El Gobierno porteño recusó ayer a la jueza Elena Liberatori por considerar que «no actuó con imparcialidad y objetividad» en el fallo que emitió el miércoles, ordenándole a Mauricio Macri la reincorporación de 2.300 empleados cuyos contratos vencieron el 31 de diciembre pasado.
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Macri está molesto con la magistrada, al punto que su indignación por el fallo en su contra le jugó una mala pasada, cuando ayer dijo, ante micrófonos radiales, que a la jueza la llama por su apellido de casada «para que el marido también sepa lo que hace».
Al margen de que un séquito de féminas lo criticara en su propio entorno, el jefe porteño se ha declarado en rebeldía, luego de que un fallo ordenó la reincorporación de 2.300 empleados públicos, cuyos contratos quedaron cesantes en enero.
El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, pidió hoy «paciencia» a esos trabajadores hasta que el Gobierno sea «notificado» de la resolución judicial, y reiteró que por ahora «no tienen tareas que realizar» porque «antes tampoco realizaban ninguna tarea» (ver nota vinculada).
«Estamos tratando de entender cómo vamos a reincorporar gente que nunca vino a trabajar en los 20 días que compartimos», dijo esta tarde el jefe de Gobierno de la Ciudad en un acto en el barrio de Villa Urquiza.
El Gobierno porteño recusó a la jueza Liberatori y apeló el fallo dictado por la magistrada, mientras mantiene el amague de llevarla a un jury de enjuiciamiento, para lo cual algunos legisladores porteños están reuniendo antecedentesde quejas contra ella ante el Consejo de la Magistratura local.
Macri insistió ayer en que seguirá adelante con las medidas que considera apuntan a dar eficiencia a su gestión.
Abuso de poder
«Tenemos que terminar con estos intereses extraños que quieren entorpecer que la plata vaya a la inversión», dijo el jefe de Gobierno, que considera que la magistrada comete «abuso de poder» al querer imponerle que reincorpore a los contratados.
En el escrito presentado por el procurador Pablo Tonelli, el macrismo fundamentó el pedido de recusación en supuestos vínculos de la jueza con gremialistas.
El documento además habla de «relación de amistad» entre Liberatori y dirigentes sindicales, y acusa a la jueza de «extralimitarse en sus acciones» porque «ha resuelto cosas que no puede resolver, que sólo puede resolver el poder político».
Según el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, Liberatori «se quiere sentar en la oficina de Mauricio Macri» y denunció que la jueza «quiere tomar decisiones que no le corresponden». El funcionario, además, insistió ayer con que los cesanteados no cumplían tareas necesarias en la administración.
También el titular de la bancada PRO, Oscar Moscariello, se quejó de que «la jueza está queriendo gobernar y eso es una invasión del Poder Judicial al Poder Ejecutivo».
Ese es el clima que se vive en el Gobierno porteño a partir de los tres fallos adversos firmados por Liberatori que le trabaron a Macri la intervención de la obra social de empleados municipales y ahora la purga en el plantel de contratados, que supera los 20 mil empleados.
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