Se empieza a discutir un nuevo “mapa judicial” lejos de la “rosca” de la política (alerta el narco)

Poder Judicial comienza a dar un debate por crisis de vacantes, acceso a la Justicia y distribución geográfica de los juzgados, Cámaras y Tribunales orales. Principales beneficiarios de zonas incompletas, el narcotráfico. Lavado de dinero como derivado. Panorama se completa con parálisis descontada del Consejo de la Magistratura a partir del 16-A.

Horacio Rosatti

Con la política ensimismada en discusiones de coyuntura y el Gobierno transformado en su propio bombero piromaníaco, el Poder Judicial avizora que más tarde o más temprano deberá empezar a debatir cambios para su funcionamiento sistémico. Es por eso que las conversaciones de las últimas semanas rodearon un asunto percibido desde hace mucho tiempo por el mundo judicial como un problema pero siempre soslayado por la división de atribuciones con los otros poderes del Estado: la situación real del “mapa judicial” en la Argentina, que no es otra cosa que la distribución geográfica del acceso a la Justicia. Sin entrar en lo estadístico, si se superpusiese la situación actual de vacantes en juzgados federales habría una exacta coincidencia con las plazas que no resultan atractivas para la negociación política. Pero existe otra alarma para tener en cuenta: muchas de ellas corresponden a zonas calientes donde opera el narcotráfico y sus negocios integrados. Casualidades.

Hay dos ejemplos que grafican el estado de deterioro. En la provincia de Santa Fe acumulan un 40% de vacancias que obligan a subrogancias permanentes. Pero con el condicionante de que también hay magistrados ya jubilados que podrían dejar sus cargos en breve. Bajo la órbita de la Cámara Federal de Rosario están sin titular el Juzgado Federal de Rafaela, el juzgado Federal de Rosario, el Juzgado Federal de Santa Fe N°2, el Juzgado Federal de San Nicolás N°1 y el Tribunal Oral Federal N°2. El panorama se completa con fiscalías que no han sido completadas, problema que es intrínseco al Ministerio Público Fiscal y su mora para los concursos. Otra pálida. Ese escenario se completa con vacantes en la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico –candidata a fusionarse con Comodoro Py para atender las causas que le interesan a la política y al funcionariado actual y pasado- y ahora, con ese proyecto caduco, queda a la sombra nuevamente y mancada para atender el flujo de expedientes ligados al lavado de dinero, una contracara del problema narco.

Lo que es invisible para el ciudadano, secundario para la discusión partidaria y nimio para la crisis económica, se transforma en un problema sistémico que empieza a ser advertido como terminal por varios agentes del sistema judicial que han reconocido este panorama como el drama más acuciante y directamente ligado con la proliferación del crimen organizado. La Corte Suprema de Justicia ha venido recogiendo parte de esas inquietudes. Eso explica el protagonismo y los tours de Horacio Rosatti por el interior del país. Pero también excede a la Justicia federal: muchas de las inquietudes son transmitidas por la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de las Provincias Argentinas que representan a los máximos tribunales de Justicia de cada distrito, donde no andan mejor ni con la cantidad de vacantes, ni con las demoras en sus concursos ni tampoco con el manoseo político de su cobertura, con consejos de la Magistratura no exentos de escándalos, pero mucho más silenciosos que el de la Nación, amplificado por su incidencia metropolitana. En el fondo, sus distintos estamentos y jurisdicciones responden a engranajes de un mismo sistema que deben ser analizados en perspectiva integral. Sobre ese tipo de temáticas se logran ver atisbos en las plataformas de campaña de las candidatas a juezas que completarán la plaza para el formato de 20 miembros que deberá adoptar el Consejo de la Magistratura de cara al 16 de abril próximo.

Para sumar pesimismo, ese es otro gran problema: todo indica que a esa fecha, el órgano que selecciona y remueve a los jueces ingresará en una parálisis absoluta por la ausencia de consensos ya sea para sancionar una nueva ley que reemplace la actual declarada inconstitucional por la Corte, tanto como para nominar a los representantes temporales que deberían completar cada estamento. Si los abogados están enfrascados en un tiroteo por la forma en la que se dieron las elecciones, del lado del Congreso el tema de quienes serán sus delegados ni siquiera se tocó. Nunca. Falta un mes, exacto. Para la política, sobreviene el caos inevitable ante una parálisis. Para el mundo judicial, si nadie se entusiasma, el camino a un “shutdown” al estilo norteamericano es una certeza. Pero la crisis del Consejo no exculpa que el Poder Ejecutivo tenga desde antes de las PASO “pisados” una nómina jugosa de pliegos de jueces cuyas ternas ya habían sido elevadas tras el tortuoso procedimiento de concurso y consensos con la oposición. Y tampoco permite escudriñar la actitud del Senado que no trató la última tanda de envíos. Desde agosto de 2021 que no se aprueban pliegos por parte de los senadores.

Cierto es que la mal lograda reforma judicial que proponía el Gobierno, en ese entonces representada por Marcela, proponía un festival de creación de juzgados, Cámaras y fiscalías fenomenal. Pero su diseño estaba más enfocado en satisfacer necesidades de gobernadores y de diluir el empoderamiento de los jueces “cabecera” de cada distrito, en lo que se conoce como “multifuero”. Atienden causas narco, amparos contra tarifas, cuestiones ambientales y hasta hacen el control difuso de constitucionalidad. A veces, supervisan las elecciones.

Con todo, antes de quedar empantanada en Diputados y perder su estado parlamentario –de lo que se lamentó Alberto Fernández en la última apertura de sesiones ordinarias- el proyecto oficial llegó a la discusión en el Senado con un dictamen de comisión que sugería la creación de 63 juzgados federales. Decayó a 55 de primera instancia pero 18 más de juzgados penales federales de garantías. Pero el carnaval de cargos creaba 9 cámaras federales de apelaciones en Catamarca, Formosa, Salta, Jujuy, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, La Rioja, La Pampa y una más a desempeñarse dentro del ámbito de la Provincia de Buenos Aires.

Sí es cierto que dotaba de dos salas más a la de Rosario (hoy en crisis), una más para Mar del Plata y otra en General Roca. La “rosca” le agregó al proyecto 24 cargos de jueces más que el proyecto pergeñado en la Casa Rosada y 22 más que el dictamen, solo que con distintas locaciones. Lejos de un diseño meditado, parecía una piñata en la que había que juntar mayor cantidad de caramelos.

El caso paradojal puede rastrearse en la provincia de Córdoba. Allí se creó por ley el Tribunal Oral Federal N°3 para atender juicios en 2011. Bien. Se realizó el concurso que derivó en candidatas juezas seleccionadas de acuerdo al procedimiento constitucional complejo. Muy bien. El Ejecutivo las designó y el Senado aprobó sus pliegos en 2019. Excelente. Al día de hoy, el TOF 3 no tiene un lugar para funcionar. El Consejo todavía no efectivizó el alquiler de un edificio para que puedan tomar funciones.