Mala praxis con la ley de financiamiento universitario golpea al equilibrio fiscal. Gestiones cruzadas afectan al Ministerio de Justicia.
Sin coordinación. La mesa política de La Libertad Avanza a cargo de Manuel Adorni le complica las cuentas a Javier Milei.
La falta de coordinación entre la mesa política de la Casa Rosada y el Congreso le costará a Javier Milei al menos 2,5 billones de pesos. Un golpe al dogma de La Libertad Avanza del equilibrio fiscal causado por el fallo de la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que ratificó la inmediata aplicación de la ley de financiamiento universitario.
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La sentencia de segunda instancia deberá pagarla, en términos fiscales, Luis "Toto" Caputo, custodio del gasto público y encargado de validar las erogaciones de todos los ministerios. Pero el costo político de esta nueva derrota del oficialismo recae sobre Javier Milei, quien había vetado la ley que dispone aumentos salariales para el personal docente, no docente y becas de las universidades públicas.
El veto de Milei fue rechazado por más de dos tercios de los votos tanto en Diputados como en el Senado. Y tras la promulgación de la ley sin asignación específica de partidas, lo que la volvía inaplicable, sobrevino en una nueva derrota para la Casa Rosada, esta vez en la Justicia. El oficialismo acumula así a cielo abierto varias capas de inoperancia. Mala praxis en el Congreso, en la mesa política y también ante los tribunales en una semana corta, pero fatídica, en términos de pronunciamientos judiciales para el oficialismo: imputación de Manuel Adorni por el vuelo privado a Punta del Este, avance de la causa por la compra de un departamento sin declarar, nuevas pruebas en el marco de la investigación por la cripto estafa $LIBRA y un cautelar que suspende la aplicación del 82 artículos de la reforma laboral.
Se configura así una nueva crisis de gabinete para Milei. El rol pictórico, casi fotográfico de Manuel Adorni como jefe de los ministros, ya ni siquiera le permite cumplir su verdadera y devaluada función de vocero. El funcionario suspendió su conferencia de prensa y este miércoles fue convocado a Olivos para analizar su situación. A pesar del sostenimiento de Karina Milei, hay dudas internas sobre la capacidad de residencia de Adorni frente a los escándalos que afronta. Su continuidad, parece depender más de la dinámica interna de su familia y el cada vez mas reacio apoyo del ecosistema libertario. Adorni se convirtió en un activo tóxico para el gobierno, un pasivo no remunerado. Todo costo sin ningún beneficio. Nunca gestionó pero ahora tampoco comunica.
Guillermo Francos renunció a su cargo el 31 de octubre del año pasado. Milei se resiste por ahora a cambiar dos veces de jefe de Gabinete en menos de seis meses. Tanto Francos como Adorni siempre reportaron a "Toto" Caputo para negociar con los gobernadores o autorizar cualquier tipo de gasto. La jefatura de gabinete nunca tuvo autonomía en la era Milei por lo que el ministro de Economía, en caso de aspirar a dejar su cargo, tendría una salida elegante y pragmática como sucesor del devaluado vocero presidencial. A la exasperante situación del jefe de gabinete se suma el errático debuta de Juan Bautista Mahiques como Ministro de Justicia tras la sucesión de fallos adversos contra el gobierno nacional. Pero el flamante funcionario no es el único responsable.
El área de gestión judicial del Poder Ejecutivo Nacional se encuentra intervenida por la mesa política. En ese ámbito habría surgido un compromiso de Eduardo "Lule" Menem para encauzar en los tribunales la puja política con las universidades por la ley de financiamiento para evitarle al gobierno nacional el desembolso de 2,5 billones de pesos en salarios docentes y no docentes (1,87 billones de pesos de costo fiscal en 2026 y 0,577 billones de retroactivo al 2025). Esa infructuosa gestión cruzó a otra negociación con los rectores para tratar en sesiones extraordinarias una nueva ley que reemplace a la que sostuvo el Congreso tras el veto presidencial. "No avancemos con ua nueva ley que podemos revertir el fallo de primera instancia en la justicia", habría sido la promesa de la mano derecha de Karina Milei.
La nueva ley de financiamiento universitario había sido anunciada de manera oficial por la Casa Rosada e incluso enviada al Congreso para ser tratada en extraordinarias en el marco de un acuerdo político que buscaba avanzar con una normativa supletoria que evitara la aplicación de la ley ya votada, considerada inviable desde el punto de vista presupuestario. Pero el tratamiento del proyecto se dilató y ni siquiera llegó a ser dictaminado en comisión. Esa falta de coordinación no pudo arrojar peores resultados: detonó la mesa de diálogos con los rectores de las universidades, frustró el tratamiento de una nueva ley y se coronó con el fallo adverso de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que ratificó la inmediata aplicación de la ley de financiamiento universitario y desnudó las falencias en la conducción política del proceso.
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