La Legislatura del Chaco aprobó una modificación del Código Procesal Penal para incorporar y precisar la figura de la reiterancia delictiva, una iniciativa impulsada por el gobernador Leandro Zdero, quien celebró el apoyo de los diputados.
Chaco aprobó la modificación del Código Penal para incorporar la figura de Reiterancia
El proyecto impulsado por el gobernador Leandro Zdero consiguió amplio apoyo en la Legislatura, incluso de diputados del peronismo. El mandatario celebró la sanción.
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La Legislatura del Chaco durante el debate.
"Hoy no les quedó otra: la gente se hizo escuchar y la realidad se impuso. Nosotros vamos a seguir trabajando para cambiar el Chaco. Ustedes sigan buscando palos. Porque, por más palos que pongan, no nos van a detener", publicó el mandatario en un mensaje dirigido a la oposición.
Chaco aprobó una ley de Reiterancia
La norma obtuvo 27 votos a favor y establece que, cuando una persona esté vinculada a un delito doloso y tenga otros procesos penales por hechos similares, ese antecedente podrá ser considerado por fiscales y jueces para evaluar riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación, y para decidir sobre medidas de coerción y prisión preventiva.
Cabe aclarar que la reiterancia no se equipara con la reincidencia: mientras la primera se refiere a la existencia de otros procesos, la reincidencia requiere una condena firme.
El oficialismo, entre ellos los diputados Carlos Salom, Edgardo Reguera, Iván Gyoker y Maida With, defendió la reforma como una herramienta "necesaria para mejorar la seguridad y evitar que personas acusadas de delitos vuelvan rápidamente a la calle".
En tanto, los legisladores Nicolás Slimel, Santiago Pérez Pons, María Pía Chiacchio Cavana y Rubén Guillón coincidieron en que la normativa "puede mejorar las herramientas judiciales, pero advirtieron que la ley por sí sola no resolverá la inseguridad".
Slimel, de todos modos, señaló que es importante darle a la Justicia mejores herramientas, "pero una ley por sí sola no alcanza". "La seguridad requiere una mirada integral, con personal policial capacitado y bien remunerado, fiscales con mayores recursos y políticas que atiendan también las dimensiones sociales y económicas. Acompañamos la iniciativa, entendiendo que es un paso necesario, pero que la realidad es mucho más compleja”, lanzó.
A la par, hubo reclamos por más recursos para fiscales, policías y el sistema penitenciario, así como políticas de prevención y atención de las causas sociales del delito.
Por su parte, el diputado radical Jorge Gómez sostuvo que en las provincias donde se aplica esta práctica judicial "son más ágiles las tramitaciones" y aseguró que la norma no afecta la constitucionalidad, porque ningún derecho es absoluto. "Le otorga una herramienta al juez y al fiscal para poder fundamentar una prisión preventiva. Los resultados van a ser vistos en tanto y en cuanto el Poder Judicial aplique la ley”, detalló.
Las principales críticas apuntaron al riesgo de utilizar una imputación como fundamento para restringir la libertad, a la sobrepoblación carcelaria y a la falta de participación del Poder Judicial en el debate.
Rodolfo Schwartz y Analía Flores se abstuvieron, mientras que Tere Cubells cuestionó el proyecto por considerarlo un “parche legal” y pidió un debate más profundo.
