16 de julio 2023 - 10:00

La prueba del ingreso ilegal a las bases AFIP que permitió manipular una respuesta a la justicia: el caso Oil Combustibles

La auditoría 14 de 2016 que dio origen a la causa no tiene fecha y fue única por varios motivos: nunca en la historia del organismo se había realizado algo similar direccionado a un contribuyente. Miles de accesos en meses previos y sin autorización comprometen a Sosa y Mecikovsky, ahora denunciados por la propia AFIP tras comprobarse que utilizaron información bajo secreto fiscal y buscaron encubrir su participación.

Nestor Sosa y Jaime Mecikovsky.

Nestor Sosa y Jaime Mecikovsky.

Una invisible línea (hasta ahora) une directamente las recientes denuncias de la AFIP contra dos funcionarios de la más alta jerarquía con la comprobación concreta de la manipulación de sus bases de datos y la filtración de información bajo secreto fiscal: el caso Oil Combustibles. No solo porque en ese expediente –al igual que en los otros donde el organismo recaudador dio impulso a causas penales o fue la única fuente de aporte documental- los testigos principales o quienes respondían los oficios judiciales eran el exsubdirector general de Operaciones Impositivas del Interior Jaime Mecikovsky o el jefe de Auditoría Néstor Abelardo Sosa. Sino porque a partir de una investigación paralela que tramita en la justicia federal y tras una auditoría de sistemas de la propia AFIP, se estableció cómo se generaron miles de accesos irregulares a las bases de datos de determinados contribuyentes sin que hubiese ningún tipo de orden administrativa ni motivación legal para haberlos concretado y, sobre todo, mucho antes de las fechas en las que se iniciaron, de manera formal, las actuaciones.

Se trata de la misma metodología que permitió accesos indiscriminados a las bases de Migraciones desde usuarios de la AFIP para acceder a datos biométricos de varios jueces, políticos y personalidades, y donde se buscó utilizar un subterfugio para ocultar ese rastro de la justicia, tal como quedó expuesto en una conversación aparecida en un celular, en el marco de la causa Vicentín. Los puntos aparentemente inconexos, comienzan a relacionarse.

Una de las piezas utilizadas como centrales en la acusación del caso Oil fue la OIP 14/2016, una auditoría que no estaba incluida en el plan anual de auditorías que tenía la AFIP y que se gatilló tras la aparición de la nota en el diario La Nación del 13 de marzo de 2016 que supuestamente, fue lo que impulsó la investigación. Para realizarla, se simuló que se analizaría el proceso de cobros de la Agencia 11 de la AFIP respecto al impuesto ITC. El único contribuyente que tributaba ese impuesto en ese padrón era Oil. Sosa presentó un adelanto de esa auditoría a la justicia y se convirtió en el nexo para las respuestas del resto de las áreas. Esa auditoría tuvo como base un informe de situación fiscal firmado por Jorge Schiaffini y supuestamente confeccionado por dos equipos de trabajo que no logró identificar en el juicio oral. Su fecha de registración en los sistemas data del 1 de abril de 2016 a las 11.10 AM. Su ingreso con sello en la fiscalía que intervenía está certificado el mismo día a las 14 horas, dos horas y 50 minutos después de haberse generado. Schiaffini declaró en el juicio que el 14 de marzo de 2016 le dieron orden verbal de realizar ese informe y ahí “empezamos a entrar en las bases para saber quiénes eran sus directivos y la situación patrimonial”. También reveló que desde su unidad se abrían “casos” para tener un justificativo legal que habilitase la consulta en los sistemas. Eso significa que sin motivación administrativa no es legal el ingreso. Schiaffini terminó allanado, lo mismo que ahora Mecikovsky a quien le secuestraron su computadora personal y está bajo análisis.

En su amplia declaración ante el TOF 3, Sosa dijo que sus funciones eran “netamente gerenciales” y tenían que ver con la fijación de pautas generales y los lineamientos a los equipos de trabajo. Y que no había tenido injerencia alguna en la OIP 14, salvo “leer las conclusiones”. Y que se ofreció como vía de contacto para recopilar información de las demás áreas de AFIP que eran consultadas. Su subalterno, Mario Maure lo desmintió. Nunca en sus 30 años de experiencia se había hecho una auditoría de similares características solo sobre una empresa y por un solo impuesto.

Pero un informe contestado por la propia AFIP da cuenta que desde el 10 de diciembre de 2015 hasta el 3 de marzo de 2016 –fecha en la que Oil Combustibles- ingresa a Grandes Contribuyentes Nacionales por orden de Alberto Abad (ahora bajo un sumario formal por su actuación) un “ejército” de funcionarios ingresan a las bases para realizar consultas sobre todo el universo de empresas del Grupo Indalo, cuando no mediaba instrucción administrativa que lo habilitase. Si bien hubo ingresos desde las agencias donde las empresas del holding estaban empadronadas, en esas fechas, hubo múltiples consultas desde agencias del interior del país, que estaban bajo las órdenes de Mecikovsky. Existieron 216 logs (registros de consultas) a los sistemas Efisco y Padrón DDJJ/Pagos de agentes dependientes de la Subdirección General de Operaciones Impositivas del Interior; 752 logs a Efisco y Padrón DDJJ/Pagos de agentes dependientes de la Subdirección General de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes Nacionales; 13 logs a Efisco y

Padrón DDJJ/Pagos de agentes dependientes de la Subdirección General de la Subdirección General de Asuntos Jurídicos; 5.558 logs a Efisco y Padrón DDJJ/Pagos de agentes dependientes de la Subdirección General de Operaciones Impositivas Metropolitanas. Todo antes de que se mencionara alguna clase de información respecto de los planes de pago otorgados por la AFIP que fue la base de la acusación que llegó a juicio. Auditoría de Sosa también ingresó antes del 3 de marzo. Desde el área de Mecikovsky ingresaron sobre Cristóbal López 110 veces y 785 respecto de empresas del Grupo Indalo, a quien pertenecía Oil Combustibles.

¿Qué interés podría existir para que desde Neuquén ingresaran si “nunca se les asignó tarea alguna que requiriera hacer consultas sobre los CUITS”? Eso mismo surgió de la Auditoría OIP 16/2020. Ushuaia, General Roca, Posadas son otros ejemplos. ¿De quién dependían? Mecikovsky. Cuando declararon, los agentes dijeron que ellos no hicieron ninguna consulta. Hubo dos casos extremos: el 16 de diciembre de 2015 ingresa el usuario de una persona que había dejado de trabajar en AFIP en noviembre de 2014. El 14 de marzo de 2016 –la fecha de Schiaffini- hay otra consulta de un usuario a nombre de otro exempleado. Todos estos registros corresponden a fechas en las que el Caso Oil Combustibles no existía públicamente; no existía judicialmente; ni tampoco tenía, administrativamente, actuación alguna que los legalizara por parte de la AFIP. ¿Es dable a sospechar que se estaba construyendo lo que luego sería una noticia para montar desde allí todo el resto de la investigación?

El informe preliminar de la OIP 14/2016 elaborado por Sosa no tiene fecha de firma. Replica el informe Schiaffini –que ya no contaba con sellos y formalmente fue hecho en menos de tres horas, sin que existan constancias de quién lo pidió y con qué motivo- , su foliatura era distinta al del resto de las auditorías y, sobre todo, jamás se acompañó el respaldo documental de sus conclusiones. Ese respaldo es, entre otras cosas, lo que se denomina “tareas de campo” que es precisamente “peinar” los sistemas. En el juicio oral, una testigo acompañó una copia del mismo pero donde sí figura una fecha. Era posterior a que ese “adelanto” se enviara al juzgado como prueba. Pedro Ocamica –segundo de Sosa y también testigo- aseguró que lo que Sosa envió fue un “borrador”. La diferencia de fechas se acreditó con otra investigación judicial independiente. Para imputar y dictar los procesamientos se utilizó un documento que en la jerga bien podría denominarse “trucho”. La contracara es la auditoría paralela y más amplia que aportaba elementos de descargo para el caso Oil combustibles y que comenzó casi en simultáneo (OIP 15/2016) sobre los planes de pago, pero ésta tardó en completarse “apenas” tres años.

Ahora la AFIP llega, a través de las denuncias y de su propia auditoría a la misma conclusión: existió un tráfico de información y una manipulación de las contestaciones que el organismo le daba a la justicia con el presunto fin de ocultar los rastros de tareas que eran ilegales.

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