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• El Poder Ejecutivo se compromete a eliminar aquellas funciones cuya ejecución ha sido transferida a las provincias garantizando el financiamiento adecuado. Implica cerrar los ministerios de Educación y de Salud.
• Reducción de las estructuras de gobierno -cuando no hubiera realizado- como mínimo en 25 por ciento y del número de directores y funcionarios de organismos descentralizados, y disminución de las remuneraciones percibidas en todo concepto por sus integrantes. Castiga más a las oposiciones de los distritos, porque los oficialismos siempre encuentran un modo de financiar a sus militantes.
• Eliminación de los gastos reservados en todos los poderes del Estado, a excepción de los asignados a las áreas de defensa y seguridad ciudadana. Un sueño nunca cumplido, porque lo secreto al final siempre es secreto y nadie termina sabiendo si en realidad hay fondos ocultos o si no los hay.
• Implementación de mecanismos efectivos de gestión por resultados, evaluación permanente con publicidad de éstos, estableciendo normas de calidad y transparencia.
• Limitar los gastos de la función legislativa provincial entre 1 y 2 por ciento.
• Limitar los gastos totales de la función legislativa nacional a 0,80 por ciento del presupuesto del gasto público consolidado de la Administración Pública Nacional.
• Reducir en 25 por ciento el número de miembros de la Cámara de Diputados de la Nación. Reducir el número de miembros de las Legislaturas provinciales.
• Desempeño ad honorem de la función de concejal en los municipios cuya población sea inferior a diez mil habitantes. Reformar el sistema electoral nacional sobre la base de apertura de las listas sábana. Es una modificación que afecta sólo a los distritos muy poblados donde se eligen muchos diputados. En el resto, donde se eligen dos o tres por distrito, de hecho ya rige una suerte de elección por circunscripción.
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