Luego de objeciones, postergan la firma del dictamen de la reforma al Ministerio Público

Foto Ignacio Petunchi.

La iniciativa, que fue impulsada por Cambiemos y acompañada por un sector reducido del PJ-FPV encabezado por Miguel Pichetto, no tendrá dictamen esta semana debido a que la catarata de críticas que recibió obligará al Senado a realizar algunos cambios, entre ellos, mantener la mayoría agravada de dos tercios para aprobar la remoción del procurador general.

Es que el nuevo mecanismo de remoción que propone el proyecto para los titulares del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa, la duración de sus mandatos y la eliminación de procuradurías especiales surgieron como los puntos más conflictivos de la reforma durante este primer tramo del debate, que se desarrolla en la Comisión de Justicia del Senado.

Garavano fue el primer expositor de la jornada y defendió la reducción del mandato del procurador actualmente vitalicio a cinco años (con una posible reelección por otros dos años) y el establecimiento de una mayoría absoluta para su nombramiento o remoción, en lugar de los dos tercios que se requieren actualmente.

"La experiencia nacional e internacional genera fuerte consenso sobre la necesidad de que el procurador tenga un plazo", afirmó el ministro y agregó: "Al haber un período más corto, de cinco o siete años, se requiere de mayorías más ágiles" para su designación en el Congreso.

Respecto del mecanismo de remoción que propone el proyecto, que reemplaza el juicio político (cuya aprobación requiere dos tercios) por una decisión del Poder Ejecutivo o de la Cámara de Diputados con acuerdo del Senado por mayoría de la mitad más uno, Garavano señaló que "sólo la Constitución puede disponer el juicio político y no una ley".

Los senadores del PJ-FPV Anabel Fernández Sagasti y Mario Pais, entre otros, preguntaron al ministro cuál sería el mecanismo para que el Poder Ejecutivo pida al Congreso la remoción del procurador, algo que en el proyecto no está especificado, ante lo cual el funcionario señaló que se definiría cuando, una vez aprobada la ley, el Gobierno deba reglamentarla.

La respuesta no cayó bien entre los senadores, quienes también cuestionaron la eliminación de procuradurías especiales, que el procurador general sea suspendido apenas el Poder Ejecutivo pide su remoción al Congreso y la revisión de los fiscales nombrados a partir de 2013 por la actual titular del Ministerio Público Fiscal, Alejandra Gils Carbó.

En tanto, los fiscales federales Carlos Rívolo y Raúl Plee, así como la defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, coincidieron en señalar que la remoción del procurador general podría ser sin juicio político pero no con una mayoría simple (la mitad más uno de los presentes) ni absoluta (mitad más uno del pleno), sino con dos tercios.

En ese contexto, incluso hubo un cruce entre Pichetto y el vicepresidente del bloque PJ-FPV, José Mayans, que también criticó el cambio en el sistema de remoción frente a lo cual el jefe de la bancada respondió: "Podemos evaluar el tema de la remoción para darle estabilidad, pero la verdad es que los dos tercios son para la Corte Suprema".

Frente a las críticas, fuentes del bloque de Cambiemos y del sector de Pichetto aseguraron a NA que aceptarán modificar el proyecto en ese aspecto, a fin de que la designación sea por mayoría absoluta pero la remoción requiera reunir el voto de los dos tercios de cada Cámara.

Cambiemos también debió ceder en cuanto a la eliminación de las procuradurías especiales. La referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida y la presidenta Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, Lita Boitano, leyeron ante la Comisión de Justicia del Senado un documento en el que expresaron su "profundo rechazo" a la iniciativa.

En este sentido, advirtieron que el proyecto dejaba "a total discreción del procurador general de la Nación la continuidad o no de áreas fuertemente vinculadas a la protección y tutela de los derechos humanos y la persecución de los crímenes de lesa humanidad".

Se refirieron así a la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad que actualmente funciona en el Ministerio Público Fiscal: el senador de Cambiemos Ernesto Martínez señaló, luego de esa crítica, que el oficialismo va a "proponer que quede expresado en el proyecto" la continuidad de esa dependencia.

Otro punto conflictivo fue el período de duración del mandato del procurador, que el proyecto de ley establece en cinco años con la posibilidad de una única reelección por otros dos años.

El fiscal Rívolo propuso que el mandato fuera de tres años, renovable por otros tres años, mientras que la abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales, Paula Litvachky, propuso que fueran cinco años renovables por cinco más, o siete sin renovación.

De todas formas, se desconoce aún si ese cambio será aceptado por el Senado, que ya convocó a la Comisión de Justicia para continuar con el debate el próximo martes.