La falta de espacio desata puja judicial por Comodoro Py

Política

La calamitosa situación edilicia por el que atraviesan los distintos juzgados y tribunales del país no es novedad. Tampoco es una primicia el hacinamiento en las oficinas judiciales. Por lo pronto, la Cámara Federal de Casación Penal exigió poner manos en acción y pidió tomar el asunto en serio.

A través de na resolución, el Tribunal exhortó al Consejo de la Magistratura a que adopte las medidas necesarias para atender los pedidos de mayor espacio físico de los tribunales federales dentro del edificio de Comodoro Py 2002.

En una resolución de superintendencia, Casación Penal reclamó al Consejo la reubicación de las dependencias ocupadas por organismos no federales, "sin perjuicio de la adopción de otras medidas pertinentes".

"Frente a los reiterados y numerosos pedidos de espacio efectuados por los diferentes órganos jurisdiccionales de este fuero federal, y al público y notorio conocimiento de que el presente se han agotado en este edificio las posibilidades de satisfacerlos, este tribunal de superintendencia ha decidido exhortar al Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación a que adopte con urgencia las medidas adecuadas y eficaces tendientes a la inmediata solución del problema", señaló Casación, con la firma de los jueces Eduardo Riggi, Gustavo Hornos, Alejandro Slokar, Liliana Catucci y Mariano Borinsky.

En una resolución de una carilla, agregó: "Se reclama a tal fin la apropiada reubicación de las dependencias ocupadas por organismos no federales, lo que propiciaría lugares necesarios para el trabajo de esta jurisdicción, sin perjuicio de la adopción de otras medidas pertinentes".

Por lo pronto, al llamado de atención por falta de espacio en las últimas semanas también se encendieron las alarmas de la familia judicial por los casos de tuberculosis detectados en el Palacio de Tribunales y en los juzgados de Comodro Py.

Tal como lo anticipó Ámbito Financiero, se confirman diagnósticos y hay jueces en alerta por contagios. Hasta el momento se detectaron a seis empleados judiciales afectados por lo que se adoptaron medidas de prevención asiladas. En ese contexto, la Cámara del Crimen le pidió intervención a la Corte Suprema.

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