"Los delegados del Gobierno insistieron en que bajemos las jubilaciones"

El gobernador de Córdoba, José Manuel de La Sota.

Como se preveía, fracasó la mediación entre el gobierno cordobés y funcionarios nacionales ante la Corte Suprema, por la deuda previsional de $ 1.040 millones que exige la provincia a la Casa Rosada. Al término de la reunión, el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, reveló que la posición de la Nación fue reiterar la necesidad de "armonizar" el sistema jubilatorio provincial para que se liberen los fondos. "Los delegados del Gobierno nacional insistieron que le bajemos las jubilaciones a los cordobeses, y que abandonamos el 82% móvil y no lo vamos a hacer. Nos pidieron armonizar el sistema, nos dijeron que las provincias son autónomas, y que nos pagarían si hacemos eso", advirtió.

El mandatario explicó que se llegó a esta instancia porque "los cordobeses queremos resolver los problemas que nos tienen a mal traer con la ANSeS" y señaló que buscan "cobrar" lo que dicen que se adeuda. "No pedimos un auxilio económico, ni ayuda", aseveró en conferencia de prensa, que no contó con el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, ni los representantes del Gobierno.

De la Sota aclaró que por iniciar este reclamo ante la Justicia "no somos destituyentes, ni conspirados" y remarcó que desde su provincia se quiere que "al país cada vez le vaya mejor, y que los argentinos vivan cada vez un poquito mejor".

Sin embargo, destacó que "lo que tiene que hacer un gobernador es pelear por los intereses de su provincia" y consideró "si queremos construir una Patria grande, tenemos que tener provincias fuertes".

"Estamos dispuestos a hablar de plazos, a recibir distintitos tipos de pagos, para lograr que le paguen, Córdoba es una provincia amiga, que se siente orgullosa de integrar la Argentina", expresó.

De todos modos, consideró que "no es tarde" todavía para llegar a un punto en común con la Casa Rosada y el envió un mensaje a la presidenta Cristina Kirchner: "Nosotros no somos destituyentes, no somos conspiradores (...) Nosotros solamente queremos cobrar lo que nos deben".

"Soy el gobernador de Córdoba y tengo que defender mi provincia", enfatizó De la Sota, que acusó a los representantes de la Nación se ensayar durante la reunión "una larga perorata" en la que repitieron "un libreto que está publicado en un medio oficialista en el día de hoy".

"La posición del Gobierno es la misma que salió en el spot publicitario en Fútbol para Todos", remarcó el gobernador, quien insistió en la necesidad de "llegar a un acuerdo en donde nadie se perjudique".

Antes del inicio de la audiencia, el ministro de Trabajo de Córdoba, Omar Dragún, dijo que confiaba en que la Corte Suprema de Justicia "reconozca la deuda que la Nación tiene con la provincia, producto de un acuerdo arribado en este mismo ámbito" (judicial).

"Estamos convencidos de la justicia del reclamo de Córdoba", dijo el funcionario cordobés en declaraciones al arribar a Tribunales, y agregó: "Creemos en la justicia, somos conscientes y respetamos que la ley en la Argentina debe imperar".

Por el lado de la Nación se presentaron el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y el director ejecutivo de la ANSES, Diego Bossio. El caso fue caratulado por el Tribunal como "Córdoba, provincia de c/ Estado Nacional s/cumplimiento de convenio y cobro de sumas de dinero (C.930/12)".

El Gobierno nacional argumentó que Córdoba no cumplió en su totalidad el Convenio para la Armonización y el Financiamiento del Sistema Previsional para 2010 y 2011, firmado en la anterior conciliación ante la Corte entre los entonces gobernador Juan Schiaretti y exministro de Economía, Amado Boudou, a fines de 2009.

Además del reclamo por la deuda previsional, la Legislatura cordobesa aprobó días atrás una ley impulsada por De la Sota por la cual la provincia abandona el pacto fiscal de 1992, que establece que la Nación retiene el 15% de la coparticipación a todas las provincias para compensar a la Anses.

Asimismo, el gobierno nacional informó que esa jurisdicción fue beneficiada en los últimos años por una transferencia de recursos de más de 132 mil millones de pesos, más que el total de lo gastado por las administraciones de José Manuel De la Sota entre 2003 y 2007 y Juan Schiaretti entre 2007 y 2011.