ley "aspiró a consolidar una responsabilidad ciudadana en las personas que fueron seleccionadas para ser presidentes de mesa y en los propios partidos políticos que son el eje del sistema democrático y que como tal coadyuvan al nombrado orden con la asistencia de sus propios fiscales de mesa".

La resolución lleva el número 81 y fue firmada por Armando Segundo Andruet (h), Domingo Juan Sesin, María Esther Cafure de Battistelli, Aída Lucía Teresa Tarditti, Luis Enrique Rubio, María de las Mercedes Blanc y Carlos García Allocco.

Rubio, uno de los vocales del cuerpo, expresó que "el escrutinio provisorio no crea ningún tipo de derecho para determinar el ganador de un comicio" y explicó que "en casos pasados hubo una aceptación de la derrota por parte de los dirigentes que legitimó la victoria".

"Cuando se terminen de contar todas las actas, y si hay cuestionamientos, las partes que se sientan perjudicadas pordrán recurrir", explicó el vocal, quien interpretó que el TSJ se pronunció sobre "el fondo" del planteamiento y no solamente sobre la forma.

El Frente Cívico y Social, al conocer el fallo adverso, comenzó a estudiar si retirará los fiscales del escrutinio definitivo, tal como habían dejado entrever en el curso de la semana pasada el titular de la fuerza, Juez, y el apoderado legal, Miguel Ortíz Pellegrini.

Este martes se vivió una jornada tensa en el Palacio de Tribunales II, de donde la Justicia retiró a dos fiscales del Frente Cívico, acusándolos de conductas agresivas e impropias de la función, mientras que el legislador peronista Luis Arias presentó una denuncia penal por la presunta falsedad en el hallazgo de urnas y votos que difundió el juecismo.

El tema tuvo repercusión durante el fin de semana último, cuando un funcionario municipal denunció haber encontrado urnas y votos en una propiedad y un vehículo de un particular, quien resultó ser Hernán Dominguez, un empleado municipal que ingresó durante la gestión de Juez.

Domínguez explicó que tenía el material electoral porque forma parte de la Organización No Gubernamental Jóvenes Ciudadanos, que realizó "escrutinios didácticos en varias escuelas antes de los comicios".