Justicia avala aislamiento de bonaerenses en hoteles si regresan del exterior (y que paguen)

Política

La Cámara Contencioso Administrativo de San Martín avaló la resolución del Gobierno bonaerense que estableció que aquellas personas que regresen del exterior y tengan domicilio en la provincia deberán cumplir con aislamiento obligatorio en hoteles por 4 días y asumir el costo de la estadía y completar luego 3 días más en el domicilio. El tribunal confirmó el rechazo de una acción de amparo mediante la que se pretendía la declaración de inconstitucionalidad de la resolución del Jefe de Gabinete de Ministros Carlos Bianco, que estableció la modalidad de aislamiento para los bonaerenses que vuelvan al país.

La acción fue interpuesta en agosto pasado por un hombre en nombre de su hija que hallaba en el exterior y pidió el dictado de inconstitucionalidad de la norma por considerarla arbitraria e ilegítima.

Pero la justicia sostuvo que la situación en el marco de la pandemia ya era conocido por la amparista, pues había adquirido su pasaje el 8 de julio y egresado del territorio nacional el 20 de julio de 2021, “lo que conllevaba como cierto que al perfeccionar su salida del país había suscripto la Declaración Jurada de Aislamiento Obligatorio que formaba parte de la normativa ahora reprochada y que expresamente establecía las consecuencias de ello”. La justicia de Paz de Tigre, había rechazado la acción al considerar que las medidas dispuestas por el funcionario tenían la finalidad de salvaguardar la salud pública.

Ahora la Cámara confirmó esa decisión. La jueza Ana María Bezzi dijo que “los embates vinculados a la existencia en el caso de un actuar de la autoridad administrativa palmariamente ilegal y/o arbitrario carecen de sustento”. En ese sentido, sostuvo que la escasa prueba aportada por el actor, era insuficiente para desvirtuar la presunción de legitimidad del obrar de la Administración.

La sentencia cuestionó severamente los términos usados por el accionante en el recurso “que exceden claramente las necesidades del derecho de defensa e implican claros exabruptos, por cuanto resultan ofensivos a la dignidad y autoridad del juez de grado y de esta Cámara regional al poner en duda -sin prueba alguna- la probidad e imparcialidad jurisdiccional”.

Entre esas expresiones, el accionante pidió a los jueces “ponerse las pilas, a resolver con la celeridad y la seriedad que el compromiso republicano impone…dándole pábulo a las resoluciones de un jefe de gabinete de ministros, como para que este funcionario de bajo rango tenga la potestad de limitar la libertad circulatoria”. El demandante acusó a los jueces de ser “complacientes” con funcionarios que “están encerrando en una habitación personas jóvenes, vacunadas (como la actora con la Johnson y Johnson) por propia responsabilidad y preocupación ante la falencia del Estado, sacándola de su casa (no dejarla regresar es lo mismo), en clara violación del art. 16, lo que justifica una denuncia contra la Nación Argentina”.

El camarista Jorge Augusto Saulquin adhirió al voto de su colega con los mismos fundamentos.

Vanesa Petrillo

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