Enrique Lavié Pico dejó sin efecto la medida obtenida por la UEJN que suspendía el acuerdo entre ambos gobiernos. Aún resta resolver otro planteo judicial y definir la transferencia de recursos.
El fallo de Enrique Lavié Pico dejó sin efecto la cautelar obtenida por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7, a cargo del juez subrogante Enrique Lavié Pico, revocó la medida cautelar que mantenía suspendido el acuerdo para transferir las competencias de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
La resolución dejó sin efecto la cautelar dictada en marzo por el entonces juez laboral Herman Mendel, a pedido de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN). La medida había frenado los efectos del convenio celebrado entre el Estado nacional y el Gobierno porteño.
La novedad fue informada por la Procuración del Tesoro de la Nación, que sostuvo que el fallo permite continuar con el proceso de transferencia. Sin embargo, la puesta en funcionamiento del nuevo fuero todavía depende de otras instancias: permanece pendiente un planteo impulsado por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y aún debe cerrarse el acuerdo entre Nación y CABA por el envío de recursos.
El convenio fue incorporado como anexo de la Ley de Modernización Laboral N°27.802 y posteriormente ratificado por la Legislatura porteña con 36 votos afirmativos, dos negativos y la abstención mayoritaria del peronismo.
La cautelar obtenida por la UEJN suspendía la aplicación del acuerdo firmado entre Nación y la Ciudad. La decisión de Lavié Pico dejó sin efecto esa medida y permitió retomar el proceso de implementación.
Desde la aprobación de la reforma laboral se presentaron distintas acciones judiciales contra el cambio de jurisdicción. Una de ellas continúa pendiente y fue promovida por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.
El procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, celebró la resolución y consideró que representa un avance hacia la autonomía porteña contemplada en el artículo 129 de la Constitución Nacional.
“Es la concreción de un mandato constitucional postergado”, afirmó. También relacionó el proceso con los fallos “Levinas” y “Marcelina” de la Corte Suprema, que reconocieron mayores facultades jurisdiccionales al Tribunal Superior de Justicia porteño.
“Esta decisión habilita a continuar con el proceso de traspaso de dicho fuero a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, largamente demorado”, concluyó.
La estructura inicial estará integrada por diez juzgados de Primera Instancia y dos salas de la Cámara de Apelaciones del Trabajo. Tendrá competencia sobre los conflictos laborales individuales entre empresas y trabajadores originados en la Ciudad.
Las causas iniciadas antes de su puesta en funcionamiento continuarán en la Justicia Nacional hasta obtener sentencia definitiva. Los nuevos expedientes, en cambio, serán tramitados por los tribunales porteños.
El acuerdo transfiere las competencias, pero no implica el traslado automático de jueces, funcionarios ni empleados nacionales. Los conflictos colectivos y sindicales tampoco pasarán al nuevo fuero por su carácter federal.
Además del planteo judicial que continúa pendiente, Nación y CABA todavía deben acordar la transferencia de los recursos necesarios para financiar la nueva estructura.
El Gobierno porteño busca ponerla en funcionamiento en febrero de 2027. El Consejo de la Magistratura local ya realizó los concursos y envió a la Legislatura los pliegos de los candidatos para cubrir los primeros cargos.