Lo extraordinario para el Presidente

Política

• Se enviaron ayer proyectos para tratar ya en Congreso. • Incluyen reforma a jubilación. Lo nuevo: $ 6.000 millones adicionales de los afiliados podrían pasar para el Estado. • Habrá un nuevo marco regulatorio para la estatal AySA (sugestivo: no para las prepagas). Impulsan con exención de impuestos a otra estatal: la de satélites. Buscarán aprobar designaciones en la Cancillería y en las Fuerzas Armadas.

Néstor Kirchner insiste en demostrarle al Congreso que el Poder Ejecutivo está por encima de los demás. Desde el inicio de su presidencia, cuando denostó a los bloques parlamentarios, -inclusive al oficialista-al declarar que no dialogaba con corporaciones, hasta ahora esa fue su relación con los diputados y senadores. Privilegió siempre la «relación directa con la gente» por encima de la representatividad de los legisladores. Ayer volvió a dar una muestra de esa conducta: publicó en el Boletín Oficial el decreto de Convocatoria a Sesiones Extraordinarias,horas después de que éste hubiera ingresado en Diputados y cuando los senadores no tenían aún noticias de él.

La irritación fue inmediata: desde el radicalismo que protestó en cabeza de Ernesto Sanz hasta el propio kirchnerismo que mascullaba la bronca en silencio. Sea como fuera, el Presidente consiguió que la lista de temas a debatir, incluyendo, la reforma al sistema provisional que, en realidad, seguramente el único tema que el Congreso aprobará durante febrero: será imposible que los diputados y senadores aprueben la mayoría de las leyes que Kirchner les pidió.

La convocatoria a sesiones extraordinarias rige desde ayer hasta el 28 de febrero. Dentro del listado de temas habilitados -son los únicos que se pueden debatir en ese período-el gobierno incluyó temas que no tienen resistencia en el Congreso, junto con otros que será imposible sancionar durante febrero.

  • Acuerdos

    Uno de los primeros casos es el de los acuerdos para el nombramiento de funcionarios de la Cancillería, Fuerzas Armadas, funcionarios del Mercosur y convenios y tratados internacionales. Tampoco está entre los proyectos conflictivos la ley por la que remodifica el Estatuto de la carrera del investigador, ni el que crea el programa de desarrollo de la biotecnología o el que regula los sistemas de tiempo compartido. Uno de los proyectos que será imposible sancionar durante extraordinarias es la reforma al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, cuya ley madre se derogará y, legalmente, volverá a crearse. También será problemática la ley de refinanciación de pasivos de instituciones de salud, un proceso donde los sindicatos tienen puesta la mira.

    Dentro de los pocos proyectos que serán aprobados en febrero está la creación del marco regulatorio con la empresa AySA. Esa aprobación del convenio tripartito entre el Ministerio de Planificación Federal, la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno porteño, que fija además las condiciones de operación de la empresa estatal que reemplazó a Aguas Argentinas, fue frenado en diciembre pasado. La oposición, mediante artilugios reglamentarios, consiguió postergarlo en realidad, porque se opone tanto a la inversión en servicios sanitarios como a que el manejo de la empresa y el órgano controlador queden al mismo tiempo en manos de Julio De Vido.

    El resto de los temas no fueron una novedad: el gobierno ya había anunciado que incluiría la exención impositiva para la empresa ARSAT -se bromea en el Congreso con que se la eximirá del pago de impuestos cuando aún no ha construido un solo satélite-, el registro para quienes controlan el ingreso a discos y espectáculos públicos, más conocida como la «ley de los patovicas», una modificación al Código Penal a fin de adecuar la legislación local a la convención sobre los derechos del niño, el traspaso a la Ciudad de Buenos Aires de lo que fue el centro de detención ilegal «Garage Olimpo» o la polémica modificación a la Ley de Defensa de la Competencia. Pero más allá de otros temas, la lista se cierra con un pedido de Kirchner al Congreso que complicará las sesiones no ya en febrero, sino quizás en el primer semestre del año: es el proyecto de ley por el que se modifica el Código Penal introduciendo penas especiales para las asociaciones terroristas y la financiación del terrorismo. Esa norma había sido pedida por el GAFI a la Argentina hace cuatro años. No se pudo sancionar junto con la ley que habilita el levantamiento del secreto bancario y bursátil, básicamente porque en el oficialismo no hubo acuerdo sobre qué definir como terrorismo. Mientras tanto el país estuvo a punto ser rechazado en ese organismo encargado del combate mundial contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, del que la Argentina forma parte. Quedan ahora por solucionar algunas de las incógnitas que entonces impidieron la votación como saber si las manifestaciones piqueteras son o no actos terroristas o qué hechos de la historia argentina reciente pueden incluirse en ese rubro. Créase o no, esas definiciones hicieron imposible la votación hace un año.
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