Mauricio Macri, acompañado de su ministro de Ambiente y Espacio Público, Pablo Piccardo
-denunciado ayer por el kirchnerismo-, presentó por la mañana otra imputación contra
empleados municipales.
La realización de una cámara oculta -producción cotidiana del gobierno de Mauricio Macri- y otros ardides sirvieron al Gobierno porteño para denunciar ayer la presunta organización de empleados municipales que hacían trabajos de pavimentación a privados con materiales de la Ciudad. Es decir, al parecer, tendrían una suerte de «empresita» que realizaba trabajos por su cuenta que, según Macri, provocó la pérdida de $ 50 millones de las arcas capitalinas. El jefe porteño desplazó a dos funcionarios del área, según reveló ayer, cuando hizo la denuncia junto al ministro de Espacio Público, Juan Pablo Piccardo. Ese funcionario también había pedido, el martes, una investigación por supuestas irregularidades en su área en relación con una denuncia del ibarrismo, pero ayer el kirchnerismo presentó una demanda penal contra él por ese tema.
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«Acá se acabó la joda del robo sistemático», sostuvo Macri, luego de presentar el informe sobre lo que consideró un «grave hecho de corrupción» y anunció la separación de sus cargos de «Santiago Verdonomi y Rubén López», del Ente de Mantenimiento Urbano Integral (EMUI), que es el área de trabajos que no está privatizada y en la cual se desempeñan empleados municipales. Verdonomi era el director del Ente y López el titular del sector que dirigía a las cuadrillas.
«Nosotros terminábamos pagando los costos que ellos generaban», se quejó el mandatario porteño.
Las cámaras ocultas, que se planifican en su mayoría en el área de Comunicación Social, ya hicieron lo suyo para colaborar en denuncias de Macri. En casi todas las dependencias porteñas los empleados municipales conocen que se urden esos mecanismos y suelen estar atentos a ser filmados. En este caso, seguramente no había corrido el rumor, por eso un actor de la administración macrista aparentemente simuló querer contratar un trabajo para su casa en la provincia de Buenos Aires y los empleados no dudaron en pasarle precio.
«Es una asociación paralela que cobraba por pavimentar depósitos privados», denunció Macri, quien sostuvo que en esta maniobra «ha habido complicidad del sistema político». Apuntó a la administración de Aníbal Ibarra, quien salió a replicar que «es muy bueno que Macri combata la corrupción, pero está ocultando que los camiones no tienen control porque él dejó de pagar el sistema GPS que los monitoreaba. Oculta ademásque quiere privatizar el servicio».
La presentación señala reparaciones en playones de la empresa Depósitos Fiscales, una firma que ofrece «soluciones logísticas, almacenamiento y transporte de mercaderías en el ámbito local e internacional». También la película mostró la reparación de pavimento en un depósito ubicado en la calle Bragado 7258, en cuya dirección «constituyen domicilio Graciela Ruiz Díaz y la empresa Siepa SA, dedicada a la intermediación de carne». El servicio, según la denuncia, se cobraba $ 170 por tonelada de asfalto volcado y pavimentado, unos $ 2.000 por vereda. El Gobierno porteño radicó una denuncia penal, por lo que calificó un delito de defraudación y estafa contra el Estado. «La Ciudad paga los sueldos y al que no le alcance, lo lamentamos mucho, tendrá que buscar otra alternativa, nosotros pagamos lo que podemos según nuestro presupuesto», indicó Macri.
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