Reforma judicial: 120 largos días en la Corte y "¿quién paga la fiesta?"

Política

Diálogo cortado con el máximo tribunal. Pelea por los números y por los costos del ambicioso plan oficial. De piso, $10 mil millones extra. El dilema del nuevo "megafuero" con sistema acusatorio. ¿Nadie pensó en Casación?

La relación entre el Gobierno y la Corte Suprema está rota. En tan solo 8 meses, la administración de Alberto Fernández se equiparó -en nivel de tensión- al del último año y medio de Mauricio Macri. La ruptura de puentes de comunicación (que nunca existieron con fluidez) se plasmó en las ausencias al acto de presentación del proyecto oficial de reforma judicial: los llamados de invitación del Ejecutivo (a las vocalías) fueron declinados sin siquiera haber intercambiado mensajes entre ellos. Esa es una novedad. Se ingresa ahora a una nueva dinámica en la que el máximo tribunal guardará silencio y dará por triunfador al Gobierno en la intentona de agrandar el tribunal y hacer todas las modificaciones que anunció. Con 90 días para que el Consejo Consultivo emita su veredicto sobre temas sensibles y 30 días más (mínimo) para que avance un proyecto legislativo de ampliación, la cuenta mínima de 120 largos días abre el escenario para la única materia prima judicial: los expedientes.

El ánimo no es beligerante ni de “contra poder”, pero en el cuarto piso del Palacio de Tribunales no solo repiquetearon las palabras del presidente sobre el “mal” funcionamiento de la Corte, sino el mensaje que transmitió la ministra de Justicia, Marcela Losardo, respecto de que no se iban a enterar de ningún cambio por la TV. El antecedente de la poda del régimen especial jubilatorio del Poder Judicial se complementó ahora con la ausencia de diálogo ante el megaproyecto de reforma anunciado para el nuevo fuero penal federal. No hubo contactos previos que detallaran los alcances de la iniciativa, pese a que en algunas vocalías destacan las buenas artes de Eduardo “Wado” De Pedro para hacer de puente con la política. “¿Cuál es el modelo de Corte que quiere el Gobierno?”, se preguntaban en la entrada de Talcahuano 555. El primer efecto del Gobierno fue abroquelar personalidades irreconciliables entre sí.

La primera respuesta llegó en forma numérica: 29 mil causas resueltas en 2019, como detalló Ámbito del informe de gestión estadístico que la Corte publicó en internet. Debe darse por análogos una gran mayoría tales como los previsionales (Caso “Blanco”) que acaparó más de un tercio del volumen, lo mismo que los reajustes por pago en negro del personal de fuerzas de seguridad. El próximo dato es que el Estado es el principal “apelante” con un 65% de los casos que escalan.

El siguiente paso será mostrar los costos. El nuevo fuero penal federal insumiría -sin calculadora- unos 10 mil millones de pesos al año. Eso sin contar infraestructura, alquiler de edificios y sin los costos que insumirá regresar a una nueva normalidad con atención al público con instalaciones adaptadas pos pandemia. El Consejo de la Magistratura está en emergencia edilicia desde hace un año. Las Cámaras Federales y Nacionales no pudieron unificar un criterios para colocar mamparas adecuadas en las mesas de entrada. El Consejo quedó sumido en el tironeo de fondos con la Corte. Si el Ejecutivo manoteara el atractivo “Fondo Anticíclico” sobre el que se sienta el máximo Tribunal podría disponer el pago de salarios total del Poder Judicial por cuatro meses completos. Después habría que buscar otra alcancía que romper. Todavía no se abonó la última cuota en la que se dividieron los aguinaldos.

“Va a haber 46 juzgados federales para tres millones de personas de la Capital Federal, mientras que en la Provincia de Buenos Aires hay 30 para 17 millones de personas”, analizó un operador judicial que argumentó con otro enfoque el mismo problema que señaló un juez. “Multiplicar juzgados federales va exactamente a contra mano a la implementación del sistema acusatorio. Es incompatible”, disparó. Esa crítica no es la única al proyecto de ley presentado en sociedad y que ingresó al Senado. A los 46 nuevos juzgados en Capital Federal para el nuevo Comodoro Py se le deben agregar los 94 que se crearán en todo el país para dividir los famosos “multifuero” en su faceta penal. Todo eso terminará en un cuello de botella por ahora sin atención: la mismas cuatro salas de Casación de Comodoro Py que se han convertido en una instancia de apelación ineludible durante el trámite de instrucción y que además debe revisar los veredictos de los tribunales orales como función primigenia.

En el cuarto piso del Palacio aseguran que nadie se pondrá en el camino hacia la concreción del proyecto. Pero así como causó malestar en el resto del Poder Judicial -inclusive en la línea más afín al kirchnerismo- el texto de la reforma, el proyecto resultó un lubricante impensado hacia la dinámica de circulación de expedientes, que muchas veces quedan trabados por el póker interno. Por eso serán, cuanto menos, 120 días largos.

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