Ley que concentra un amplio rechazo

A pesar del debate que se originó en el Congreso sobre la derogación o no de la ley de «subversión económica», la mayor parte de la doctrina jurídica se inclina a criticar en la ley «una amplitud, capaz de dar lugar a arbitrariedades de todo tipo». Desde su origen, todo el proceso que dio vida a la «subversión económica» fue blanco de críticas. La ley surgió en setiembre de 1974 y fue elevada al Congreso sin estudio previo en las comisiones. Varios legisladores en ese momento la denunciaron por inconstitucional, ya que establecía tipos penales abiertos prohibidos por nuestra Constitución y, porque los mismos delitos podían juzgarse con los códigos en vigencia.

• Opiniones

En la actualidad, distintos especialistas coinciden en que el texto de la Ley 20.840 es objetable por su vaguedad e indeterminación, aspecto que puede explicarse por su origen histórico. Y las opiniones de abogados en ese sentido son muchas:

• En los últimos días, muchos abogados coincidieron en que «no habría impunidad» jurídica en caso de que se derogue la ley de «subversión económica», ya que esa figura está incluida en otros delitos como el de administración o quiebra fraudulenta.

• Para Guillermo Ledesma, «los agravantes que tiene la ley de 'subversión económica', en buena parte, se superponen con los delitos de administración o quiebra fraudulenta; es decir, que no quedarían impunes los delitos, sino que habría una disminución de las penas».

• Esteban Righi opina que «la derogación implica que esa incriminación no se va a formular más, pero eso no quiere decir que haya impunidad. Es posible que los hechos que se investigan puedan ser subsumibles en otros delitos como la administración fraudulenta. El punto es que los jueces que investiguen esas causas los puedan imputar», indicó.

• Jorge Valerga Aráoz va más allá y opina que lo votado en el Senado «no fue una derogación, porque cambiaron la figura de 'subversión económica' por otra, que es prácticamente igual que la anterior, para ser incorporada como nueva hipótesis delictiva. Es decir que no hay impunidad. Esta ley posterior es exactamente igual que la anterior. No se puede alegar que hay impunidad sólo porque se derogó la ley. Lo que importa es que la misma conducta nunca dejó de estar prevista como delito. Las conductas y los delitos que preveía la ley de «subversión económica» estaban comprendidos en otros delitos como administración fraudulenta y estafas», explicó.

• Desde el Senado, el salteño Marcelo López Arias defendió la derogación: «Hace cuatro años que está en discusión la derogación de la norma. Desde siempre sigo sosteniendo la derogación de la ley. El único caso en que hay un detenido es el banquero Rohm, y ese señor está preso por asociación ilícita, que es la norma más grave. No tiene que haber impunidad para nadie. Las penas pueden ser más graves que la ley de 'subversión económica'». Además recordó que en todos los casos hay otras imputaciones: «El caso de Cavallo, Mulford y compañía es promovido por los fiscales por defraudación al Estado nacional», dijo.