Lo que puede mejorarse del plan

No debería asustar que dos funcionarios serios, como Horacio Rosatti y Alberto Iribarne, admitan que varios proyectos del megaplan de Justicia y Seguridad deben ser revisados. Lo cual no significa que se intente una nueva reforma. Son correcciones.

Debería ser una obligación del gobierno «pasar por el peine fino» buena parte de este plan que fue presentado por el ex ministro Gustavo Béliz, como respuesta a la contundente marcha de Juan Carlos Blumberg.

En esta materia, el gobierno ha sido desaprobado. Los índices de violencia siguen altos y se repiten los casos de secuestros extorsivos y asaltos violentos. Algo de ello, fue materia de análisis ayer en una reunión que Kirchner tuvo con Iribarne y el jefe de la Federal, Jorge Valleca.

Es que en su ambición y apresuramiento, Béliz no tuvo en cuenta que algunos proyectos -además de controvertidos- son de difícil aplicación en la realidad.

Aun así, la administración Kirchner -siempre preocupada por lo mediático y por el anuncio de una marcha de Blumberg- envió a su vocero, Miguel Núñez, a aclarar algo que no debería haber aclarado porque es una obviedad.

Veamos algunas cuestiones que hoy son materia de análisis de este Plan Estratégico de Justicia y Seguridad.

• El Congreso tiene en tratamiento once proyectos de ley que están incluidos en este plan. De ese número, sólo dos fueron aprobados, el resto está en análisis.

• Unificación del fuero nacional y federal: se presentó como un proyecto que licuaría el poder de los jueces federales. Pero la pretensión política de Béliz tiene su contraste en la realidad: no mejora la administración de justicia y, además, su constitucionalidades cuestionada. Hastael Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) -afín al gobierno- lo rechazó porque entendió que obstaculiza el traspaso de la Justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires. Además, la iniciativa resulta inadecuada para resolver el conflicto de legitimidad de la Justicia federal porteña. Esto es lo que discuten ahora los legisladores. Temen aprobar una ley de unificación de fueros que luego sería declarada inconstitucional en la Justicia. Sería un papelón.
 
• Fiscalías barriales: fue aprobado en ambas cámaras y, en una segunda revisión, está destinado a estudio de Diputados. Los fiscales federales la resisten porque se demostró en la práctica que no ayuda a reducir el delito. Tampoco es del agrado el nuevo procurador de la Nación, Esteban Righi. El jefe de los fiscales cree que es más operativo y eficaz nombrar fiscales por barrio. Además, el funcionamiento de estas fiscalías está atado al traspaso (o no) de la Justicia y la Policía a la órbita del gobierno de Aníbal Ibarra. Fue un « invento» y capricho de Béliz porque Quantín y Campagnoli manejaban las fiscalías de Saavedra y Núñez, donde se lo introdujo como «prueba piloto».

• Implementación del juicio por jurados: en estudio en Asuntos Constitucionales del Senado. Se hizo un seminario para analizar su implementación. Es novedoso e interesante, pero su aplicación es demasiado onerosa para un país en default. Además, en Estados Unidos y Gran Bretaña -donde el sistema es tradicional- perdió vigencia. El caso O.J. Simpson es una muestra de lo dificultoso que puede ser su implementación en un país que no tiene la herencia y la cultura del Common Law.

• FBI criollo: la idea de formar una central de investigaciones es sólo eso: una idea. Teniendo a la SIDE y a la Federal es un desgaste de recursos. Habría que disolver a ambas fuerzas para conformarlo. Además, un «bureau» de estas características es una decisión política. Este proyecto de ley todavía no fue enviado al Congreso.

• Modificaciones al Consejo de la Magistratura: en estudio en Asuntos Constitucionales del Senado. Los legisladores lo resisten porque disminuye su participación en ese cuerpo colegiado.

• Reducir la edad de imputabilidad de menores y la aplicación de un régimen penal especial para menores de entre 14 y 18 años: es una discusión que ya lleva cuatro años y excede a este plan. En el Congreso existen, por los menos, cuatro proyectos para bajar la edad de imputabilidad y nunca hubo acuerdo para aprobarlos, pese a que fueron puestos en discusión cuando los asaltos y secuestros extorsivos estaban en su mayor pico.

• Derivación a los juzgados provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires de las causas vinculadas a delitos menores relacionados con drogas: tiene dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado. Por las dudas, el ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanian, tiene en borrador un proyecto de ley para desfederalizar este delito.

• Creación de un programa nacional de protección de testigos: ya tiene dictamen favorable de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.

Se aprobaron (antes del anuncio del plan) las modificaciones al Código Penal que incrementan penas en los delitos con armas de fuego y tenencia y portación de armamento.

También fueron aprobadas las leyes para controlar la venta de celulares como una iniciativa para prevenir secuestros y la ley de abigeato.