Ley ómnibus: se tensa la calle y se judicializa la política

Arranca la segunda parte del debate. Foco en la seguridad y denuncias judiciales. Piden a Bullrich fundamentos de su protocolo.

El Congreso iniciará el tratamiento en particular de la ley ómnibus y se prevén nuevas protestas.

Ignacio Petunchi

Se espera este martes en el Congreso otro extenso debate por la votación en particular de la ley ómnibus en un clima diferente al que dominó el inicio de la discusión parlamentaria, con el agregado de mayor despliegue, seguramente, de agentes de seguridad en las calles.

Denuncias judiciales cruzadas le imprimirán tensión a las escenas de protesta si se repiten las manifestaciones para concretar una suerte de vigilia mientras se desarrolla el debate, esta vez, de cada uno de los artículos de la norma cuya aprobación en general coronó, afuera del recinto, con incidentes entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

En ese sentido, quien endureció su posición fue el jefe porteño Jorge Macri, quien presentó una denuncia penal y un pedido de investigación a la justicia para que se determine quiénes son los responsables de los actos de vandalismo que detalla la administración porteña. Calculan que las reparaciones tendrán un costo superior a los $105.000.000 y el tema es que alguien pague esos destrozos. "El que las hace las paga", también dice el jefe porteño. Así, mostró Jorge Macri una sintonía mayor con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien viene reclamando a las organizaciones sociales y partidos de la izquierda que manifiestan junto al Congreso, el pago de los gastos que ocasionan al utilizar las calles para las protestas.

"Instruí al Ministro de Seguridad, al Ministro de Justicia y al Procurador que inicien demandas penales a todas las personas y organizaciones que fueron parte de la agresión y destrucción de bienes de la Ciudad", anticipó en X, Jorge Macri y luego presentó la denuncia penal con un detalle de los objetos a reponer y a reparar, en una actitud más dura de lo que mostró hasta ahora pero en línea con su decisión de impedir la ocupación del espacio público y condicionar las manifestaciones.

El Gobierno, por su parte, apunta a mayor represión si lo considera necesario. Así lo estimó este lunes el vocero presidencial, Manuel Adorni. Dijo que el Gobierno reprimirá "cada vez que se pueda" los actos de violencia que se cometan durante manifestaciones y que "el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Gobierno de la Ciudad están tomando cartas en el asunto y avanzando".

Se suman también denuncias de manifestantes de la izquierda contra el accionar de la policía mientras que además se agregan causas contra el protocolo de Patricia Bullrich.

Un juez en causa contra el protocolo de Seguridad

Contó, en un comunicado partidario, la legisladora porteña Celeste Fierro (MST) que tras un deambular por diferentes juzgados, finalmente el juez Sebastián Casanello se declaró competente en la causa contra el protocolo. "Por fin un juez acepta nuestra causa contra el protocolo represivo, que iniciamos el 18 de diciembre como 'acción declarativa de inconstitucionalidad'", aseguró la diputada. Casanello instó a la ministra de Seguridad a que presente, en las próximas 72 horas, un informe que detalle los fundamentos jurídicos de la aplicación del protocolo.

En otro sentido también la ministra le impuso tensión a la calle cuando aseguró que no dejará de actuar "por miedo a un muerto". Este lunes, otro que llevó a la Justicia la pelea, esta vez de las organizaciones sociales por asistencia, fue Juan Grabois.

El dirigente apuntó a que la Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, decidió no recibir hoy a quienes se acercaron al Ministerio "convocados por ella misma". Grabois denunció a la ministra por presunto "incumplimiento de los deberes de funcionario público"

“Lo que Pettovello no entiende es que garantizar los derechos alimentarios de las familias humildes, en particular de los niños, no es algo sobre lo que puedan decidir, es una obligación Constitucional, una norma internacional y una ley nacional. En consecuencia, presentamos una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario”, afirmó Grabois en su Twitter.

Como sea, todo suma a un ambiente más áspero que amigable para la situación y el inicio del tratamiento en particular de la ley ómnibus.