La última bala de Duhalde: que jueces anulen comicios

Eduardo Duhalde enfrentó un límite importante durante el fin de semana con el proyecto que alentaba para complicar el futuro electoral de Carlos Menem. Era la iniciativa que en su momento elaboró Juan Carlos Romero, consistente en que el PJ no haga internas y vaya a las elecciones generales disperso en varias fórmulas. Esa estrategia potenciaría la posibilidad de un ballottage, en el que Duhalde ve perdedor a Menem. Pero fracciona de tal manera al PJ y lo arriesga tanto a una derrota, que los caudillos del interior rechazaron la idea. A cambio, Eduardo Camaño, consiguió un compromiso para que se impulse la ley de lemas en el Congreso. Duhalde salió a desautorizarlo ayer, por boca de Alfredo Atanasof. A diferencia del proyecto Romero, la ley de lemas sintetiza las adhesiones a distintas fórmulas de un mismo partido, volcándolas en favor del candidato más votado. Menem se vería favorecido aun cuando el poder que otorga este método al ganador es harto fragmentado. Pero el sistema aleja el ballottage. Además Camaño se comprometió a que, si no se adopta la ley de lemas, se realizará la interna del 23 de febrero. Es lógico que Duhalde estuviera irritado con su hombre quien, con torpeza, llevó a la mesa presidencial casi lo contrario de lo que le habían pedido.

El gobierno se pronunció ayer, oficial y negativamente, sobre el acuerdo que sus propios hombres realizaron el viernes pasado en la reunión de sectores internos del PJ. El pacto se cifró en dos términos: intentar la ley de lemas en el Congreso y, en caso de que no se consiguiese, confirmar el cronograma que convocó a elecciones domésticas para el 23 de febrero.

A través del jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, la Casa Rosada hizo saber que «el Presidente no participó de la decisión que adoptó la mesa del congreso del PJ, que decidió convocar a los legisladores para analizar esa posibilidad». Para que no queden dudas y pensando en que, en efecto, los legisladores decidan analizar esa posibilidad, Atanasof precisó: «Existe un fuerte cuestionamiento de destacados juristas en cuanto a la constitucionalidad de una eventual ley de lemas; y también es fuertemente cuestionada por muchos dirigentes políticos. No debemos generar incertidumbre».

El gobierno afirmó algo más en su pronunciamiento de ayer: Duhalde se irá el 25 de mayo y la administración «trabaja para que el pueblo vote el 27 de abril; no hay ni habrá cambios en la conducta del gobierno en relación con este tema».

Este comunicado, que el jefe de Gabinete redactó en comunicación directa con Eduardo Duhalde, expone las conductas que el Presidente está dispuesto a adoptar y las que no. Sólo que para desentrañarlo hay que atender a lo que dice y, sobre todo, a lo que calla. Veamos:

• Duhalde no quiere la ley de lemas, como le hizo saber a su negociador Eduardo Camaño el viernes (ver nota en página 5). El titular de la Cámara de Diputados había ido al encuentro de los demás miembros de la mesa del congreso partidario con un mandato claro: conseguir que una asamblea del PJ suspenda las internas y que se adopte el plan que en su momento propuso Juan Carlos Romero. Es decir, que los aspirantes peronistas vayan a la elección general cada uno con su fórmula y se comprometan a votar a un peronista en la segunda vuelta. Como informó este diario en una extensa nota, el viernes, esta ecuación facilita el ballottage y, en la hipótesis de Duhalde, la derrota de Carlos Menem, ya que serían más los que voten en su contra que los que lo harían en su favor. Pero los gobernadores se oponen a este sistema por una razón sencilla: además de fraccionar al PJ en varios partidos -algo que puede trasladarse a sus distritos en las elecciones provinciales-le hace correr a toda la fuerza el albur de la derrota. Nada asegura que, cuando se realicen los comicios, en la segunda vuelta habrá dos peronistas. Además, en la opción entre Menem y Adolfo Rodríguez Saá, todo el establishment PJ prefiere al riojano, a quien consideran más previsible y centrado.

• Camaño, delegado de Duhalde, creyó que sería un éxito llevar a la mesa de su jefe algo parecido al proyecto Romero, aunque no idéntico: la ley de lemas, por la que también se presentan varias fórmulas, pero sintetizándose los votos de un mismo partido en el binomio más favorecido. Los inconvenientes de este sistema son varios y Duhalde lo advirtió de inmediato. Por eso la desautorización de ayer, formulada por boca de Atanasof. El primero de todos es que este sistema, en vez de alejar a Menem del triunfo, lo aproxima. Con ley de lemas es muy difícil que haya ballottage y, hoy por hoy, el candidato peronista más votado es el ex presidente. Para Duhalde hay otra desventaja: Menem se beneficiaría con los votos de todo el peronismo y quedaría librado del principal riesgo que corre, que es que el PJ bonaerense le vote en contra en una interna o (de esto no se habla) que le haga fraude. En otras palabras, con la ley de lemas el duhaldismo desaprovecha su poder relativo como maquinaria electoral, a cambio de nada.

•Decantación

En toda la peripecia del fin de semana se decantaron muchas posibilidades, fantasías, proyectos. En principio, quedó descartado el proyecto Romero, ya que los gobernadores y dirigentes del interior le pusieron un límite severo a la pretensión de Duhalde, en defensa de su propio poder federal.

También quedó descartada la ley de lemas por las razones apuntadas y también por las que el gobierno expuso en su comunicado: es abiertamente inconstitucional y carece del consenso mínimo al que toda democracia aspira cuando se trata de cambiar nada menos que las reglas de juego electorales.

Tampoco debe pensarse en el proyecto de Gerardo Conte Grand, que también presenta rasgos de inconstitucionalidad llamativos (excluye del ballottage a las fórmulas más votadas en beneficio de las «más votadas de los partidos más votados»).

Conclusión: si Duhalde quiere cortar el camino de Menem, deberá encontrar un candidato que lo derrote. Y para el Presidente el único candidato que, eventualmente, podría conseguir ese objetivo, sería él mismo (además, sería el único que él y el duhaldismo aceptarían para ese cometido, que supone quedarse con la sigla PJ por varios años).

Hay que releer, entonces, el comunicado de Atanasof. Allí se dice que Duhalde se irá el 25 de mayo. Y hay que creerle. También afirma que el gobierno trabajará para las elecciones del 27 de abril. No dice que esas elecciones se van a realizar. Es comprensible: para enfrentar a Menem, el Presidente requiere de una decisión judicial. Que la Cámara Nacional Electoral adopte como propios los criterios del abogado Ricardo Monner Sanz y dictamine que el Congreso emitió una ley anticonstitucional cuando acortó el período de Fernando de la Rúa hasta el 25 de mayo y convocó elecciones para el 27 de abril. Si la Justicia niega a los votantes la posibilidad de esos comicios, Duhalde no tendrá la culpa. Y será vista como más razonable una prórroga de las internas del 27 de febrero. Se irá cuando dijo que se iría pero, en elecciones postergadas para el último trimestre del año, podría presentarse como candidato. Hoy no sabe si lo hará, sencillamente porque no sabe cuál será su contextura política para aquel momento. Por eso, una vez más, requiere tiempo. Y sólo los jueces pueden dárselo. ¿Será éste el desenlace? Demasiado bueno para ser cierto. Porque si éste es el curso que tomarán los hechos, finalmente habrá una choque entre Menem y Duhalde, se despejará una gran incógnita de poder y, probablemente, el gobierno que viene sea más fuerte que el que se está preparando ahora entre artimañas y coartadas.