11 de abril 2002 - 00:00

Lo que dijo sobre un complot contra su gobierno

En dos escritos que hizo públicos en el último mes el ex presidente Fernando de la Rúa aludió a un posible complot en diciembre pasado contra su gobierno. Esa es la base del interrogatorio que le hará hoy el juez Oyarbide. Damos lo principal de esas declaraciones:

Para frenar la corrida se dictó el decreto de bancarización que era bien distinto del «corralito» vigente. La gente, urgida de buenos resultados y alentada a patentizar su protesta, se manifestó el 19 de diciembre pacíficamente en el cacerolazo. Pero, en el interior del país, ya había hechos graves, llamativamente instigados y coordinados por zonas y horarios. También los medios, en este caso, reflejaron ampliamente estos acontecimientos.

Como se ve, la difícil historia de esos días es materia para un gran debate. Servirá para el juicio de la historia.

El día 20 de diciembre tendría que haber sido el del cambio de gabinete y la unidad nacional. Sin embargo, acechaban los intereses de quienes todavía tienen que rendir cuentas de su acción, que provocaron con su accionar violento una de las jornadas más dolorosas que se puedan pensar. Es lo que falta investigar. Quiénes convocaron, armaron, pagaron y movilizaron a grupos violentos que generaron enfrentamientos con el luctuoso saldo conocido.


•Convocatoria

El ex presidente dio su último mensaje, convocando al justicialismo, a las 16.10. Después de las 16.30 se producen desmanes, pero la gente se retira hacia la Av. 9 de Julio. Aquí en un momento dado, sin que pueda precisarse quién lo impulsa y cómo se desenvuelve, se producen los hechos fatales. Es un espacio abierto y no hay razón que lo explique. Esta es la tragedia que se debe dilucidar. Hay una causa abierta. Debe requerirse copia de las actuaciones. Lo que debe quedar claro es que ni el gobierno, y ningún funcionario suyo, ordenó reprimir, y que la investigación judicial, y sobre todo la histórica, debe ahondar en las causas y el desenvolvimiento de esta circunstancia tan penosa.

Debe determinarse la responsabilidad por los excesos y cómo se produjeron, así como también quién trajo a los grupos violentos para acelerar el desenlace institucional.


Pasamos por alto el tono de injuria gratuita que asumen parte de los escritos de denuncia. Los denunciantes aun se hacen eco de la diatriba y la difamación, de esos que buscaban el menoscabo a través de la mofa o generar odios a partir de la mentira para vender aun a costa de dividir a los argentinos.

Es increíble que todavía haya quienes siguen obnubilados por las deformaciones de la mentira y el engaño, por la invención y el chisme, incapaces de percibir la realidad tal como ha sido, y tal como es. Seguro tenemos que contribuir con el silencio o la prudencia frente a las complejas horas que vive el país, y eso mismo aconsejaba dejar para tiempos más calmos el planteamiento de estas cuestiones. Sólo con la visión serena que da la perspectiva del tiempo las cosas se comprenderán mejor, se percibirá el sacudón institucional con sus cómplices de adentro y de afuera.


Será preciso convocar a declarar a todos los que ocuparon funciones de gobierno para que expongan sobre la realidad de los procesos y las decisiones, las situaciones y las políticas, los conflictos y las coincidencias, para contar con la base objetiva que permita formular un juicio sobre los hechos reales y no sobre la mentira, el rumor o la versión.

(Declaración de descargo ante el Comité de Etica de la UCR.)


Se llevó a cabo la primera etapa de canje de la deuda, con importantes ahorros para 2002-2003. El día que se concretaba sectores interesados alentaron una corrida de depositantes que hizo necesario dictar el decreto de bancarización. Esto originó proyectos parlamentarios en contra y reclamos gremiales. Pero había que avanzar. Estaba firmemente decidido a mantener la estabilidad monetaria, la paridad cambiaria y la convertibilidad, y evitar el default. Eran enormes los riesgos de apartarse de ese camino.


Sin embargo, otros querían lo contrario. Querían el poder. Muchos justicialistas y radicales de Buenos Aires planteaban un cambio de gobierno y el gobernador de la provincia quería alejarse de su cargo. Una extendida situación de violencia empezó a manifestarse en muchas provincias. Ante la gravedad de los hechos y el reclamo general, el 19 de diciembre decreté el estado de sitio.

La investigación que lleva adelante este Tribunal tiene gran importancia, además de su fin específico, para determinar la verdad histórica. Es fundamental saber quiénes incurrieron en excesos, dispararon ocasionando muertes o armaron a los responsables. Hay múltiples reclamos de averiguar si se movilizó a grupos violentos por objetivos políticos. Es importante saber quiénes hayan actuado al margen de la ley sin que pueda reprocharse a toda la fuerza de seguridad o a todos los manifestantes.

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